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» Diariopinion
Fecha: 11/10/2024 00:21
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el procurador del Tesoro Rodolfo Barra,, presentaron este jueves una acción de habeas corpus preventivo ante la Justicia Federal en respuesta a la orden de captura internacional emitida por el gobierno de Nicolás Maduro contra el Presidente Javier Milei y otros miembros del gabinete libertario, desde Karina Milei hasta Patricia Bullrich, incluyendo asimismo a funcionarios del Poder Judicial y diputados nacionales. Ambos funcionarios radicaron la presentación en los tribunales federales de Retiro y el pedido quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales. Esta solicitud fue impulsada desde la administración libertaria ante lo que calificaron como "una amenaza actual, inminente y cierta" a la libertad del Presidente y sus funcionarios a raíz del anuncio del régimen de Maduro de reclamar esas capturas por lo que ocurrió en Argentina con un avión venezolano de cargas de la empresa Emtrasur, demorado en el país junto a su tripulación por el trámite de una causa judicial en el gobierno de Alberto Fernández. El Gobierno argentino entendió en la presentación que las órdenes libradas contra los funcionarios tienen "fines políticos" porque ellos no intervinieron de ninguna manera en el trámite judicial cuestionado, y por eso pidieron a Ercolini que haga lugar al habeas corpus que permita notificar a la OEA y a Interpol la postura de la Justicia argentina. "Las acusaciones, basadas en falsedades y carentes de sustento, evidencian un intento de intimidación por parte de un sistema judicial sin independencia y al servicio de una dictadura", subrayaron desde el Ministerio de Justicia. Los funcionarios incluidos en la "lista negra" de Nicolás Maduro La orden de captura en cuestión recae no solo sobre la figura del mandatario nacional, sino que alcanza a varios funcionarios, tal como se detalla en la presentación judicial. Entre ellos cabe mencionar a Patricia Bullrich, Karina Milei, miembros del Poder Judicial de la Nación (Federico Villena, Carlos Vallefin, Roberto Lemos Arias, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens); del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Carlos Stornelli, Diego Iglesias, José Luis Agüero Iturbe y Cecilia Incardona) y otros funcionarios públicos del Poder Legislativo Nacional (Ricardo López Murphy, Gerardo Milman), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Waldo Wolff y Yamil Santoro), así como particulares (María Eugenia Talerico, Franco Rinaldi y Leonardo Camicher). Desde la cartera conducida por Mariano Cúneo Libarona, definieron la maniobra del líder chavista como un "ataque arbitrario, motivado por razones exclusivamente políticas", lo cual implicaría "una amenaza directa a la libertad personal de los funcionarios argentinos, violando gravemente los derechos protegidos por la Constitución Nacional y los acuerdos internacionales de derechos humanos a los que Argentina está suscripta". "Desde este Gobierno, no permitiremos que ninguna dictadura extranjera atente contra la libertad de nuestros compatriotas. La protección de la libertad y los derechos de los argentinos es innegociable, y no cederemos ante presiones autoritarias", puntualizaron en Justicia. "El riesgo de libertad ambulatoria" para los funcionarios "se vincula directamente con el trabajo público que desempeñan como representantes del Estado nacional", por eso "afecta el ejercicio de su mandato" al dejarlos expuestos "en forma injusta y arbitraria a un riesgo de privación de la libertad", advirtió el escrito.
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