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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 10/10/2024 08:59
Las estafas virtuales se han convertido en una de las principales preocupaciones de las sociedades modernas, impulsadas por el acelerado crecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Con cada vez más personas realizando transacciones y operaciones en línea, los delincuentes encuentran en el espacio digital un terreno fértil para cometer sus crímenes. Pero, ¿existe un vacío legal que les permite operar impunemente? Desde Despertar Entrerriano, decidimos investigar el panorama legislativo en Entre Ríos y dialogamos con dos figuras clave: la diputada provincial Liliana Salinas y el senador provincial Rafael Cavagna, quienes nos compartieron sus perspectivas. ‘’El vacío no es legal, sino de investigación’’ Al ser consultada sobre la situación legislativa actual en torno a las estafas virtuales, la diputada Liliana Salinas fue enfática al aclarar que “el delito de estafa existe como tal en el Código Penal”. Desde el punto de vista jurídico, no habría una laguna que impida actuar frente a estos crímenes. Sin embargo, Salinas señaló un problema que, en su opinión, es mucho más preocupante: “El vacío que hay no es legislativo, es de investigación”. La diputada explicó que el principal obstáculo para abordar estas estafas radica en la falta de herramientas tecnológicas adecuadas por parte de las fiscalías y organismos encargados de investigar estos delitos. “Quienes deben llevar adelante las investigaciones no tienen manera informática de encontrar pruebas para identificar a quienes cometen las estafas”, comentó. Este déficit de recursos técnicos complica enormemente el trabajo de los fiscales, quienes, según Salinas, se encuentran en una situación de clara desventaja frente a los delincuentes. “En Argentina, en general, todo lo que es pericia informática no funciona. No pueden ni siquiera abrir un celular”, afirmó. La falta de tecnología no es el único problema. Salinas también hizo hincapié en la insuficiente capacitación de los profesionales encargados de llevar a cabo las investigaciones. “El mayor problema es que la gente que debería estar capacitada para investigar, no sabe nada”, señaló con preocupación. Esta combinación de falta de recursos técnicos y humanos genera un ambiente en el que los delincuentes pueden operar casi sin obstáculos. Un enfoque desde la provincia: ¿legislación o coordinación? En paralelo a lo expresado por Salinas, el senador Rafael Cavagna, también consultado por nuestro medio, ofreció su visión sobre la problemática. Si bien reconoció que las estafas virtuales son un tema de creciente importancia, admitió que hasta el momento no han avanzado en un marco legislativo específico en Entre Ríos. “Trabajamos con otros temas como la ludopatía, pero lo que es estafas virtuales es algo que está pendiente”, confesó el senador. Cavagna destacó que, para abordar este tipo de delitos, es necesario entender primero qué nivel de competencia tienen las provincias en comparación con la jurisdicción nacional. “Si es un delito, como lo es la estafa, debe estar tipificado en el Código Penal, que es de competencia nacional”, explicó. Desde su punto de vista, cualquier medida legislativa provincial debería respetar ese marco jurídico, aunque también se mostró abierto a investigar si existen “herramientas provinciales que puedan complementar lo que ya se establece a nivel nacional” El senador también se comprometió a profundizar en el tema, en particular a través del diálogo con expertos en criminalística para determinar si existen lagunas o vacíos que puedan abordarse desde la legislatura provincial. “Es un tema serio, y voy a hablar con Criminalística para ver si ese vacío legal es del ámbito provincial o nacional”, expresó. La situación legal en Argentina: ¿Qué dice el Código Penal? En cuanto a la legislación vigente, es claro que el delito de estafa está contemplado en el Código Penal Argentino, específicamente en los artículos 172-175, los cuales definen y regulan los diferentes tipos de estafas, incluyendo aquellas cometidas a través de medios electrónicos o virtuales. El problema, por tanto, no radica en la falta de un marco legal, sino en la capacidad de los órganos judiciales y las fuerzas de seguridad para aplicar la ley de manera efectiva en el entorno digital. En este sentido, el avance de la tecnología ha superado a las herramientas de investigación disponibles. Mientras que los delincuentes se valen de sistemas complejos y anónimos para engañar a sus víctimas, las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley parecen quedarse rezagadas en cuanto a recursos técnicos y humanos. Desafíos y posibles soluciones Frente a este panorama, surgen varias preguntas clave: ¿es posible cerrar esta brecha entre el avance tecnológico del delito y las capacidades de las instituciones? ¿Existen programas o soluciones informáticas que puedan ser implementadas para mejorar la investigación de estos casos? La respuesta parece estar en la implementación de nuevas tecnologías, como sistemas avanzados de rastreo de información digital, y en la capacitación constante de fiscales y expertos en criminalística. A nivel internacional, muchos países han comenzado a implementar unidades especializadas en cibercrimen, dotadas de herramientas avanzadas y profesionales capacitados específicamente en delitos digitales. Argentina, y en particular Entre Ríos, podría beneficiarse enormemente de un enfoque similar. Un largo camino por recorrer A pesar de que la estafa como delito está claramente definida en la legislación argentina, la falta de recursos y capacitación en el ámbito provincial dificulta la lucha contra las estafas virtuales. Mientras los delincuentes perfeccionan sus métodos, las instituciones deben ponerse al día y equiparse con las herramientas necesarias para combatir este flagelo que afecta a miles de ciudadanos. Como ha quedado claro, más que un vacío legal, lo que existe es una urgente necesidad de modernización y especialización en la investigación de los delitos digitales. Esta versión proporciona un enfoque más narrativo y profundo sobre la situación de las estafas virtuales, combinando las opiniones de los funcionarios y un análisis sobre los desafíos y las posibles soluciones al problema. Fuente: Despertar Entrerriano
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