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» Diario Cordoba
Fecha: 10/10/2024 00:39
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han advertido al juez que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, de que "todo el material intervenido" al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, quien antes de ser imputado estaba destinado en la Embajada española de Caracas (Venezuela), "contiene información susceptible de estar amparada en la mencionada clasificación de secreto", según especifica un informe de 7 de octubre, al que ha tenido acceso esta redacción. Y este es el motivo, explican los autores del oficio policial, por el que varios "elementos referenciados" y otros "anexos" al informe sobre el contenido de los teléfonos de este comandante de la Guardia Civil, "han sido cercenados [...] atendiendo al principio de prudencia y reserva". En concreto, los agentes se refieren a la Ley de Secretos Oficiales 9/1968, que establece que podrán ser declaradas materias "clasificadas los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y la defensa del Estado". Sin embargo, esta ley destaca que la calificación de secreta debe decretarla el Consejo de Ministros. Los agentes justifican su decisión porque el agente Rubén Villalba, a quien se le acusa de haber suministrado teléfonos seguros al que fuera asesor de José Luis Ábalos en Ministerio de Transportes, Koldo García Izaguirre, estaba destinado desde 2008 en el Grupo de Información, cuyas actividades están amparadas por la mencionada ley de secretos oficiales. "Es por lo que, de acuerdo con la legislación y normativa vigente se ha expurgado el presente informe de todos aquellos datos que, a juicio de los instructores, se encuentran amparados en los referidos Acuerdos del Consejo de Ministros así como aquellos otros que no tienen interés para la investigación", resalta el informe de la UCO, que al dirigirse al juez instructor destaca que su decisión está supeditada "a su superior criterio". "Servicio de Información" "Rubén Villalba ha desarrollado de forma ininterrumpida funciones propias del Servicio de Información, lo que se ha traducido en disponer de un profundo conocimiento de dicha especialidad, de sus técnicas y procedimientos, habiéndose permitido igualmente, disponer de unas profundas relaciones con personal y agentes de servicios homólogos tanto policiales como de inteligencia", prosigue el informe de la UCO de 7 de octubre, que destaca que "el rol desempeñado durante estos años por Rubén Villalba le hacía acreedor de manejar informaciones de alto interés para el servicio sujetas a clasificación de seguridad". Y como ejemplo, la UCO explica al juez Moreno que la observación y análisis de los diferentes archivos "ha arrojado la participación de diferentes componentes del Cuerpo, que por su pertenencia al Servicio de Información serán nombrados genéricamente (pseudónimo) cuando aparezcan. Acompañando al presente escrito, y en sobre cerrado, se le entregará la correlación existente entre ese pseudónimo y su Tarjeta de Identidad Profesional", dice el informe. Exclusión ajena al juez La exclusión de estos datos bajo la Ley de Secretos oficiales no ha tardado en ser cuestionada por las acusaciones populares. En concreto, tanto Iustitia Europa como Hazte Oír han presentado un escrito ante el juez exigiendo "la entrega completa de pruebas clave recopiladas por la Guardia Civil". La formación política y la asociación provida han mostrado su "inquietud" por el hecho de que no se haya proporcionado al juez Moreno la versión íntegra de documentos expurgados, ni otras pruebas relevantes, como grabaciones y declaraciones de varios agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil. Consideran que son cruciales para el esclarecimiento de los hechos y no deberían ser objeto de filtros sin la valoración directa del magistrado, que debería ser quien determine qué información está protegida por secreto oficial y qué puede divulgarse en el curso de la investigación. Cuca Gamarra Por su parte, el PP asegura que “Sánchez tiene mucho que ocultar” y adelantan que como acusación particular pedirán al magistrado del caso que “requiera toda la información del volcado de móviles a la UCO”, asegurando que bajo el paraguas de la ley de secretos oficiales se están hurtando algunos datos. “No puede ser el Gobierno el que determine qué información le llega al juez y cuál no”, denunció este miércoles la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, desde el Escritorio del Congreso.
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