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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 09/10/2024 14:58
El certificado OSRO asegura que, ante un eventual derrame de hidrocarburos u otras sustancias peligrosas, exista una respuesta rápida y eficiente para contener el impacto ambiental (Foto: Shutterstock) La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Economía establece una nueva normativa que determina que todos los buques y convoyes de barcazas que transiten la Vía Navegable Troncal deben contar con un Certificado de Cobertura OSRO (Oil Spill Response Organization). El certificado, que pasa a ser obligatorio tras la publicación de la Disposición 23/2024, debe ser emitido por una empresa nacional habilitada por la Prefectura Naval Argentina y busca reforzar la protección del medio ambiente acuático y mitigar los riesgos de derrames de hidrocarburos. La medida afecta directamente a los actores involucrados en la logística de exportación e importación, dado que la Vía Navegable Troncal conecta a diversas provincias con los puertos de salida al mundo. Según la disposición, en caso de que una embarcación no cuente con el certificado requerido, la Administración General de Puertos (AGP) deberá gestionarlo por cuenta y orden del usuario, aplicando un recargo de hasta tres veces su valor. Esto busca asegurar el cumplimiento de la normativa, al tiempo que se garantiza la protección de los ecosistemas acuáticos, fundamentales para la navegación comercial. Implicancias para la logística y el comercio exterior La Vía Navegable Troncal, que abarca desde el kilómetro 1238 del Río Paraná hasta las aguas profundas del Río de la Plata, constituye una arteria clave para el comercio exterior de Argentina. Empresas que operan en sectores como el agro, la minería y la industria automotriz utilizan esta ruta para el transporte de bienes a mercados internacionales. La exigencia del Certificado de Cobertura OSRO introduce un nuevo requisito que puede influir en los tiempos y costos operativos de las compañías logísticas, que ahora deben considerar esta regulación en sus procesos de planificación. El certificado OSRO asegura que, ante un eventual derrame de hidrocarburos u otras sustancias peligrosas, exista una respuesta rápida y eficiente para contener el impacto ambiental. De acuerdo con la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, esta medida complementa las acciones del Plan Nacional de Contingencia (PlaNaCon) y fortalece la capacidad de respuesta ante incidentes. La Prefectura Naval Argentina, autoridad en la regulación y control de la contaminación en aguas nacionales, se encarga de supervisar el cumplimiento de esta disposición, coordinando con la AGP para garantizar que todos los actores cumplan con las nuevas exigencias. Repercusión en los costos de transporte La normativa implica un costo adicional para los armadores y agentes marítimos, quienes deben gestionar el certificado OSRO para evitar recargos por parte de la AGP. Si bien la medida busca preservar la calidad del agua y la seguridad de la navegación, las empresas logísticas deberán evaluar cómo este nuevo gasto influye en la rentabilidad de sus operaciones. La AGP, como responsable del control de la certificación, tendrá la tarea de coordinar con las empresas de servicios habilitadas para emitir el certificado. La Disposición 23/2024 establece que, en caso de incumplimiento, la AGP puede contratar el servicio en nombre del usuario y cobrar hasta tres veces el valor del certificado. Esto asegura que los operadores cumplan con la normativa, evitando así que se detengan las actividades de carga y descarga en los puertos, lo que podría generar retrasos en la cadena logística. La Vía Navegable Troncal, que abarca desde el kilómetro 1238 del Río Paraná hasta las aguas profundas del Río de la Plata, constituye una arteria clave para el comercio exterior de Argentina (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian) Protección del ambiente acuático La protección del medio ambiente acuático se posiciona como un aspecto central en la regulación de la actividad portuaria y de navegación. La Disposición 23/2024 se enmarca en un contexto de normativas ambientales, como el Convenio MARPOL de 1973/1978, que Argentina adopta para prevenir la contaminación por hidrocarburos. La Prefectura Naval Argentina, con su rol en la implementación del plan de contingencia y el control de derrames, busca asegurar que las vías navegables se mantengan en condiciones óptimas para la actividad económica sin sacrificar la integridad de los ecosistemas fluviales y marítimos. El control de posibles incidentes contaminantes resulta fundamental para mantener la competitividad de la Vía Navegable Troncal como una ruta segura para el comercio exterior. Los buques y barcazas que transportan productos agrícolas, minerales y otros bienes deben cumplir con estas normativas para continuar operando sin contratiempos. Las autoridades buscan equilibrar la protección del ambiente con el desarrollo económico, garantizando un marco regulatorio que brinde previsibilidad a los actores del sector. Impacto a largo plazo en la actividad portuaria A largo plazo, la implementación de esta disposición podría modificar la dinámica de la actividad portuaria y de la logística fluvial en Argentina. La certificación OSRO, junto con otros requisitos técnicos y de seguridad, puede generar una mayor profesionalización de los servicios de transporte y una mejora en los estándares operativos de las empresas del sector. Las inversiones en tecnología y capacitación para cumplir con estas regulaciones también se perfilan como una oportunidad para fortalecer la posición de Argentina en el comercio exterior, haciendo de la Vía Navegable Troncal un corredor seguro y competitivo. La Disposición 23/2024 surge en un contexto donde la protección ambiental adquiere relevancia global y se convierte en una demanda creciente de los mercados internacionales. El compromiso con prácticas sostenibles y la adecuación a normativas ambientales son factores que influyen en la percepción de los productos argentinos en el exterior. Esta normativa, aunque presenta desafíos para la logística, también representa una oportunidad para mejorar la sostenibilidad de la cadena de valor del comercio exterior argentino.
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