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Fecha: 09/10/2024 00:20
El móvil habría sido el robo de entre 12 y 15 kilos de cocaína. Se los acusa de ingresar a una vivienda particular de barrio Azcuénaga y privar de la libertad ilegítimamente y bajo amenazas a tres adultos y dos niños. El Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo, formalizó la imputación contra ocho agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe por un allanamiento que, según la investigación, fue perpetrado de forma ilegal, con violencia y bajo amenazas el 13 de agosto último en una vivienda particular de barrio Azcuénaga, donde habrían privado de la libertad a cinco personas -entre ellos dos menores de edad-, y sustraído entre 12 y 15 ladrillos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285 mil pesos, entre otros elementos. A los ocho acusados les imputaron la coautoría de delitos que van desde la violación de domicilio, el robo agravado, la falsedad ideológica y la asociación ilícita, hasta el encubrimiento. A pedido del MPF, se ordenó la prisión preventiva por 90 días para siete de los agentes, y de 30 días para el restante. En una investigación que demandó la intervención previa de la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional, se realizaron más de una decena de allanamientos en varias ciudades de la provincia de Santa Fe, incluyendo la sede de la PAT en Rosario, dependencia policial a la que pertenecen los involucrados. Esas tareas desembocaron en la detención de los ocho agentes de la PAT el miércoles pasado. En el marco del nuevo Código Procesal Penal Federal -que rige desde mayo en el Distrito Rosario-, a las 48 horas fueron llevados a una audiencia imputativa que se realizó ante el juez de Garantías Carlos Vera Barros. En esa instancia, el fiscal Arzubi Calvo junto a los fiscales federales en ejercicio transitorio del cargo Soledad García, Andrés Montefeltro y María Virginia Sosa, les hicieron saber los hechos ilícitos investigados, especificaron evidencia disponible y requirieron medidas cautelares privativas de la libertad. En concreto, los agentes policiales se encuentran investigados por haber ingresado ilegalmente en un domicilio de calle Forest del barrio Azcuénaga, vistiendo uniforme y portando sus armas reglamentarias el 13 de agosto, cerca de las 16:30. Según la imputación, seis de los suboficiales del Grupo Alfa de la PAT, arribaron en dos móviles policiales, ingresaron de manera clandestina e ilegal a la vivienda. Con violencia y bajo amenazas redujeron y esposaron a dos varones y luego encerraron en un dormitorio a una mujer con sus dos niños. Procedimiento “absolutamente falso” De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, los policías luego realizaron una requisa minuciosa del inmueble y de los autos estacionados, pero sin testigos y sin dar aviso a ninguna autoridad del Ministerio Público Fiscal. Recién lo habrían hecho con posterioridad, y consignando datos falsos en el acta de procedimiento, donde incluyeron una persecución policial inexistente, lo que usaron como argumento para ingresar a la vivienda. Lo concreto es que recién dieron aviso de su presencia en el lugar a la Fiscalía de Flagrancia provincial a las 18.36. En esa comunicación y a los fines de justificar la presencia policial, el oficial jefe del tercio puso en conocimiento un horario de ingreso, las razones por las cuales estaban allí los móviles policiales y el motivo “absolutamente falso”, según detallaron los fiscales. Es que, según la pesquisa, el policía refirió tareas de patrullaje, episodio de persecución policial a dos masculinos, huida rauda desde la vereda hacia la vivienda, ingreso policial, aprehensión y hallazgo arriba de la mesa de todos los elementos que de manera supuestamente formal quedaron secuestrados. Según lo expuesto por el MPF, en ese mismo documento y para procurar su impunidad, los efectivos de la policía santafesina también consignaron que no había cámaras en las inmediaciones lo que resultó falso. Con motivo de ese procedimiento, se secuestraron sólo algunos efectos, entre los cuales se destaca medio kilo de cocaína, cuatro armas de fuego, una balanza y tres granadas de gas lacrimógeno. A los tres adultos aprehendidos, se les formó una causa penal en el fuero criminal provincial, que finalmente declinó su competencia y remitió las actuaciones al fuero federal. En esta jurisdicción, se formalizó una investigación en base a las circunstancias falsamente documentadas, y se les dictó a esas tres personas la prisión preventiva por 45 días. Nulidad e investigación a los policías Pero en una audiencia celebrada el 27 de septiembre, el MPF solicitó la nulidad del procedimiento por vulnerar la garantía de inviolabilidad del domicilio, requerimiento al que finalmente hizo lugar el juez de Garantías Marcelo Bailaque, que ordenó el sobreseimiento y posterior libertad de aquellos tres implicados. Además de la privación de la libertad de los tres adultos y los dos niños, como así también la violación del domicilio, el MPF sostuvo como hipótesis que el móvil de los policías habría sido la sustracción de mercadería ilícita valiosa en el lugar, puntualmente entre 12 y 15 ladrillos de un kilo de cocaína cada uno, envueltos en cinta amarilla; armas de fuego (escopetas, fusiles u armas blancas); una suma de dinero estimada en 50.500 dólares y 285 mil pesos; indumentaria; y celulares nuevos y usados propiedad de los residentes de la casa. A los policías se les reprochó, además, que tal accionar entorpeció gravemente la actuación de la justicia federal, ya que su función como auxiliares era dar aviso inmediato al MPF y resguardar el material estupefaciente, no sustraerlo simulando procedimientos policiales. En la audiencia imputativa del viernes pasado, el MPF calificó las conductas de los empleados policiales como coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada (por haber un menor de edad, por ser los autores miembros de fuerzas de seguridad, y por la participación de tres o más personas), violación de domicilio, robo agravado, falsedad ideológica, asociación ilícita y encubrimiento. A partir del requerimiento fiscal, el juez Vera Barros dispuso la prisión preventiva de los imputados.
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