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» El Ciudadano
Fecha: 08/10/2024 22:22
A cuatro años del inicio de la causa contra el legislador, un nuevo equipo de fiscales lo sindicó como jefe de una asociación ilícita y múltiples delitos que van desde tráfico de influencias hasta peculado. La jueza Eleonora Verón dispuso un cuarto intermedio hasta mañana a las 9 donde se conocerá su resolución El senador del Partido Justicialista por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, se presentó este martes a una audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal, de Sarmiento al 2800. La medida se llevó adelante en el marco de la investigación que iniciaron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra quienes tras acusar al entonces fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal junto a uno de sus subordinados, Gustavo Ponce Asahad (hoy condenado en el caso) y el empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Nelson Ugolini dijeron que el senador brindaba un paraguas de protección al empresario del juego Leonardo Peiti –ya condenado– y fueron hasta la Legislatura a pedir el desafuero de Traferri, lo que no lograron en ese momento. Tras el escándalo que se desató con el fiscal Edery, quien fue suspendido en el cargo y se encuentra en otra repartición, el senador pidió su propio desafuero parcial y desvincular a los fiscales actuantes en el caso. Ahora será el momento de ejercer su derecho de defensa donde el equipo de fiscales Marisol Fabbro, María de los Ángeles Granato y José Luis Caterina lo responsabilizan por los delitos de jefe de una asociación ilícita; partícipe primario en la organización y explotación de juego de azar ilegales sin contar con la debida autorización legal; tráfico de influencias y otro hecho igual agravado por hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del poder judicial y ante funcionarios del ministerio público de la Acusación; negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo y peculado de caudales públicos. Tras una maratónica jornada que comenzó a las 14, la jueza Eleonora Verón dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 9 donde dará a conocer su resolución. La causa que inició todo Una investigación por el crimen de Enrique Encino cometido en enero de 2020, en el casino rosarino cuando agresores en moto pasaron por el lugar y dispararon contra un balcón donde los asistentes a la casa de juego salen a fumar abrió una caja de pandora. Según los investigadores, el empresario Leonardo Peiti pasó de extorsionado a brindar datos a una banda encabezada por Maximiliano “Cachete” Díaz, vinculada a Los Monos de otras posibles víctimas de extorsión, aunque finalmente no fue parte de la acusación fiscal. Una serie de comunicaciones entre Peiti y el empleado del MPA Ugolini, donde éste último le pedía información sobre dos personas detenidas con armas –que estiman iban a cometer el ataque unos días antes contra la casa de apuestas– derivó en una pesquisa por coimas. Surgió que Peiti pagaba sumas en dólares para obtener la protección del MPA. En esa investigación quedaron vinculados Gustavo Ponce Asahad, quien ya fue condenado, su superior a cargo de los fiscales de Rosario, Serjal, y Ugolini, hoy fuera del MPA, el cuál además tiene una investigación abierta por integrar una banda dedicada a estafar con la compra venta de autos. Los fiscales pusieron la lupa en el senador al sostener que era uno de los organizadores del juego clandestino y fue el encargado de brindar una cobertura al empresario Peiti a través de sus contactos entre los funcionarios judiciales que quedaron involucrados en la investigación por coimas. En ese momento el legislador expresó que no estaban dadas las condiciones para someterse a esa medida ya que era una cuestión política en su contra. Entonces, los fiscales fueron a la legislatura a pedir su desafuero –en diciembre de 2020– y no lo lograron. Se generó una larga disputa que tuvo un punto de inflexión, la denuncia que recibió Edery por sus pares tras una serie de escuchas telefónicas con su informante Mariana Ortigala, lo que derivó en una investigación que llevan adelante dos fiscales santafesinas. En el ámbito disciplinario Edery fue suspendido en su cargo y ahora se encuentra en la unidad fiscal de homicidios culposos y siniestros viales. El interventor de la Fiscalía Regional de Rosario, Matías Merlo, tras la suspensión de su par María Eugenia Iribarren, fijó un nuevo equipo de trabajo con los fiscales Caterina, Fabbro y Granato. Si bien Schiappa Pietra siguió vinculado a la investigación lo hace en el carácter de asesor. En octubre pasado el senador pidió su desafuero únicamente para someterse a esta causa. En ese momento, su abogado Oscar Romera dijo “siempre hemos sostenido que se trata de un montaje político, y el tiempo ha demostrado que estábamos en lo cierto. Desde un principio, Traferri afirmó que se presentaría si los fiscales a cargo no eran Edery y Schiappa Pietra”. La acusación La audiencia imputativa se fijó un año y tuvo lugar este martes donde el equipo de nuevos fiscales le atribuyó ser jefe de una asociación ilícita que estaba destinada a dar cobertura al juego clandestino en la provincia y de ocultar las ganancias del mismo, asegurando a tal actividad, como así también a los miembros de su organización protección tanto política como judicial. Esto último sobre todo en materia de Justicia penal, habiendo logrado infiltrar al MPA en la ciudad de Rosario, protección que dispensó o procuró a sus miembros incluso después de que fueran detenidos”. Para la acusación, “la organización contaba con diferentes miembros que cumplían roles específicos y determinados que iban desde la gestión de juegos de azar y su recaudación (donde sobresale la figura de Leonardo Peiti), la recaudación a nivel político (a cargo del fallecido secretario legislativo de la Cámara de Senadores de Santa Fe y del propio Traferri), y la gestión de cobertura judicial, especialmente en el ámbito penal (esto, principalmente a través de Ponce Asahad, Serjal y Ugolini), como así también personas que concentraron esfuerzos para ocultar o disimular el origen del dinero y su destino (así, Darío Scataglini, José Fernández Chemes, Oscar “Popi” Larrauri y Nicolás Enjamio) entre otras personas bajo investigación; y sin perjuicio de requerir –la asociación ilícita- la colaboración de terceras personas que, sin ser miembros activos de la organización criminal, podían prestar una colaboración circunstancial (como sería el caso de la médica psiquiatra Liliana Moriconi)”, expresaron los funcionario judiciales según lo informado por voceros del MPA. En la causa se describe que esta “organización tenía una doble finalidad: la de usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal; y, en segundo lugar, la de obtener la concesión del juego online en la provincia través del sistema VLT (Virtual Lottery Terminal – terminales virtuales de lotería), objeto que se incorporaría a posteriori y que pasaría a cobrar más relevancia en la época de la pandemia por Covid-19 ante la necesidad de seguir incorporando ingresos en un contexto de pandemia. Esos objetivos, que fueron los principales, contaron con una finalidad secundaria pero necesaria que fue la de proveer a blindar esa actividad asegurando la impunidad”. Internación de Peiti y el subsidio Uno de los delitos por los que quedó acusado Traferri fue por peculado de caudales públicos en referencia a un subsidio que entregó a la Asociación Civil Palabra Mayor de Casilda. Los fiscales llegaron hasta esta organización debido a que las pruebas recolectadas determinaron que “personas vinculadas a ésta habían obrado en favor de Peiti para que obtuviera la internación en una clínica de salud mental y así evitar la prisión preventiva en una cárcel común en procura del menor daño posible a sabiendas de que podría declarar en su contra”, por Traferri. Es que la psiquiatra que firmó su internación figuraba como la presidenta de dicha asociación civil. A raíz de que el subsidio fue en septiembre de 2021, los fiscales también tomaron que la asociación ilícita finalizó luego de esto.
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