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» El litoral Corrientes
Fecha: 05/10/2024 19:45
El Registro Nacional de Datos Genéticos obtuvo recientemente aprobación definitiva como ley y extiende ese cúmulo de información útil a la investigación y resolución de crímenes diversos que, en muchos casos, resultan difíciles de probar, la Argentina ha dado un paso clave hacia la resolución de numerosas causas en las que se investigan delitos, que por falta de pruebas, han permanecido largamente impunes. La norma ya se aplica en las provincias de Mendoza, Salta y La Pampa. Solo por citar un ejemplo, en el primero de esos distritos un registro similar funciona desde 2008 y ya permitió resolver unos 4000 expedientes judiciales. La existencia del registro nacional data de 2013. Su función es facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada solamente a delitos contra la integridad sexual. Con la ampliación recientemente convertida en ley por el Senado, ese inventario incluirá también las muestras de ADN para que puedan ser usadas en todo tipo de investigación penal. Eso implica que, cada vez que haya una persona imputada de un delito, se le extraerá su perfil genético para sumarlo a esa base de datos contra la cual pueda impactar el perfil de un autor no identificado. Si se estableciese una coincidencia, se le informará al juez de la causa. Los magistrados podrán contar así con una prueba poderosísima para avanzar en las investigaciones y arribar a los correspondientes fallos. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, los legisladores kirchneristas se opusieron a este vital avance. No debería llamar la atención la negativa de ese sector y de la izquierda parlamentaria a este tipo de proyectos. Han sido y son parte fundamental del gravísimo problema de la inseguridad que vive el país. Más que argumentos, siempre han hallado una excusa para sostener su reiterada falacia de “no victimizar” a los victimarios, sin haberse ocupado nunca, como correspondía, de las verdaderas víctimas, las que, como las Madres del Dolor, siguen penando por años y años la falta de justicia para sus hijos asesinados. En esta última oportunidad, la voz cantante del bloque kirchnerista a la ampliación del registro la llevó el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén). “Hay que tener cuidado de no avanzar tres pasos para adelante y dos para atrás”, dijo al promover que solo integren el registro los condenados, no así los imputados. Y que solo se tomen los datos genéticos de las personas acusadas de haber cometido delitos graves, con penas de seis años o más de prisión. Pareciera que para Parrilli y sus compañeros de ruta política hay delitos que hay que proteger: ¿habrá pensado en algunos vinculados con la corrupción, que tienen penas menores a seis años? Afortunadamente, su propuesta quedó en minoría. La iniciativa fue aprobada con los votos de los libertarios, del radicalismo, de Pro y de los bloques del peronismo no kirchnerista, como Unidad Federal. De los 33 integrantes del bloque Unión por la Patria, 20 se abstuvieron, y los 13 restantes se ausentaron del recinto al momento de votar. En Diputados, la votaron favorablemente La Libertad Avanza, Pro, la Coalición Cívica, la UCR, Innovación Federal y Encuentro Federal. La izquierda y Unión por la Patria también la habían rechazado, salvo siete legisladores peronistas que se abstuvieron. Lamentablemente, un proyecto como el de referencia debió haber superado cualquier grieta, como bien argumentó la senadora Carolina Losada (Juntos por el Cambio-Santa Fe). Se trata de llevar justicia a las verdaderas víctimas, para que el que las hace las pague y que el que no sea declarado inocente. Se escuchó en el Congreso de la Nación y desde estas columnas no podemos dejar de pronunciarlo: es el momento de terminar con la impunidad de poner a los criminales por encima de las víctimas. Es la hora de dejar de romantizar la criminalidad y depositar lo que riñe con la ley penal donde debe estar: en prisión.
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