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» Diario Cordoba
Fecha: 04/10/2024 12:28
La Audiencia provincial de Córdoba juzgará al exconcejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba David Dorado por un presunto delito de prevaricación cometido en la contratación de sistemas de seguridad para los colegios y edificios municipales. Los hechos han sido investigados por el juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, en el marco del denominado caso Infraestructuras, que cuenta con diversas causas abiertas en juzgados cordobeses por presuntas irregularidades en la contratación de esta área municipal. De estas, tres han sido archivadas hasta el momento. Sin embargo, en este procedimiento, relacionado con la contratación de instalaciones contra intrusión en colegios y edificios municipales como se ha referido, el Ministerio Fiscal afirma en sus conclusiones provisionales (que han sido avanzadas por ABC y a las que ha accedido este periódico), que lo ocurrido constituye un supuesto delito de prevaricación por el que pide que se impongan al exconcejal de Ciudadanos 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La prórroga de un contrato Sobre los hechos, el Ministerio Público relata que la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba aprobó un expediente de contratación relativo al servicio de mantenimiento de diversas instalaciones contra intrusión en colegios públicos y edificios municipales. El servicio fue adjudicado por decreto a una empresa. Además, a la licitación concurrió otra sociedad cuya propuesta fue desestimada. El contrato tenía una duración inicial de un año y podía ser prorrogado durante un año más. Después de esto, se acordó la prórroga durante un año y se propuso la continuidad obligatoria de este contrato por siete meses, una decisión que fue firmada por el jefe de mantenimiento de edificios y colegios, y la coordinadora general de Infraestructuras con la conformidad de David Dorado como concejal del área, y con la aceptación de la empresa adjudicataria. Sin embargo, posteriormente se remitió al departamento de contratación un escrito firmado por la coordinadora desistiendo de la continuidad y el barrado de los documentos contables acompañados a la solicitud, porque "no responden a las necesidades de financiación del nuevo contrato que se está tramitando actualmente, a efectos de poder disponer de crédito presupuestario necesario (...)". El jefe de mantenimiento de edificios y colegios, la coordinadora de Infraestructuras y el acusado firmaron la memoria justificativa relativa a la contratación del servicio de mantenimiento de instalaciones contra la intrusión, que fue remitida a la unidad de contratación. Esta inició el expediente y requirió al órgano gestor para que subsanara deficiencias detectadas en la memoria y pliegos técnicos, por lo que el procedimiento quedó paralizado sin tramitar. Contrato con una nueva empresa A pesar de ello, David Dorado, "sin constar informe favorable al respecto ni tramitación alguna de expediente", firmó con la empresa cuya propuesta se había desestimado inicialmente un contrato para la prestación del servicio de instalación y o mantenimiento con conexión a central receptora de alarmas para los colegios públicos y edificios municipales del Ayuntamiento de Córdoba, por periodos mensuales prorrogables, figurando como precio 16,33 euros mensuales por centro más IVA. Estos hechos ocurrieron en el contexto de la pandemia de coronavirus, cuando la población fue confinada y los alumnos dejaron de acudir a los colegios para seguir las clases desde casa. El objeto del contrato era la instalación del sistema anti intrusión, la instalación del sistema CCTV, el mantenimiento preventivo y correctivo, la disponibilidad de asistencia técnica 24 horas y la puesta en marcha de la instalación, explotación de centrales de alarmas y verificación de alarmas por imagen o CCTV. Firmó "al margen del procedimiento" El Ministerio Público entiende que David Dorado, "en su condición de concejal, sin ostentar competencias en materia de contratación, al margen del procedimiento y sin respetar los principios básicos del sistema de contratación pública para la adjudicación", firmó un contrato con una empresa "cuando ya existía un contrato anterior para la prestación de idénticos servicios, que fue adjudicado tras la tramitación de un procedimiento de contratación pública, que fue prorrogado y cuya continuación obligatoria del servicio se llegó a iniciar". En opinión del fiscal, esto "hubiera servido para que el servicio se continuara prestando, sin causar perjuicio al interés general, hasta la tramitación y adjudicación de un nuevo contrato". Presunto fraccionamiento de pagos El escrito de conclusiones provisionales detalla, asimismo, que las facturas se tramitaron y trataron de forma individualizada. "Al ser inferior a 3.000 euros, no se exigió justificar procedimiento alguno más que la conformidad del servicio para efectuar su pago". "Para dicho fin se presentaban mensualmente dos facturas distintas, una por la conexión a la central de alarmas y otra por el mantenimiento correctivo de edificios municipales, cuando en realidad correspondían a un mismo servicio, fraccionando así su importe en dos facturas por cuantía inferior a 3.000 euros". Por este motivo, la Intervención general del Ayuntamiento emitió un informe de fiscalización de facturas emitidas por esta empresa correspondientes al ejercicio 2022, que fueron devueltas al servicio gestor con informe de reparo o disconformidad.
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