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» Diariopinion
Fecha: 04/10/2024 01:45
María Amarilla, madre de dos niños de 1 y 5 años, relató cómo la policía y supuestos funcionarios del Ministerio de la Comunidad intentaron desalojarla del módulo que ocupa, cortándole el suministro de agua y luz como método de presión. Según Amarilla, también fue amenazada con la posibilidad de perder la custodia de sus hijos, y su hermana fue advertida de que podría ser arrestada si intentaba acercarle agua o ayuda de cualquier tipo. Además, afirmó que fue advertida que "si no abandonaba la vivienda por la buenas", quedaría expuesta al posible ataque de grupos vinculados a las Cooperativas que en muchos casos actúan como punteros políticos del partido oficialista, quienes, como es de público conocimiento, son utilizados para intimidar y ejercer presión para disciplinar. María reveló que se le advirtió que quedaría desprotegida frente a esta gente que podrían ir a "recuperar" el módulo que -según los funcionarios- le perteneceria a una empresa. La construye el Estado, las adjudica el PJ y las entrega la policía? La funcionaria Luz Olmedo, según Amarilla, fue una de las responsables de las intimidaciones, sugiriendo que podría quitarle a sus hijos y dejándola a la deriva sin acceso a agua ni luz, bajo la vigilancia constante de la policía. Olmedo, quien figura como asistente social en el Ministerio de la Comunidad, negó a Radio Parque pertenecer a dicha institución, pero luego admitió que ya no trabajaba en ese lugar, esquivando cualquier responsabilidad. Con plata de los contribuyentes, pero en beneficio propio? A pesar de los intentos de Radio Parque de obtener una respuesta oficial, no hubo pronunciamiento por parte del gobierno provincial. Ante la falta de respuestas, la emisora volvió a sacar al aire a María Amarilla, quien reiteró las presiones que sufría y reveló que la distribución de los módulos habitacionales estaba controlada por la policía provincial y que los módulos, construidos con fondos nacionales, estaban siendo presentados como propiedad de "cooperativas" o empresas, que todos sabemos son manejadas por punteros políticos del Gildismo, vinculados a Blanca Denis, Cacho García, Agustín Samaniego y Marcelo Sosa,entre otros personajes que hacen política partidaria, con plata de los contribuyentes pero en beneficio propio. Radio Parque, en un intento por obtener respuestas oficiales, intentó contactar a la funcionaria Luz Olmedo, quien negó cualquier vinculación con el caso. Olmedo fue la funcionaria que habría sugerido que María debía desalojar el lugar voluntariamente, y le dio a entender que podía "sacarle a sus hijos" si no acataba. Asimismo, la desafió a "ver cuánto tiempo aguantaba con sus hijos sin luz ni agua" mientras la policía impedía cualquier tipo de ayuda externa. Este caso no solo expone la arbitrariedad en la distribución de los módulos habitacionales, sino que también evidencia un manejo arbitrario y partidista de los recursos públicos, con un claro objetivo de control político. El caso de María Amarilla destapa una práctica clientelista en la que los más vulnerables son presionados y coaccionados para alinearse con el partido de gobierno, utilizando las viviendas, que deberían ser soluciones habitacionales, como herramientas de extorsión y control. La gravedad de esta denuncia exige una investigación a fondo y una respuesta por parte de las autoridades competentes. Mientras tanto, la situación de María Amarilla, como la de muchos otros ciudadanos formoseños, sigue siendo crítica, atrapada entre la desesperación y el abuso de poder en uno de los feudos políticos más antiguos del país.
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