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Crespo » Paralelo 32
Fecha: 03/10/2024 21:14
Un reciente informe elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reveló que el 36,4% de los trabajadores en relación de dependencia en Argentina no están registrados en la seguridad social, lo que representa una significativa tasa de informalidad laboral. El estudio, coordinado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria, destaca que esta situación afecta principalmente a los jóvenes y las mujeres. En la comparación interanual, la tasa de informalidad registró una leve disminución del 0,4%, tras haber caído por debajo del 36% durante algunos trimestres de 2023 y principios de 2024. Sin embargo, la informalidad laboral sigue siendo un desafío estructural, ubicándose en niveles similares a los de 2008 y 2010. La pandemia de 2020 revirtió la tendencia, que hasta entonces mostraba tasas entre el 32% y 35,7%. Brecha de género en la informalidad El informe señala que la informalidad laboral tiene una mayor incidencia entre las mujeres que entre los hombres. En el primer trimestre de 2024, la tasa de informalidad femenina fue del 37,2%, tres puntos porcentuales más alta que la masculina (34,2%). A pesar de esta diferencia, la mayor proporción de hombres en el total del empleo asalariado (54%) significa que los varones representan el 52% de la informalidad general. Jóvenes, los más afectados El informe subraya que la informalidad afecta con mayor intensidad a los jóvenes. En el primer trimestre de 2024, la tasa de informalidad para este grupo etario alcanzó el 58%, 23 puntos porcentuales por encima del promedio general. Esto significa que casi seis de cada diez jóvenes asalariados no están cubiertos por la normativa laboral ni por la seguridad social, lo que refleja las dificultades que enfrenta este sector en el mercado de trabajo argentino. El estudio pone en evidencia las profundas desigualdades en el mercado laboral y la necesidad de políticas públicas que busquen mejorar las condiciones de trabajo y reducir la precarización, especialmente entre los sectores más vulnerables como las mujeres y los jóvenes.
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