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» Diario Cordoba
Fecha: 03/10/2024 03:30
España tiene que ejecutar una expansión masiva de nuevas plantas renovables en los próximos años para avanzar en la descarbonización de la economía y para cumplir con los ambiciosos objetivos verdes comprometidos con la Comisión Europea. Y en un momento clave para impulsar de manera definitiva el despliegue de todas esas instalaciones renovables, la volatilidad de los precios de la electricidad está generando dudas sobre la salud del sector y sobre la viabilidad de muchos de esos proyectos. Y eso está provocando ya que los bancos estén cerrando el grifo de la financiación a cientos de proyectos de plantas verdes aún por construir. El mercado de la electricidad ha pasado de marcar máximos históricos durante lo peor de la crisis energética, a acumular muchos momentos de precios de derribo. Durante el último año el mercado eléctrico ha marcado cientos de horas a cero euros y también ha registrado por primera vez en la historia precios negativos, resultado del efecto del despliegue masivo de nuevas renovables (especialmente las fotovoltaicas) y por las propias normas de funcionamiento del mercado. El mercado eléctrico, también conocido como pool, fija lo precios mediante un sistema marginalista, que hace que la última y más cara tecnología necesaria para cubrir la demanda marque el precio de todas las demás cada una de las horas del día. Cuando la producción de las renovables (con unos costes marginales muy reducidos) y de otras tecnologías como la hidroeléctrica y la nuclear es suficiente para cubrir todo el consumo, el precio de la electricidad se hunde. Los precios cero y negativos se están concentrando en las horas centrales del día, que es cuando se acumula la producción de las plantas fotovoltaicas -que dependen del sol- y la del resto de tecnologías de generación. La proliferación de los precios a cero euros o negativos está generando alarma en el sector eléctrico por la enorme distorsión que supone para que las plantas en funcionamiento cubran sus costes de producción y para incentivar la inversión en nuevas plantas renovables. Desde el sector energético, y específicamente desde el renovable, se alerta del impacto en el negocio de esta ‘canibalización’ de los precios eléctricos, ya que puede poner en peligro la rentabilidad de las plantas verdes -actuales y futuras- y puede frenar inversiones en nuevos desarrollos por la falta de incentivos y la incertidumbre de la evolución del mercado. Grifo (casi) cerrado Desde el sector de las renovables se alerta de que este escenario de volatilidad e incertidumbre está impidiendo que muchos promotores de plantas solares (las eólicas no se están viendo afectadas del mismo modo) tengan acceso a la financiación bancaria necesaria para desarrollar sus proyectos. Los bancos son ahora más selectivos y sólo están dando financiación a grandes grupos energéticos o a los proyectos que cuentan con contratos ya firmados para vender su electricidad a largo plazo y a un precio fijo (conocidos como PPA según la jerga del sector), mientras que prácticamente han cerrado el grifo a las plantas de promotores independientes que no hayan blindado sus ingresos futuros con este tipo de contratos y tengan que vender toda la electricidad en el mercado mayorista. “Con estos precios no hay financiación para las plantas que vayan a vender su electricidad en el mercado. Los inversores independientes no tienen financiación si no tienen un buen PPA firmado o han sido adjudicatarios en subastas bien diseñadas”, advierte José Donoso, el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). “Ahora mismo no hay nada de financiación para proyectos que van a mercado. Nada. Hasta hace poco ha seguido financiando algún banco, ahora ya no”, subraya el responsable de la patronal solar. Desde el sector bancario se admite que ahora se da un tratamiento muy diferente a los proyectos que van a vender su electricidad en el mercado (merchant) y a los que tienen PPA firmados con unas condiciones mínimas, apuntando que los primeros no tienen imposible conseguir financiación, pero reconociendo que sí que es mucho más complicado. Algunas entidades financieras justifican la no concesión de financiación a plantas merchant en su necesidad de diversificar riesgos, porque en muchos casos los bancos ya acumulan una cartera de proyectos financiados con estas características con acuerdos previos a la acumulación de pecios de derribo en el mercado eléctrico. Los problemas para acceder al crédito necesario los están sufriendo cientos de proyectos fotovoltaicos de grupos independientes, mientras que el sector de la energía eólica se está librando del cerrojazo a la financiación, según confirman varias fuentes de la industria energética implicadas en este tipo de procesos. La concentración de los precios de cero euros o negativos en las horas en que la fotovoltaica produce electricidad está poniendo a la energía solar en la picota. Está en el origen mismo de la ‘canibalización’ de los precios y sufre más directamente sus consecuencias. “Se está estigmatizando al sector de la energía fotovoltaica por ser el responsable de los precios cero en el mercado eléctrico. Los precios capturados de la fotovoltaica generan desconfianza”, explica Manuel Mingot, socio de Financiación de Proyectos del bufete Squire Patton Boggs. “En el mercado hay liquidez, pero también hay muchas cautelas. La banca exige a los promotores de proyectos fotovoltaicos tener un PPA. Si las plantas no tienen firmada la venta de la energía y tienen que ir al mercado, no hay financiación alguna”, confirma. Una avalancha de 50.000 M El Gobierno acaba de aprobar el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la actualización de la hoja de ruta para descarbonizar la economía e impulsar las energías limpias durante esta década. Un megaplán verde que eleva los objetivos actuales de despliegue de renovables (hasta el 81% de toda la generación eléctrica en 2030) y que tiene en la expansión de las plantas de energía solar fotovoltaica como uno de sus puntales. El objetivo marcado por el Ejecutivo pasa por llegar al final de la década con 76.000 megavatios (MW) de energía fotovoltaica, de los que 19.000 MW serán de autoconsumo, lo que requerirá un despliegue acelerado de nuevas instalaciones desde los 28.500 MW de plantas solares actuales y los en torno a 7.000 MW de autoproducción ya en marcha en viviendas y empresas. El conjunto del plan verde del Gobierno contempla la movilización de inversiones por 308.000 millones de euros hasta 2030, de los que la inmensa mayoría -el 82%, unos 252.500 millones- procederá de empresas privadas. En el caso de la instalación prevista de nuevas plantas fotovoltaicas, los cálculos internos de las compañías apuntan a que será necesario ejecutar inversiones por unos 50.000 millones y todas procedentes del sector privado. Desde la industria de la energía solar se advierte de la paradoja de que el actual escenario de restricción al crédito a los proyectos solares coincida con una actualización del PNIEC en la que se asume que la financiación de esos proyectos procede de la iniciativa privada. Proyecto de ley atascado El Gobierno y las comunidades autónomas acaban de dar la autorización de construcción a en torno a 45.000 MW de nuevas plantas renovables (con aproximadamente un 80% de potencia solar y un 20% de eólica) y que tienen que estar operativos como máximo a mediados de 2028, tras la prórroga de tres años de los plazos máximos aprobada por el Ejecutivo central. No obstante, el aplazamiento de tres años se aprobó a través del real decreto ómnibus del pasado diciembre y su actual tramitación como proyecto de ley está encallada en el Congreso de los Diputados, lo que genera otra incertidumbre extra al sector y también puede entorpecer la obtención de financiación para algunos de los proyectos. Si las plantas no están a tiempo, los proyectos perderían tras años de trámites los codiciadísimos puntos de conexión a la red eléctrica ya obtenidos. “La solución para facilitar la financiación es más seguridad jurídica”, dice Manuel Mingot, del bufete Squire Patton Boggs, sobre las dudas acerca de la aprobación definitiva del proyecto de ley y de las enmiendas técnicas vinculadas a las autorizaciones de nuevas renovables que han presentado los grupos parlamentarios en ese proceso. Seguridad jurídica y también “estabilidad de precios en el mercado eléctrico, que se conseguirá con el almacenamiento”, apunta Mingot. “Hay que regular el almacenamiento, es la salida para vender la electricidad a los operadores de baterías y que se pueda revender después a un precio mejor”. Desde la patronal fotovoltaica UNEF se reclama para dar mayor estabilidad a los precios de la electricidad y así allanar la obtención de financiación que se incentive y facilite la firma de contratos a largo plazo de venta de electricidad a precio fijo (los PPA) y también que el Gobierno lance ya nuevas subastas con retribución garantizada para plantas verdes. “Más subastas, pero sobre todo subastas bien diseñadas”, dice el director general de UNEF. La patronal fotovoltaica apuesta por incluir en las próximas pujas medidas antiespeculativas (exigiendo que sólo puedan presentarse proyectos que ya cuentan con la autorización para su construcción para evitar que sean proyectos fantasma); también cláusulas antimonopolio (que un sólo titular no pueda adjudicarse más de un 20 o 30% de la potencia verde que se subasta); ampliar la duración de los plazos en que se garantiza un precio fijo de venta de electricidad para igualarlo al periodo de amortización de las plantas (pasando desde los 12 años actuales hasta los 15 o 20 años); y también que se reserve una parte de la potencia subastada a proyectos hibridados con baterías.
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