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» El Ciudadano
Fecha: 01/10/2024 21:28
Los hechos se dieron en el marco de una feroz requisa que fue denunciada. Los internos fueron torturados y apaleados tras una balacera a colectivos que en marzo trasladaban penitenciarios, según constataron médicos. Los internos estuvieron sin contacto con el exterior durante seis días Ocho agentes del Servicio Penitenciario provinciales fueron imputados el lunes por las torturas a las que fueron sometidos presos de distintos pabellones en el marco de una requisa que practicaron luego de que el primer día de marzo dos colectivos de la fuerza a la que pertenecen fueran baleados. Como contraofensiva, los presos fueron sometidos a todo tipo de torturas, con prácticas como las que se realizaban durante la última dictadura cívico-militar, lo que fue constatado por médicos. Los acusados fueron imputados en libertad, pero se desconocen los detalles ya que la audiencia no fue pública ni existe parte oficial sobre el hecho. Numerosas denuncias de familiares de los internos fueron canalizadas a través del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, que presentó diversos habeas corpus por lo que se vivió en el interior de la cárcel de Piñero a principios de marzo último. Según la información de aquel momento, el sábado 2 de marzo dos micros que trasladaban personal penitenciario fueron baleados en la zona de Circunvalación y puente Palliere, a la altura de barrio Rucci. Unas horas antes, en la cárcel de Piñero hubo requisas en pabellones de alto perfil, de donde habían retiraron todos los elementos que los diferenciaba del resto de los internos, como televisores u hornos. Tras el ataque, se llevaron adelante otras diez requisas. Según las denuncias, fueron sumamente violentas y hasta el jueves siguiente nadie pudo entrar a la unidad penitenciaria ni tener contacto con los internos. Trascendió de boca de los propios reclusos que los hicieron arrodillar, los esposaron, los arrastraron hasta el patio y los llevaron de a dos a cada celda, donde fueron sometidos a diversos tipos de tortura e incluso si se desmayaban los despertaban a patadas. Buscaban saber quién había ordenado la balacera a los colectivos, contaron. Casi siete meses después del hecho la fiscal Karina Bartocci citó a ocho penitenciarios a su despacho, donde fueron imputados. La medida se hizo en libertad, o sea sin riesgo de terminar tras las rejas, y en absoluta reserva al punto de que no trascendieron detalles de la imputación ni las identidades de los uniformados acusados. Desde Fiscalía dijeron: “Estamos manejando con reserva por cuestiones de seguridad” de los uniformados acusados bajo la figura penal de apremios ilegales, y confirmaron que las imputaciones fueron en el marco de las requisas que tuvieron lugar en la cárcel de Piñero aquel 2 de marzo.
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