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Parana » Pagina Politica
Fecha: 01/10/2024 05:13
El conflicto docente llegó a un punto ciego. Se terminaron las negociaciones. El contacto entre las partes es igual a cero, según coinciden el Gobierno y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). En este contexto de crisis, la idea de que todos tienen un poco de razón, se profundiza. El Ejecutivo decidió reponer el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el adicional por Conectividad que el gobierno de Javier Milei borró de un plumazo. Esa fue la carta más importante, luego de un largo proceso. Incluso antes que esos ítems aparezcan en el menú hubo acercamiento para cerrar un acuerdo. Por lo menos es lo que se dejaba trascender desde las cúpulas. Un docente que trabaja jornada simple recibirá 33.200 pesos en concepto del nuevo Fonid y 24.800 pesos por Conectividad. La propuesta del Gobierno se completa con el aumento del 4% y la deuda del 6,55% de inflación acumulada del primer semestre, que se hará de manera remunerativa a pagar en octubre, noviembre y diciembre. Esto se liquidará por planilla complementaria a partir del 10 de octubre. El primer reparo gremial es que el Fonid no es remunerativo. Tampoco lo fue durante los 20 años en los que se hizo cargo el gobierno nacional. Es cierto que fue un reclamo eterno de Ctera, aunque sin llevar adelante un paro; como también es cierto que ningún gobierno, incluso los que gozaron de vacas gordas, accedieron a blanquearlo en el salario. Agmer apela a lo escrito en la Constitución entrerriana reformada en 2008 en su artículo 82 inciso D, cuando excluye cualquier incremento o aporte salarial en negro. Antes -según el gremio- el Fonid quedaba en una nebulosa, ya que esa parte del salario lo abonaba Nación. Ahora, que se haría cargo la provincia, debería ser en blanco, como lo manda la Constitución. A pie de página: leer la carta magna entrerriana es una tarea indispensable, pero en estos tiempos debería ser ineludible. El artículo 35 fue incorporado por la Convención Constituyente a instancias de su presidente, Jorge Busti, y dice: “El Estado adoptará las medidas necesarias para la operatividad progresiva de los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución (…) El equilibrio fiscal constituye un deber del Estado y un derecho colectivo de los entrerrianos”. Este párrafo fueron las últimas líneas que se estamparon en el nuevo texto cuando el telón bajaba en el salón central del Consejo General de Educación (CGE) donde se desarrolló el proceso reformista. No hubo debate ni cuestionamientos. Busti parecía tener la premonición de la cultura motosierra. Un año después de haberse sancionado, el entonces vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Bernardo Salduna, publicó un libro que comenta cada uno de los artículos de la nueva Constitución. Dice sobre el 35: “Es éste, probablemente, el más importante de los artículos aprobados en la reciente reforma, porque de su vigencia y estricto cumplimiento depende la operatividad del resto de las cláusulas aprobadas”. Volvamos al conflicto docente. En Casa de Gobierno la respuesta es que no hay más de dónde sacar. Aluden que haber restituido el Fonid y Conectividad en el actual cuadro financiero, fue de un esfuerzo descomunal. “Estamos reponiendo algo que sacó Nación, lo hacemos en el peor momento y nos meten cinco paros. Todo lo que pidieron se lo dimos”, repiten, al unísono, en Casa de Gobierno. Y acusan al sindicato de haber corrido el arco. Para Agmer es inconcebible aceptar esa propuesta porque los montos no remunerativos dejan afuera a los jubilados, pero también deslizan un detalle: la obra social Osplad. Según dicen, con el Fonid nacional “algo” llegaba a esa entidad de los docentes. Esta semana se llevarán adelante tres paros. El de este martes, que es con movilización. La consigna rondará en que la propuesta, al final del año, significa un 10 por ciento de deterioro en la capacidad de compra. La discusión en los días por venir será la asistencia al aula. El Gobierno anunció la implementación de la declaración jurada, que el directivo de cada escuela debe comunicar. Hay un acuerdo implícito que al momento de notificar la asistencia o ausencia, quien está a cargo de los establecimientos en cada departamento hace la vista gorda. Ahora, el Ejecutivo pondrá toda la capacidad de control en ese punto, del que depende el descuento por día de paro. Ante la falta de recursos y las líneas absolutamente cortadas, el conflicto ingresa en una etapa de guerra fría, de la que se desconoce qué podría encauzarla. Fuente: Página Política
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