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Chajari » actualidadadiario
Fecha: 30/09/2024 16:14
Diferentes funcionarios unificaron discurso para cuestionar a las autoridades educativas, que exigen mejoras salariales y de condiciones edilicias En la previa a la movilización convocada para este miércoles por las universidades, el Gobierno cuestionó duramente a las casas de estudio. Mientras tanto, la negociación entre ambos sectores pasó a un cuarto intermedio que se reanudará el 7 de octubre. A las declaraciones del Secretario de Educación Carlos Torrendell, quien acusó a las autoridades de no dar las cantidades reales de alumnos para recibir mayor cantidad de fondos, se sumaron este lunes las de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. “No sabemos si van a tomar clases o qué hacen dentro de la Universidad”, publicó en sus redes sociales la funcionaria, al tiempo que agregó: “Del total de alumnos registrados en sistema para 2022 (1.749.136), sólo el 40,6% era alumno regular (710.466), el 20% tenía 1 materia aprobada o menos (367.299) y un llamativo 38,4% de alumnos sobre los que no se tiene información (671.372)”. La línea discursiva de la ministra fue la misma que utilizó Torrendell, quien dijo en declaraciones a Radio Rivadavia: “Sobre el 38% de los alumnos, no sabemos si están inscriptos en una materia. No está informada su inscripción porque las universidades lo han informado. Los fondos se reparten de acuerdo a esas polinómicas”. En este sentido, el funcionario remarcó la necesidad de “invertir bien todos los recursos en el sistema educativo” considerando que Argentina es un país “en el que hay escasez de recursos y 60% de chicos en situación de pobreza”. “Todas las universidades tienen un porcentaje de alumnos cuyo promedio es 38% que no sabemos si están cursando alguna materia. Es el efecto de una larga tradición de desinformación y opacidad. Hacemos investigaciones y carreras de primera, pero resulta que no podemos contar los alumnos que tenemos”, agregó. Al respecto, profundizó: “Inventar alumnos es un tema que tiene más o menos 200 años, porque la multiplicación de los cargos docentes tiene que ver con eso”. Universidades: la negociación con los gremios se reanuda luego de la movilización En el marco de la paritaria universitaria, los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales rechazaron la oferta salarial del 6,8% que el Gobierno deslizó el jueves. Al mismo tiempo, ratificaron la convocatoria a la marcha federal del próximo 2 de octubre. La nueva reunión para seguir discutiendo la recomposición salarial quedó fijada para el 7 de octubre a las 17. La propuesta del Gobierno consistió en un 5,8% para el mes de octubre, sumado al 1% dispuesto para toda la administración pública nacional. La misma, fue considerada insuficiente por las representaciones sindicales, que criticaron que las autoridades tampoco dieron respuestas a la demanda de restitución de la garantía salarial. Financiamiento universitario: el Gobierno pospone el veto para después de la movilización Pese a las diferentes medidas de fuerza anunciadas por las universidades públicas, que confluirán el 2 de octubre en una nueva marcha en defensa de la educación, el Gobierno insiste en que vetará la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, la cual aumenta el presupuesto que se otorga a las casas de estudio. Sin embargo, en el oficialismo analizan por estas horas que la medida se conozca después de la movilización. El oficialismo estirará la decisión de vetar la ley al filo del tiempo límite, ya que el 3 de octubre es el último día del que dispone en término de los plazos legales para ejecutarla. Vale recordar que las organizaciones que integran la comunidad universitaria convocaron a movilizarse al Congreso para el 2 de octubre a las 17 horas, al tiempo que resolvieron concretar un paro los días 26 y 27 de este mes. La movilización de la semana próxima será la segunda marcha federal universitaria contra el Gobierno después de la multitudinaria movilización a Plaza de Mayo que estudiantes, docentes, gremios, legisladores y dirigentes de la oposición llevaron a cabo el 23 de abril último en rechazo al recorte presupuestario que había puesto en marcha la gestión de Milei, y que debió desactivar.
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