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» Diariopinion
Fecha: 30/09/2024 09:50
El operativo policial contra Basuldo, es solo la punta del iceberg de un sistema despótico represivo que no tolera disidencias. La versión policial —luego de la rápida viralización el escándalo— buscó justificar el brutal accionar al responsabilizar al chofer del camión por intentar embestir a los uniformados. Sin embargo, lo que omitieron mencionar es que los disparos provinieron de las armas de quienes, en teoría, deberían velar por la seguridad de los ciudadanos. La negación oficial de los disparos no solo resulta absurda, sino que se enmarca en un intento burdo de encubrir una nueva demostración de persecución política contra un Intedente de su partido que piensa diferente. Las balas disparadas contra el camión cisterna no son simples proyectiles; son el síntoma de una provincia donde el Estado de derecho ha sido suplantado por el miedo y la represión. La rapidez con la que se actuó no sorprende: Plazas, al igual que otros miembros del aparato judicial y policial de Formosa, ha sido señalada como cómplice de un entramado de corrupción y narcotráfico bajo el mando de Insfrán. La justicia, encabezada por la polémica jueza Gabriela Plazas, ordenó de inmediato el secuestro del vehículo y el inicio de una causa judicial bajo los cargos de "atentado y resistencia contra la autoridad". La rapidez con la que se actuó no sorprende: Plazas, al igual que otros miembros del aparato judicial y policial de Formosa, ha sido señalada como cómplice de un entramado de corrupción y narcotráfico bajo el mando de Insfrán. No es la primera vez que Basualdo denuncia públicamente a la jueza y a otros funcionarios por su servilismo a los intereses del gobernador, asegurando que en Formosa no existe división de poderes ni garantías constitucionales . La situación en la provincia es alarmante. Basualdo, tras romper con el gobierno provincial, ha sufrido una feroz persecución que incluye despidos masivos de empleados públicos que simpatizan con su sector, junto con una asfixia financiera que ahoga a su municipio. Todo esto refleja un claro patrón de hostigamiento que busca disciplinar a quienes se atreven a desafiar el poder absoluto de Gildo Insfrán. El operativo policial del pasado sábado es solo la punta del iceberg de un sistema represivo que no tolera disidencias. Al intentar disfrazar un ataque directo contra un adversario político como un incidente aislado de "resistencia a la autoridad", la Policía de Formosa deja en evidencia su rol como instrumento de intimidación al servicio del poder. Mientras tanto, la jueza Plazas, con una dudosa trayectoria y denuncias sobre sus vínculos con el narcotráfico, sigue tomando decisiones que favorecen a los intereses más oscuros del régimen provincial. En Formosa, las libertades fundamentales están en juego. La complicidad entre la policía, la justicia y el gobierno no solo apunta contra Atilio Basualdo, sino que amenaza a todos aquellos que se atrevan a alzar la voz en una provincia que ha sido convertida en un feudo. Las balas disparadas contra el camión cisterna no son simples proyectiles; son el síntoma de una provincia donde el Estado de derecho ha sido suplantado por el miedo y la represión. Es urgente una intervención Federal que frene este descalabro institucional. La comunidad nacional no puede mantenerse al margen mientras en Formosa se pisotean los principios democráticos más elementales. La persecución a Basualdo es solo una muestra de cómo el aparato estatal, en lugar de proteger, se convierte en el principal agresor de la ciudadanía. Lo que está ocurriendo en Formosa es un reflejo de un sistema que ha dejado de funcionar para el pueblo. La falta de división de poderes y el evidente sometimiento de la policía y la justicia a las órdenes del poder político es una señal de alarma para todo el país. Formosa ha sido convertida en una provincia sin ley, donde la represión, la persecución y la corrupción son el pan de cada día . La sociedad no puede quedarse callada ante este nuevo atropello. Las autoridades nacionales deben intervenir y garantizar que en Formosa se respeten los derechos humanos, las libertades individuales y las garantías constitucionales. Es urgente una investigación independiente que ponga fin a este círculo de impunidad y violencia . Mientras tanto, Atilio Basualdo y tantos otros opositores seguirán siendo víctimas de un poder que no tolera disidencias. Esta es una llamada de atención para todos: lo que está en juego en Formosa es mucho más que un simple conflicto político. Es la esencia misma de la democracia, la justicia y los derechos ciudadanos.
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