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Parana » Pagina Politica
Fecha: 28/09/2024 22:14
Por Evelina Kloster (*) El 12 de julio último, agentes de la Secretaría de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales de la Municipalidad de Paraná se presentaron a las 5.30 de la madrugada en el barrio Parque Industrial, con maquinarias y acompañados de personal policial; derribaron la casa de un vecino y amenazaron a las personas que viven en el barrio con un inminente desalojo. Este hecho puso de manifiesto la incompetencia y desinformación de los funcionarios y de la gestión municipal en lo referente a lo establecido por la Ley Nº 27.453, más conocida como “Ley de Barrios Populares”, que reconoce a los 6.467 barrios populares (registrados al día de la fecha) en nuestro país por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Para ponernos un poquito en órbita: en 2015, Techo y otras organizaciones sociales comenzaron el relevamiento de lo que hoy llamamos barrios populares a lo largo y a lo ancho de todo el territorio argentino para, con esa información, elaborar un proyecto de ley con la finalidad de urbanizar, integrar y garantizar un derecho tan fundamental como el de vivienda digna. En 2018 se sancionó la Ley de Barrios Populares, marcando un antes y un después en cuanto a la integración urbana de los sectores más olvidados por el Estado. Logramos que las y los excluidos tengan una ley que les garantice la tierra y el techo. Definir qué constituye un barrio popular es crucial: están compuestos por al menos ocho familias, de las cuales más del 50 por ciento carece de regularización de la tierra y no tiene acceso formal a los servicios básicos. En Paraná existen 66 barrios populares reconocidos como tales. La ley no solo establece plazos para frenar desalojos (inicialmente era de cuatro años y luego se extendió a diez), sino que también busca promover la integración urbana y la equidad. Este andamiaje normativo impulsado entre organizaciones sociales y vecinos que abordan día a día esta problemática busca el efectivo desarrollo de estas políticas. Lo ocurrido en Paraná pone de relieve la urgencia de que las autoridades locales se capaciten y se comprometan realmente con la implementación de la ley, garantizando la seguridad y los derechos de las y los habitantes de los barrios populares. Ignorar esta normativa no solo perpetúa la vulnerabilidad de estas comunidades, sino que también evidencia una falta de voluntad política para abordar las desigualdades en el acceso a la vivienda y los derechos básicos en el país, en la provincia y en la ciudad. Por ello es necesario un acuerdo político para que la mejora en la calidad de vida de estas vecinas y vecinos sea prioritaria, sobreponiéndose a cuestiones burocráticas y encontrando nuevas formas de abordajes que permitan gestionar de manera ágil y eficiente. Desde aquel 12 de julio hemos mantenido diversos encuentros con funcionarios municipales, concejales e incluso fuimos recibidos, junto con vecinos del Barrio Industrial, por la Intendenta Municipal. En todas esas reuniones manifestamos nuestra voluntad de ser parte de un abordaje integral que debe realizar el municipio respecto de las necesidades y mejoras en estos barrios. También acompañamos el reclamo formal que hizo el vecino a quien le destrozaron su casa para que los daños sean reparados y compensados, logrando que el Municipio reconozca ese error y subsane los perjuicios que le provocaron al ciudadano. En los últimos días nos encontramos con un nuevo pedido de desalojo en el barrio Humito. Otra vez se avanza sobre los más débiles cuando el rol del Estado debe ser garantizar el derecho al techo a los que menos tienen. Este hecho, además, puso en evidencia una cantidad de procesos de desalojos que afectarían a vecinas y vecinos de estos Barrios Populares, ignorando los derechos y garantías amparados por la ley. Apelamos a que la Intendenta Rosario Romero y sus funcionarios reflexionen, que cambien el rumbo de estas prácticas, que comprendan y planifiquen una política pública para garantizar la integración socio-urbana; porque, como promueve el Papa Francisco, la Tierra, el Techo y el Trabajo son derechos sagrados para la humanidad. En un contexto de ajuste criminal contra los que menos tienen, donde un millón y medio de niñas y niños argentinos comen una vez al día y el Gobierno nacional prioriza judicializar la entrega de alimentos, exigimos creatividad política de quienes nos gobiernan, en especial de aquellos que integran el campo popular, para frenar el avance de la narco-estructura que expone a nuestras vecinas y vecinos a la violencia cotidiana y la desidia. En palabras del Papa Francisco, a la economía criminal se la combate con economía popular. Estamos convencidos de eso. Estamos convencidos de que continuar y profundizar las políticas de integración socio-urbana permitirá mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan los Barrios Populares en la ciudad de Paraná. (*) Dirigenta social y política, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y el partido Patria Grande Fuente: Página Política
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