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» Radiosudamericana
Fecha: 28/09/2024 19:53
Sábado 28 de Septiembre de 2024 - Actualizada a las: 19:43hs. del 28-09-2024 MEDIOS DE COMUNICACIÓN En un comunicado, la Academia Nacional de Periodismo calificó la decisión del juzgado civil N°8 de Buenos Aires como “censura previa”. La Academia Nacional de Periodismo calificó como "censura previa" el bozal legal impuesto por la jueza Lucila Córdoba, quien prohibió a los medios difundir "toda información" que involucre a Jorge Lanata, a pedido de Elba Marcovecchio, esposa del periodista. En un comunicado contundente, la Academia cuestionó "la censura previa judicial y la restricción al acceso a la información pública", subrayando que estas acciones representan "un peligro y una gravísima amenaza a la libertad de expresión y a la transparencia informativa". La prohibición, que se dispuso en medio de un escándalo de denuncias cruzadas con las hijas del periodista, Bárbara y Lola, afecta a medios gráficos, audiovisuales y digitales. La Academia Nacional de Periodismo rechazó categóricamente la decisión del Juzgado Nacional en lo Civil N° 8, apuntando que esta decisión "viola un artículo de la Constitución y el derecho internacional". Además, recordaron que "la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa". En este contexto, señalaron que esta medida va en contra de las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa, como el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. La Academia también destacó que esta decisión judicial se suma a lo sucedido en septiembre, cuando se publicó el decreto 780/2024 en el Boletín Oficial, que modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, buscando limitar el acceso a la información. Asimismo, recordaron un caso de censura previa ocurrido en 1992, cuando la jueza María Romilda Servini de Cubría interpusó un recurso para impedir que uno de los segmentos del ciclo de Tato Bores saliera al aire. La reacción de artistas y periodistas fue inmediata, convirtiendo ese episodio en un hito en la historia de la televisión. El rechazo de la Academia se suma a la condena realizada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que consideró el fallo de Lucila Córdoba como "un inaceptable caso de censura judicial". Parte del comunicado de ADEPA afirma que "se prohíbe la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, gráfico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas web) de toda información que involucre" a Jorge Lanata y su esposa. Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su preocupación por la decisión del Juzgado Nacional en lo Civil N° 8, que impone un bozal legal a los medios y periodistas en todo lo relacionado con la salud y el conflicto judicial de Jorge Lanata. En su comunicado, FOPEA, que reúne a 600 periodistas de todo el país, subrayó que "de manera insólita, el mismo Juzgado admite que la decisión implica una limitación del ejercicio de los derechos de información y expresión". FOPEA advirtió que la medida "afecta claramente el derecho a la información de la ciudadanía" y que su aplicación pondría en riesgo la libertad de expresión y de prensa, derechos de raigambre constitucional. "La jurisprudencia nacional e internacional indica que el honor, la intimidad y otros derechos de un individuo no admiten como regla la protección judicial preventiva, sino remedios reparatorios", agregaron. El inicio del conflicto judicial El conflicto se originó cuando Bárbara y Lola Lanata, hijas de Jorge Lanata (64), quien continúa internado en la clínica Santa Catalina, especializada en neurorehabilitación, presentaron una denuncia contra Elba Marcovecchio. La denuncia, que consta de 67 páginas, fue presentada ante la Justicia de Familia, donde las hijas del periodista alegan que la conducta de Marcovecchio ha afectado la salud y el patrimonio de su padre. Además, afirman que la abogada y panelista televisiva mantiene una actitud confrontativa y ha alejado a Lanata de su entorno familiar. Las denunciantes detallan gastos considerables en tarjeta de crédito, como "dos millones de pesos en una joyería". Como pruebas, presentaron audios y videos de cámaras de seguridad, donde se puede ver a Marcovecchio tomando objetos del escritorio y la habitación de trabajo de su marido. Las hijas acusan a Elba de "hurtar elementos de gran valor" y dinero en efectivo, entre "35 y 50 mil dólares", incluyendo 42 objetos como esculturas, relojes, lapiceras, joyas, gemelos y certificados de autenticidad de obras de arte.
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