28/09/2024 18:25
28/09/2024 18:22
28/09/2024 18:15
28/09/2024 18:15
28/09/2024 18:11
28/09/2024 18:07
28/09/2024 18:07
28/09/2024 18:06
28/09/2024 18:03
28/09/2024 18:02
» Diario Cordoba
Fecha: 28/09/2024 16:17
Alvise Pérez puede tener el triste honor de convertirse en el primer eurodiputado de esta legislatura en ser imputado por el Tribunal Supremo, pero para eso aún queda tiempo. De momento todavía tiene que pronunciarse la Fiscalía del alto tribunal, a la que la Secretaría Técnica del ministerio público ha remitido la denuncia que presentó el dueño del chiringuito financiero que entregó 100.000 euros al líder de Se Acabó la Fiesta para que sea ella la que determine si hay indicios fundados de la comisión de un delito de financiación ilegal y, en ese caso, instar la apertura de una investigación. La remisión obedece a que los eurodiputados son aforados ante el Tribunal Supremo, por lo que solo él podría investigarle. La Fiscalía General del Estado considera que en el cobro de esa cantidad pudo existir un delito de financiación ilegal previsto en el 304 ter del Código Penal, lo que justifica que se lo envíe a sus compañeros del alto tribunal. Ese artículo en su apartado primero castiga "con la pena de prisión de uno a cinco años", al "que participe en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido en la ley". Uno de los pantallazos que acompañan la denuncia de Álvaro Romillas. / EPE El propio agitador, en su canal de Telegram, ha situado el cobro de los 100.000 euros por parte de Sentinel -el negocio con el que Álvaro Romillo, conocido como Cryptospain, gestionaba lo obtenido con Madeira Invest Club-, en un pago por la prestación de servicios que, como autónomo no declaró a Hacienda, a la que califica de "mafia". Esa explicación es relevante, porque a efectos punitivos es trascendental que ese dinero se utilice para financiar una campaña electoral. Si se tratara de una cantidad no declarada al fisco que cobró por un servicio realizado, al ser un importe inferior a 120.000 euros no sería delito fiscal. No obstante, el eurodiputado afirmaba sin tapujos que necesitaba dinero para su campaña electoral en los whatsapp y mensajes de la también red de mensajería instantánea Signal aportados por Romillo en la denuncia que presentó contra sí mismo y contra Alvise, tras no poder hacer frente a los compromisos adquiridos con los clientes de Madeira Invest Club, definido como "chiringuito financiero" por la CNMV en 2023. Pantallazo 100.000 / EPE En esas conversaciones, a las que Romillo adjunta un informe pericial para acreditar su autenticidad, figura que el 4 de abril Alvise le pidió crear wallets (carteras digitales) para que los interesados financien de forma anónima a sus "ardillas", que es como llama a las personas que supuestamente le informan de casos de corrupción. Un mes más tarde la petición se derivó a la campaña. El día 22 el político ultra escribió: "Como voy a renunciar al 100% del sueldo público me viene bien también eso para financiar al aventura política". Y comentó que "el cash es irrastreable". En los días siguientes, según la denuncia de Romillo, Alvise le propuso mover en su comunidad -compuesta, dice, por compradores de obras de arte digitales- "la campaña para recaudar fondos para digital, audiovisual, propaganda". El empresario entonces le propuso utilizar Sentinel, que es el negocio con el que gestiona lo obtenido con Madeira y que permite el intercambio entre particulares de criptomonedas y efectivo sin dejar rastro. Como Alvise le dijo que la recaudación iba demasiado lenta y "el tiempo le come para los pagos de la campaña", el 27 le propuso pasarse por la sede del negocio, en la calle Maldonado de Madrid, y que recogiera los 100.000 euros en efectivo. La entrega se hizo a las 16 horas y el ahora eurodiputado se lo confirmó con un "todo Ok! 100.000 gracias". pantallazo 100.000 euros / EPE Aunque la cantidad que recibió Alvise es significativa, el Código Penal la eleva a los 500.000 euros para que sea delito de financiación ilegal, sin perjuicio de que el artículo 5 de la ley de financiación de partidos vete y sancione todas las donaciones "anónimas, finalistas o revocables", las que superen los 50.000 euros y las procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica. Sí son delito las donaciones superiores a 1.000 euros procedentes de personas físicas extranjeras. "Los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos", añade la ley de financiación de partidos.
Ver noticia original
 (1).jpg)
Examedia © 2024
Desarrollado por