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Fecha: 26/09/2024 16:35
Crédito Juez Ríos Se realizó este miércoles, en Villaguay, el tercer y último encuentro del ciclo de debates sobre la reforma política que organizó la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Expuso en ese marco el juez Federal con competencia electoral, Leandro Ríos, que fue parte de un panel que abordó, entre otros temas, el financiamiento de la política y los plazos y regulación de las campañas. El magistrado mostró conocer bien a fondo el proyecto de ley que debate la Legislatura, con pelos y señales. En este marco, puso en valor “el acto de madurez” de la dirigencia política de avanzar a paso firme por primera vez “en 40 años de democracia” con la reforma integral de la legislación electoral. “Salga todo el proyecto, salga algún aspecto, creo que vale la pena dar la lucha”, resumió. Planteó como metáfora que el debate supone “entrar en la sala de máquinas del poder democrático”, en un escenario de una democracia consolidada con procesos electorales con “alto nivel de integridad”. “A esto no lo ha logrado la Justicia. Esto es un logro de la ciudadanía y de los partidos políticos. Esto no se recuerda pero las elecciones las hacen las 8 mil autoridades de mesa y los fiscales de los partidos políticos que están cuidando la integridad del proceso electoral y que hacen que el fraude sea prácticamente imposible”, destacó. La máquina Advirtió que “hay que poner sobre la mesa que lo que funciona bien también se puede romper. Abrir la caja de máquinas puede ser bueno pero también puede ser perjudicial. Jugamos con cosas que no tienen repuesto”. En este sentido, apuntó algunas observaciones al texto en debate de los legisladores. “En este tema no hay que tener lengua de palo. Desde un proyecto constructivo hay que decir que el proyecto es bueno. He visto borradores y se ha avanzado, se ha pulido”. “Quiero ir sin embargo a los delitos del patio trasero. Los que nadie lo ve, los que son tema un poco incómodo, un tema tabú. Cuando las elecciones son justas, plenas, no hay delitos, no hay faltas electorales pero cuando las elecciones son muy poco íntegras está en juego el acto democrático”, remarcó el juez que planteó, en primer lugar, el inconveniente que supone, de entrada, que es la justicia federal la que atiende la cuestión electoral y “la provincia no puede regular en delitos electorales”. “La democracia no tiene precio pero tiene un costo. El derecho al voto tiene que financiarse”, planteó y puso el ojo en los fondos en blanco y los fondos en negro que van a la política. “Es ahí cuando estamos a punto de que la criminalidad organizada pueda financiar una elección”, advirtió. “La provincia no puede regular delitos electorales. Solo puede adherir y hay una discusión sobre el punto. El tema está regulado y está regulado para no aplicarse. Ese es el derecho penal simbólico, leyes que no tienen diente, normas que no muerden. Levantamos el palo pero no podemos bajarlo”, ilustró al respecto y aconsejó que la provincia apunte a dictar una regulación respecto del financiamiento “aunque sea insuficiente, aunque sea imperfecta, hay que regular algo”. Autoregularse Marcó el contexto en el que los legisladores se encuentran ante un tema que tiene que ver con su propia autorregulación como hacedores de la política. “Esto requiere una tremenda madurez. Esta reforma se está logrando porque se está viendo que si no se regula se puede abrir espacio al delito”, interpretó y fijó una posición al respecto: “Esto que digo es para proteger la alta actividad política, no para cuestionarla. Todos los partidos están siendo concientes de este problema y me enorgullece por eso mismo este debate”. Apuntó Ríos, en primer lugar, que “el proyecto no logra salir de la perspectiva del usuario”. “Hay normas diseñadas con buenas intenciones pero están diseñadas por los protagonistas. Esta perspectiva del usuario tiene que ser complementada con la perspectiva del proveedor”, convocó. Instó a dejar de lado “el síndrome de Penélope”: “Se teje, se teje para destejer. Diseñamos las normas pero también los huecos para que no se cumpla”, dijo y apuntó que hace falta regular el financiamiento “no solo cuando estamos en campaña”. “Este proyecto no regula el financiamiento ordinario, habitual de la actividad política. Dejamos un hueco para el financiamiento ilícito porque no se asegura la trazabilidad de los aportes”, apuntó Ríos e instó a “prever bancarización y cuenta única. Punto. Ahí sí podemos encorsetar esto”. “Si permitimos el dinero en efectivo estamos perdidos. Es una ley sin dientes”, insistió. Veda para todos Planteó además alguna incongruencia entre dos artículos disímiles que recurren a distintos códigos procesales, uno provincial, otro nacional. Remarcó que “hay fechas fatales, el día de la elección y el día de la asunción de las autoridades. No podemos tener procedimientos sancionatorios que estén por fuera de la velocidad porque si no permitimos que eso se use como arma política”. Al respecto, planteó, respecto de la veda electoral y la prohibición de actos oficiales, que “hay un desfasaje en el tema de la prohibición de inaugurar obras: el proceso electoral tiene que ser transparente, equitativo. Cuando quien está en el poder puede inaugurar obras está siempre en ventaja. Hay 30 días de campaña pero solo en los últimos 15 días rige la veda para inaugurar obras. Esto es malo. La campaña es para todos, para el que está en el llano y para quien está en el poder”, subrayó. Ríos compartió panel con Lisandro Minigutti, secretario General del Tribunal Electoral de Entre Ríos; Javier Tejerizo, director de Asuntos Políticos de CABA; Sebastián Pérez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de UNER; y Carlos Fara, consultor político. Abrió el encuentro, en Villaguay, el rector de Uader, Luciano Filipuzzi, acompañado por el secretario Político de Entre Ríos, Julián Maneiro. Fuente: Página Política
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