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Valle María » Vallemarianoticias
Fecha: 25/09/2024 09:56
El interventor del EPRE y ex diputado provincial fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito. La presentación corrió por cuenta de quienes administraban la Mutual 10 de Abril, donde Juan Domingo Zacarías había invertido una importante suma de dinero en dólares. Una intrigante trama de traiciones y denuncias cruzadas. Una denuncia salpica al interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), Juan Domingo Zacarías y motivó una serie de procedimientos a cargo de la División de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos. Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Gonzalo Badano, que hace algunas semanas recibió una denuncia con datos que daban cuenta de extrañas inversiones que habría realizado Zacarías en la Mutual 10 de Abril y quien promovió la denuncia fue nada menos que el ex presidente de la mutual, Jacinto Fabián Elgadban, motivando la apertura de un legajo para investigar un presunto enriquecimiento ilícito del actual funcionario y ex diputado provincial. Una rareza. En ese marco, el fiscal dispuso allanamientos en el décimo piso del edificio de calle Urquiza 860, en pleno centro de Paraná, donde está la oficina de Zacarías en el EPRE; en el domicilio particular y en una quinta del funcionario en Colonia Avellaneda. De allí secuestraron documentación, equipos informáticos y dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos que ahora serán peritados. La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Zacarías, sin embargo, esconde una trama de denuncias cruzadas por aparentes desmanejos de la mutual con el dinero de sus asociados y adherentes, lo que motivó su intervención judicial. Si bien la denuncia se atribuye a Elgadban, detrás del ex presidente de la mutual se esconde la mano de Guillermo Fabián Caino, el verdadero cerebro detrás de la entidad mutualista. Las suspicacias y especulaciones son varias y saltan a la vista. Las mutuales y cooperativas funcionan bajo la supervisión del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Si bien su función es brindar ayuda social para los asociados, en los hechos, realizan préstamos como cualquier financiera. En el caso de la Mutual 10 de abril, sus principales adherentes (clientes) eran empleados públicos provinciales, ya que se aseguraba el cobro automático de las cuotas, y sus elevados intereses, a través de la tarjeta Sidecreer; y también agentes municipales. En vísperas de las elecciones de octubre de 2023 trascendió que Zacarías había depositado 300 mil dólares en la Mutual 10 de Abril bajo la forma de contratos de mutuo. El primero estaba fechado en diciembre de 2019, por 150 mil dólares; pero un año después firmó otro por 300 mil dólares que reemplazaba al anterior. Las cláusulas del contrato establecían que el dinero le sería reintegrado en 20 cuotas iguales y consecutivas de 1,5 millones de pesos, entre marzo de 2021 y octubre de 2022, y una suma de 50 mil dólares al vencimiento del contrato. Al pie del contrato estaban las rúbricas de Elgadban, como presidente de la mutual; Marta Juana Rosa Gervasoni, secretaria de la entidad; y Agustina Caino, hija del dueño, como asesora letrada. Por supuesto también firmó Zacarías. Los problemas surgieron cuando la mutual dejó de pagar a sus inversores y estallaron en octubre de 2022 cuando el INAES detectó una enorme cantidad de irregularidades administrativas y dispuso realizar una veeduría permanente para analizar las actas y operaciones comerciales de la mutual. La veedora Carolina González corroboró un verdadero desaguisado a nivel administrativo, contable, financiero y económico. También detectó que la mutual enfrentaba decenas de procesos judiciales por sumas importantes de dinero, pero solo siete estaban registradas en los libros contables. Por ejemplo, dos operaciones de mutuo con Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, por 3 millones de pesos que tenían como garantía un boleto de compraventa con pacto de retroventa de la sede del centenario matutino, en la emblemática esquina de Urquiza y Buenos Aires. Otro dato que pasó desapercibido fue que Marta Gervasoni, la secretaria de la mutual, fungía al mismo tiempo como encargada del área mutual del Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades de la provincia. También advirtió que la mutual estaba a cargo de un reducido número de miembros que eran parientes entre sí. Guillermo Caino, el verdadero cerebro, no integraba el órgano de administración, pero había amasado una pequeña fortuna a través de la entidad. Los desarreglos internos fueron mellando la capacidad de pago de la mutual y el lapidario informe de la veedora, que terminó con una denuncia ante el juez federal Daniel Edgardo Alonso ante la sospecha de que se hubiera generado un vaciamiento de la entidad mediante la apropiación de inmuebles y el desvío de los fondos de los asociados y adherentes para beneficio de quienes la administraban, poniendo en riesgo la regularidad de su operatoria y menoscabaron el interés social. El INAES, además, le pidió al magistrado la intervención de la mutual y propuso al contador Oscar Hundt para que se haga cargo de las operaciones de la entidad, lo que efectivamente dispuso a mediados de 2023. Para ese momento la mutual no disponía de ningún dinero en cuentas bancarias ni efectivo; la única cuenta activa estaba embargada y los cheques rebotaban por falta de fondos, de modo que “no poseía ninguna disponibilidad para hacer frente ni siquiera al mínimo gasto” y “existen numerosas causas judiciales (…) que hacen muy complicada la viabilidad a futuro de la entidad, fundamentalmente por reclamos de mutuos dinerarios”, según el detalle del informe que el interventor le entregó al juez. En este complejo entramado de negocios oscuros, el nombre de Zacarías quedó bajo la lupa judicial. El funcionario no ha sido imputado y hasta el momento tampoco ha designado un abogado en el legajo que tramita el fiscal Badano. En off the record ha dejado trascender que el dinero que invirtió en la mutual eran ahorros. En el terreno de las especulaciones, cada uno construirá su película sobre cómo es que aquellos que aceptaron el dinero de Zacarías llegaron a la conclusión de que se trataba de dinero mal habido. ¡A comprar pochoclos! Página Política
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