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» Diario Cordoba
Fecha: 25/09/2024 02:58
Una vida sin pagar impuestos cumpliendo todas las normas. Bajo esta premisa, Álvaro Romillo Castillo, alias Cryptospain y presunto cerebro de la macroestafa piramidal orquesta por Madeira Invest, convenció a, como poco, 3.000 afectados sólo en España para invertir, de media, 100.000 euros en un chiringuito financiero que ya fue señalado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 22 de mayo de 2023. "No son adolescentes soñando con ser criptobros a los que les puedes quitar sus ahorros. Entre los afectados hay personas y empresarios de renombre", señalan fuentes cercanas a la operación. Se trata de la misma cantidad que Madeira Invest Club aportó a la campaña de Alvise Pérez de manos de Romillo. En una información que avanza ElDiario.es, aportada por el propio fundador de Madeira Invest a la Fiscalía, el pago fue recibido en mano en Madrid por Alvise el pasado 27 de mayo, en las en las oficinas de Sentinel BQ, una entidad del mismo dueño de MIC que dispone de 5.000 cajas de seguridad fortificadas en el centro de Madrid y que permite hacer intercambios de dinero bajo una promesa de total confidencialidad. Hay que recordar que la Audiencia Nacional recibió ayer una primera denuncia interpuesta por Zaballos Abogados que elevaría las pérdidas hasta los 600 millones de euros. Va dirigida contra la organización formada por 23 personas jurídicas y 6 físicas, entre ellas Romillo y su padre, quienes presuntamente administraban los fondos a través de cuentas bancarias en Portugal y utilizaban estructuras corporativas de Nuevo México (EEUU) para presuntamente evadir regulaciones. Fuentes cercanas al proceso señalan que se han presentado miles de folios en esta primera denuncia, a la que se añadirán más en los próximos días. "Solo algunos de los afectados tenían suscritos contratos cuya complejidad es tal que asciende a las 300 páginas". El destino de las inversiones era variopinto. Desde grupos de restauración donde almuerza y cena lo más selecto de Madrid a promociones inmobiliarias pasando por minas de cobalto en países africanos hasta concesionarios de lujo. Precisamente esta es una de las mercantiles que aparece en la denuncia a cuyo contenido ha tenido acceso Activos, vertical económico de Prensa Ibérica. Se trata de PKW Drive Club, un concesionario situado en la calle Príncipe de Vergara de la capital que habría sido vaciado entre el 12 y el 15 de septiembre y en el que se vendían vehículos de alta gama, un stock con marcas como Porshe, Ferrari o Bentley. Todos sus empleados también fueron despedidos. Todo se articulaba, presuntamente, a través de otra de las mercantiles denunciadas: Sentinel BQ, empresa que ofrecía a los inversores la opción de depositar su dinero en cajas fuertes con supuesta protección de "grado militar" en Madrid. Situado en la calle Maldonado, este establecimiento operaba como un banco secreto "del que no paraban de entrar y salir maletines con el dinero en metálico de los afectados", señalan fuentes cercanas al proceso. Y es que, para acceder al supuesto club financiero MIT, las siglas de Madeira Invest Club, era preciso abonar una tasa de membresía de 2.000 euros cada año para mantener el estatus adquirido. Una vez dentro, se ofrecía la posibilidad de invertir en criptomonedas y oro, además de los señalados coches hoteles y restaurantes. También, supuestamente, se podía colocar el dinero en obras arte, servicios de charter de embarcaciones o colecciones de botellas de whisky y relojes. A los inversores se les prometían rentabilidades del 30% al 53%. La supuesta trama delictiva señala algunas mercantiles en la demanda como Proelucyon, registrada en Nuevo México, a través de la que supuestamente Romillo ofrecía consultorías, cursos y conferencias. Posteriormente, dio un paso más con el lanzamiento de un servicio de asesoría fiscal llamado Elufiscal, operado a través de una sociedad limitada española, Elulegal SL. También Sabroso LDA, una mercantil portuguesa operada por el padre del cerebro de la supuesta trama, Domingo Romillo Iriarte. En la investigación aparecen otros nombres como Borja Lara, según la denuncia, una de las caras visibles de la estafa (su imagen aparecía junto a la de Rodillo en la web del MIC) y que figura como administrador único en numerosas mercantiles vinculadas al supuesto fraude y Alejandro Pérez Frías, supuesto administrador del concesionario de lujo cerrado. Vínculos con Alvise Los cabecillas del entramado habrían acumulado un lujoso patrimonio, incluyendo embarcaciones y bienes de alto valor. Según fuentes cercanas a la investigación, la familia Romillo podría haber huido del país en un yate valorado en más de 23 millones de euros. Zaballos Abogados ha solicitado que se impongan medidas cautelares para bloquear estos activos y recuperar los fondos de los afectados. Este caso ha cobrado relevancia también por la implicación de Alvise Pérez, conocido activista político y fundador del partido “Se acabó la fiesta”. Pérez había promocionado Madeira Invest Club durante un acto celebrado en Madrid el 6 de abril, en plena precampaña electoral para las europeas, donde presentó la plataforma como una alternativa al sistema financiero "mafioso", “Aquí estáis haciendo cierto tipo de política, que es la contra política a un estado mafioso, perdonadme que lo diga, criminal, que os roba más del 70-75% de lo que producís todos vosotros”. “Yo lo llamo esclavismo moderno”, dijo el eurodiputado, que apeló a “la libertad de la que tanto temen esos corruptos”. La vinculación entre Pérez y Madeira Invest ha sido uno de los factores que aceleraron el colapso de la plataforma, pues las investigaciones actuales buscan aclarar si parte de los fondos recaudados fueron destinados a la financiación del partido de Pérez. No obstante, el reconocimiento de Rodillo de sus vínculos con Alvise a través de la Fiscalía y su disposición a colaborar con la justicia puede cambiar el paradigma de la invesigación. Zaballos Abogados reclama, por el momento, más de 15 millones de euros solo en representación de sus primeros clientes. Los abogados han hecho un llamado a todas las víctimas de la estafa para que se sumen a esta acción colectiva, confiando en que se logren bloquear los activos y recuperar una parte significativa de las inversiones.
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