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» Diario Cordoba
Fecha: 25/09/2024 02:42
El Gobierno avanza en su plan millonario para entrar como accionista en pequeñas energéticas y respaldar como socio directo proyectos empresariales para impulsar la transición ecológica. El Ejecutivo ha recibido una avalancha de peticiones para convertirse en accionista, con 117 compañías interesadas en que entre en su accionariado y financiar su expansión con dinero público, según los datos oficiales interno a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. El Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha puesto en marcha un programa con una dotación de 100 millones de euros para los próximos tres años para convertirse en socio minoritario de compañías con proyectos verdes innovadores y en startups con nuevas soluciones tecnológicas. En apenas dos meses desde que se lanzó el procedimiento no vinculante de presentación de iniciativas por parte de las empresas interesadas de contar con el impulso del capital público, se ha producido una avalancha de sociedades interesadas. De momento, el Gobierno está estudiando formalmente la solicitud presentada por 15 de estas empresas, y trabaja con la previsión de cerrar antes de que termine este año varias de las nuevas inversiones ahora bajo análisis. El Gobierno reactivaba así el programa inversor en empresas y proyectos verdes que comenzó a finales de los ochenta, y lo hacía a lo grande. Y es que el presupuesto de 100 millones de euros, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y de los fondos europeos del Plan de Recuperación (y cuyo importe puede elevarse aún más en el futuro), supone más que duplicar los en torno a 40 millones ejecutados en la compra de participaciones empresariales en las más de tres décadas anteriores en que ha estado funcionando esta estrategia pública, desde finales de los ochenta. De las 117 empresas que han solicitado que el Gobierno compre una parte de la compañía y se convierta en su socio, una quinta parte (el 19,8%) tienen proyectos de almacenamiento y flexibilidad del sistema eléctrico, otras tantas tratan de impulsar energías renovables innovadoras (el 18,8%), y también hay empresas dedicadas a la movilidad sostenible (14,6%), a la cadena de valor industrial vinculadas la transición energética (11,5%) y también al hidrógeno renovable (8%). Ante la falta de solicitudes vinculadas a determinadas áreas, el Ejecutivo busca activamente proyectos vinculados a eficiencia energética en edificios y también para desplegar nuevas renovables en las islas para poder invertir. Además de las compras de participaciones accionariales directas, IDAE también contempla de forma excepcional el uso de otros instrumentos de inversión como los préstamos, los préstamos participativos o la inversión en fondos de capital riesgo u otras herramientas de venture capital para impulsar también de manera indirecta proyectos verdes con el asesoramiento de terceros. De momento, la intención del organismo es utilizar la vía de convertirse en accionista en la gran mayoría de los proyectos en que participe. Reactivación del plan a lo grande Hasta ahora, el Gobierno ha venido haciendo este tipo de inversiones en pequeñas energéticas de manera puntual, cuando surgía una oportunidad y se veía necesario impulsar una compañía mediante este tipo de financiación (las últimas inversiones se realizaron en 2021), pero ahora se pone en marcha un presupuesto específico para desarrollar compras de participaciones de manera intensiva hasta 2026. IDAE actualmente tiene paquetes accionariales minoritarios en 24 empresas y durante las últimas décadas ha llegado a ser socio de hasta 49 proyectos empresariales. La participación media que ha tenido la entidad pública en todas las compañías ha sido durante este tiempo del 10,4% del capital. Con esa inversión conjunta de cerca de 40 millones y el apalancamiento de entre el 65 y el 70% de los proyectos impulsados, el Gobierno calcula que sus operaciones corporativas verdes han llegado a impulsar una inversión total de más de 950 millones de euros. Los planes del Gobierno ahora pasan por comprar participaciones minoritarias que no superen el 10% del capital de las compañías, con inversiones máximas de 10 millones de euros en un solo proyecto. Y los sectores que se buscan impulsar son especialmente los vinculados a proyectos vanguardistas de movilidad sostenible, eficiencia energética en viviendas y la industria, energías renovables, hidrógeno verde, infraestructuras eléctricas, almacenamiento de energía, tecnología que den flexibilidad al sistema eléctrico, eficiencia energética o economía circular. Durante las últimas tres décadas, IDAE ha venido invirtiendo en proyectos pioneros para acelerar su madurez, ayudar a ganar tamaño e impulsar su viabilidad comercial. La entidad pública, adscrita a la Secretaría de Estado de Energía, tuvo un papel protagonista en el desarrollo primigenio de la energía eólica en España con la participación en el capital de algunas de los primeros parques, así como en la rehabilitación y construcción de centrales minihidráulicas, plantas de cogeneración y también de parques fotovoltaicos. Escudo ‘anticonflictos’ El Gobierno maniobra para blindarse frente a posibles conflictos de interés en esta entrada como accionista en decenas de sociedades verdes. Un conflicto de interés que el Ejecutivo trata de evitar y que se teme que pueda producirse por el papel doble de IDAE tanto como inversor y como gestor de programas de ayudas públicas milmillonarios para impulsar la transición energética, especialmente como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y su enorme dotación de fondos europeos. Para sortear estos eventuales choques de intereses, el Ministerio comandado aún por Teresa Ribera se ha autoimpuesto la limitación de no convertirse en accionista de empresas que hayan recibido ayudas públicas gestionadas por IDAE en los dos últimos años o que estén actualmente en procesos en evaluación para recibirlas. El Gobierno ha levantado así un escudo para evitar incompatibilidades vetando a cientos de empresas beneficiarias de los programas multimillonarios de ayudas públicas gestionados por IDAE en los últimos años o que ahora estén optando a recibir fondos europeos. Para asegurarse de que se consigue evitar esos conflictos de interés, el IDAE ha contratado a la consultora GNC Assurance & Advisory para realizar auditorías externas específicas para impedir problemas por la concesión de ayudas públicas a empresas en que participa como accionista, y viceversa. El grupo finalmente adjudicatario se impuso en el concurso público de contratación a gigantes del sector como Deloitte, EY o Grant Thornton.
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