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» El Ciudadano
Fecha: 24/09/2024 17:41
Un pedido de celeridad al máximo tribunal santafesino para que avale la propuesta de pago del conglomerado, réplica de grupo de acreedores que rechazan ese plan con quita del 90% y plazo de 12 años y proponen el cramdown como salida a la crisis, y contraofensiva de la cerealera en default Rescate de los negocios mediante el mecanismo de cramdown o plan de pagos con 90% de quita y a 12 años. La disputa por las deudas que acumuló el emporio Vicentin –la Justicia penal la investiga bajo sospecha de fraudulenta– se dirime entre esas dos opciones y los últimos días sumó, en larga novela, nuevos capítulos que tienen como centro a la Corte Suprema de Santa Fe en medio de la intención del Ejecutivo provincial por renovarla. Carta de “fuerzas vivas” y referentes políticos Lo primero fue una “carta” a la Corte enviada el 18 de septiembre y firmada por varios dirigentes políticos, productores y comerciantes de la ciudad de Avellaneda, incluido su intendente, Gonzalo Braidot, todos cercanos a la empresa que tiene origen en esa ciudad del norte santafesino. En la misiva le reclaman al máximo tribunal que se expida rápidamente y permita el cierre del concurso de acreedores de la aceitera, que entró en default en diciembre de 2019 e ingresó en convocatoria en febrero del año siguiente. A ese movimiento de “personalidades” le siguió otro por parte de un conjunto de 73 acreedores granarios del emporio –productores y corredores– que constituyeron un fideicomiso para negociar en conjunto y explicitaron su rechazo al pedido de aceleración de tiempos. “Dejemos que la justicia actúe en forma independiente y no permita un nuevo robo”, fue la contraofensiva expresada en una solicitada. Réplica de acreedores El fideicomiso, bautizado Commodities SA, está integrado por damnificados que en conjunto explican alrededor del 30% de las deudas de Vicentin, en este caso por granos que compró y no pagó, y suman aproximadamente 400 millones de dólares. Son los que acudieron en queja a la cabeza del Poder Judicial para que analice la decisión de segunda instancia de homologar la propuesta de la agroexportadora para pagar lo que debe, hecha en conjunto con sus socios estratégicos ACA, Viterra y Bunge. El total del pasivo que dejó el conglomerado llega a unos 1500 millones de dólares en perjuicio, además de productores, de entidades financieras locales como el Banco Nación e incluso de bancos extranjeros. “Rechazamos en forma enérgica el reciente intento de ciertos sectores del ámbito comercial de la ciudad de Avellaneda, empleados vinculados a las familias accionistas, algunos miembros del arco político, así como instituciones con sabida participación de miembros de la concursada, de presionar a la Corte Suprema de Justicia para obtener un pronto pronunciamiento tendiente a homologar la propuesta concursal de la agroexportadora, la cual fuera rotundamente rechazada por el juez de primera instancia”, señala el comunicado de los 73. Se trata de un sector que encabeza el corredor Mariano Grassi y que en diciembre de 2021 impulsó el cramdown (mecanismo por el que los acreedores pueden hacer una propuesta para tomar el control de la empresa en default) como salida a la crisis. “No tenemos dudas de que la causa radica en intereses económicos comunes con los imputados, o bien en la desinformación a la que nos tienen acostumbrados los orquestadores del mayor default económico de la historia de nuestra provincia”, sentenciaron en el texto en alusión a los firmantes del pedido de premura a la Corte. “Intento de condicionar a la Corte” El abogado penalista Gustavo Feldman, representante de los acreedores que formaron el fideicomiso, acusó a quienes rubricaron la carta a los cortesanos de un “claro intento de condicionar severamente a la Corte” bajo la presunta motivación de preservar las fuentes de trabajo y la continuidad de la firma. “Pero es gente que está ligada a los directivos procesados de la empresa en el fuero penal”, acotó el letrado. Puso como ejemplo al diputado provincial Dionisio Scarpin y al senador provincial Orfilio Marcón, que –dijo– nutrieron sus campañas electorales con el tema Vicentin. Otros firmantes son la diputada provincial Amalia Granata, asociaciones civiles y de comerciantes de Avellaneda, productores autoconvocados de localidades santafesinas y algunos empleados de la empresa en default. Un conglomerado, señaló Feldman, “de supuestos protectores con un integrante pariente de uno de los (ex directivos) imputados por asociación ilícita” en la Justicia penal. Según el abogado, la Corte a su tiempo va a abrir la queja interpuesta por los 73 acreedores que piden el cramdown y recurrieron en queja tachando de inconstitucional la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista que, en marzo último, dio vuelta el fallo del juez del concurso, Fabián Lorenzini, y homologó el plan de pago que le hizo la agroexportadora a sus 1.700 acreedores. Para Feldman, el máximo tribunal validará la apertura del cramdown y descalificará la propuesta “oprobiosa” de Vicentin que es, reprochó, de “no pago” por las altas quitas y largos plazos. Vicentin, tercer capítulo El tercer capítulo lo escribió la propia cerealera. En otro comunicado, señaló que está “haciendo el máximo esfuerzo para poder pagar lo antes posible” a los acreedores. En ese texto, sintonizó con el pedido de los firmantes del la carta al Poder Judicial al señalar que tiene “confianza en el pronto pronunciamiento de la máxima instancia judicial en los términos ajustados a derecho” para que pueda hacer sus pagos. La cerealera negó además “participación alguna en la elaboración del documento señalado (la carta de los legisladores, cámaras comerciales, autoconvocados y referentes políticos), ni ha participado en la búsqueda de firmas y apoyos”. A la par, descalificó la entidad del fideicomiso de 73 acreedores granarios bajo el argumento de que “sólo representarían el 4,06 % de los acreedores y el 4,15 % del capital, sin descontar el 0,80 % que apoyó la propuesta”. El texto de Vicentin cierra: “Compartimos la preocupación de productores autoconvocados e instituciones de la sociedad civil por la demora en poder concretar el pago a todos los acreedores, injustamente postergados por más de dos años sin ninguna razón que lo justifique. Hacemos saber a la comunidad y a nuestros acreedores que estamos haciendo el máximo esfuerzo para poder pagar lo antes posible. Y que mantenemos la confianza en el pronto pronunciamiento de la máxima instancia judicial en los términos ajustados a derecho”.
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