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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 23/09/2024 19:32
El Instituto Obra Social de la provincia de Entre Ríos (Iosper) y el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos iniciaron un fuerte ida y vuelta en torno al incidencia que tienen en la estructura de costos de la obra social provincial el pago de honorarios a profesionales por la presentación de amparos en la Justicia. En Iosper -la mayor prestadora de salud de la Provincia, con 300 mil afiliados- sostiene que el costo de los honorarios tuvo un brusco incremento del 1.784% entre junio de 2023 y agosto de 2024, empujado principalmente luego de la aprobación por parte de la Legislatura de la nueva Ley de Honorarios, que toma como base el 1,5% del sueldo de un juez de primera instancia. Iosper proyectó para 2024 un gasto presupuestario de $402 millones en juicios y mediaciones; pero ese monto debió ampliarse en $1.400 millones como consecuencia de la modificación a la Ley de Honorarios que introdujo la Legislatura, y que actualizó el valor del jurista, la base de cálculo de los honorarios. La obra social ha gastado $1.802 millones. Aumentó un 348% el gasto en costas. Por eso, desde Iosper piden cambiar la Ley de Honorarios. “Hoy es un valor movible, porque es el 1,5% del sueldo de un juez de primera instancia. Antes era un valor fijo. Pensamos que se podría poner un porcentaje menor, o con otra base de cálculo –asevera-. En 2023, cuando se proyectó el Presupuesto, se previó una suma de $402 millones en gastos de honorarios judiciales; en junio de 2023, el valor jurista estaba en $2.750; pero luego de la modificación de la Ley de Honorarios, porque el valor jurista hoy está en $53.823, se debió aumentar en $1.400 millones más, llevándolo a $1.800 a la partida de honorarios”. «La mala gestión de los recursos de los afiliados ha llevado a que el Iosper no cubra en debida forma las necesidades de los trabajadores entrerrianos y sus familias, obligándolos a acudir a las acciones de amparo, a fines de recibir prestaciones médicas básicas que el Iosper y sus autoridades desatienden», fustigaron desde el Colegio de la Abogacía. «Pretender reducir el desfinanciamiento a una cuestión de honorarios es de una ignorancia e inoperancia alarmante de quienes tienen que administrar la obra social más importante de la provincia. Ninguna otra obra social o empresa de medicina prepaga cuestiona esos aspectos. Al contrario, intentan mejorar y optimizar sus prestaciones a fines que sus afiliados las reciban en tiempo y forma», apuntó la entidad. Ahora, desde Iosper retrucaron. «Pretender resumirlo en una falta de buena o mala administración es realmente muy playito, toda vez que los recursos de amparo hace tiempo que dejaron de ser un remedio excepcional para pasar a ser una acción administrativa más, desde que se lo definió al recurso de amparo como la industria del juicio, generado por supuesto por algunos profesionales, no por todos -señalaron desde la obra social-. Sabido es que ningún organismo oficial o privado puede cercenar los derechos de los ciudadanos, por lo menos desde Iopser mantenemos ese principio. Eso no significa que se genere el abuso por algunos transformándolo en un negocio, como lo expresaron algunos profesionales en un grupo de whatssap al enterarse de la aprobación de la Ley: ´Espero que nuestros clientes puedan ser solventes o al menos que tengan una motito, un terrenito, una casita…, un sueldito que embargar´. Ello sí deja en claro que no se está detrás del ejercicio del derecho que se vulnera, sino detrás del honorario, una muestra cabal de ello es el acontecimiento acaecido por un amparo generado, indudablemente por el profesional interviniente, ya que sin mediar trámite administrativo alguno se solicita la afiliación de un deudo menor de edad, que ya se encontraba afiliado y nunca corrió riesgo su afiliación». «Resulta burdo, pueril e inconsistente el comunicado del Colegio de la Abogacía respecto al planteo formal y real que se hizo desde Iosper a la vigencia de la nueva Ley de Aranceles», señaló la obra social. «Pretender resumir la situación planteada meramente en una cuestión de falta de operatividad por parte de la obra social y que por ello se generan las acciones de solicitudes de juicios sumarísimos, como lo son las aciones de amparo es desconocer completamente lo manifestado o hábilmente pretender justificar lo injustificable, criticando al accionar prestacional de la obra social». Desde Iosper indicaron: «Debe quedar claro que lo que se planteó es el aumento desconsiderado ocurrido por la aprobación de la Ley de Honorarios.No es otra cuestión, salvo que se pretenda justificar que el 1.784,50% en un año esté considerado como algo razonable en la Argentina de hoy o en la Provincia de hoy y se hizo hincapié que no se trató en la Legislatura entrerriana esa misma porcentualidad para los trabajadores estatales entrerrianos, todo lo demás son argucias defensivas, insisto, por no poder justificar lo irracional». De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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