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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 20/09/2024 15:34
El reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos ha puesto en el centro del debate a la Legislatura provincial. El conflicto se originó cuando la ONG, Entre Ríos sin Corrupción, presentó un pedido judicial exigiendo la publicación de contratos, subsidios y operaciones administrativas realizados en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados durante los últimos dos años, hasta marzo de este año. La organización, que trabaja desde hace años para promover la transparencia en la gestión de los recursos públicos, solicitó que ambas cámaras revelen detalles sobre la contratación de personal y la entrega de subsidios, con el objetivo de «desnudar una forma o mecanismo desarrollado por la Legislatura provincial que empaña el manejo de recursos públicos», según argumentan en su pedido. Este caso está basado en la Ley de Acceso a la Información Pública, que otorga a los ciudadanos el derecho de conocer cómo se administran los fondos del Estado. El STJ falló a favor de la ONG, exigiendo a la Legislatura que publique la información solicitada. Sin embargo, la sentencia aún no está firme, ya que existe la posibilidad de apelar a través de un recurso extraordinario. Ambas cámaras tienen un plazo de 15 días hábiles para responder. «No tenemos inconveniente en socializar la información», asegura Cavagna En diálogo con Despertar Entrerriano, el senador provincial Rafael Cavagna se refirió al fallo judicial y explicó la postura de la Cámara de Senadores frente al pedido de transparencia. “Hemos encomendado a la Presidenta de la Cámara de Senadores que se profundice en el análisis de la sentencia para determinar si cumple con los parámetros constitucionales de razonabilidad que debe tener un decisorio», comentó. Cavagna destacó que la demanda está dirigida a la Cámara como un todo y no a cada senador de manera individual. «Nuestro bloque no tiene inconveniente en socializar la información, pero es importante aclarar que la demanda está instada ante la Cámara de Senadores, no ante cada senador en particular», explicó. Además, añadió que “acatar las decisiones de la Justicia es nuestro objetivo, aunque utilizaremos todas las instancias si es necesario». La respuesta de la ONG: «Los plazos están corriendo» Por su parte, la abogada Valeria Harari, quien firmó el pedido de información en representación de Entre Ríos sin Corrupción, también brindó declaraciones a Despertar Entrerriano. Harari explicó que aún están corriendo los plazos para que ambas cámaras cumplan con la sentencia y que “son 15 días hábiles los que tienen para responder”. Harari también expresó su preocupación ante la posibilidad de que las cámaras decidan apelar el fallo. «Sabemos que existe la posibilidad de un recurso extraordinario. Lo que estamos pidiendo es información pública que debería estar disponible para todos los ciudadanos de manera natural, sin necesidad de recurrir a instancias judiciales». En paralelo a esta situación judicial, la Cámara de Senadores aprobó anoche el proyecto de Resolución 30.182, que busca condicionar la conducta de los legisladores y de aquellos involucrados en el pedido de información de la ONG. El proyecto fue presentado de manera inesperada por el senador Martín Oliva (PJ) durante la sesión, solicitando su tratamiento sobre tablas sin una lectura pública previa y sin abrir debate en el recinto. Fue aprobado por unanimidad en cuestión de minutos. La aprobación del proyecto ha generado tensiones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ya que en la Legislatura están en juego otros proyectos de gran importancia para la provincia, como el Presupuesto 2025, la reforma a la Caja de Jubilaciones y la reforma política. Además, si la Legislatura no brinda la información requerida por la ONG, la vicegobernadora Alicia Aluani podría verse ante una situación de desobediencia judicial, lo que agravaría aún más el conflicto. El pedido de Entre Ríos sin Corrupción busca transparentar lo que, según la ONG, ha sido un mecanismo constante de opacidad en la administración de recursos públicos dentro de la Legislatura provincial. La organización intenta reconstruir cómo se han distribuido los contratos y subsidios durante los últimos años, denunciando que las cámaras legislativas han manejado fondos de manera poco clara. Este conflicto, que aún está en desarrollo, no es el primero que enfrenta la Legislatura provincial en cuanto a transparencia y rendición de cuentas. Casos anteriores han planteado situaciones similares, aunque esta vez el fallo del STJ ha puesto en jaque la relación entre el Poder Judicial y el Legislativo, lo que augura un desenlace tenso y determinante para el futuro político de la provincia. Con los plazos en marcha y las tensiones presentes, la resolución de este conflicto será clave para definir el equilibrio entre poderes en Entre Ríos y la disposición de la Legislatura a transparentar su gestión de recursos públicos. Fuente: Despertar Entrerriano
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