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» La Capital
Fecha: 19/09/2024 13:01
El motivo es la incautación del avión de carga Boing 747 que fue embargado por EEUU, en colaboración con la Argentina, en 2022 Maduro fue reelecto en Venezuela el 28 de julio pasado, en unos comicios plagado de irregularidades y por el cual varios países, entre ellos la Argentina, desconoce la legitimidad del triunfo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue reelecto en unos comicios plagados de irregularidades, emitió este miércoles una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei, su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich. Así lo anunció el fiscal chavista Tarek William Saab. “Este ministerio público de República Bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso, y se encuentran tramitando las órdenes de aprehensión contra los siguientes ciudadanos, en base a lo anteriormente dicho: uno, Javier Milei, presidente de la República Argentina; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la nación Argentina; y Patricia Bullrich, ministra de seguridad de la nación Argentina”, dijo Saab a medios venezolanos. El bloque de Diputados de Amalia Granata fue a la Justicia para anular la reforma previsional Una nueva de Maduro: le pidió al fantasma de Maradona que "no lo deje dormir" a Javier Milei Para fundamentar el pedido de detención, el gobierno de Venezuela argumentó su persecución contra el presidente argentino en el marco de la incautación del avión de carga Boeing 747 que fue embargado por Estados Unidos en colaboración con la Argentina en 2022. El avión había sido transferido anteriormente de la aerolínea iraní Mahan Air, que según las autoridades presta apoyo al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán —Fuerza Quds— a Emtrasur, una aerolínea de carga venezolana y filial de una empresa estatal que había sido sancionada anteriormente por Estados Unidos. Las autoridades afirmaron que la venta, realizada sin autorización del gobierno estadounidense, violaba las leyes de control de las exportaciones y beneficiaba también indebidamente a la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní. El anuncio de la fiscalía chavista se da luego de que los fiscales argentinos Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe reclamarán ayer martes a la Cámara Federal de Buenos Aires que se ordene la indagatoria y la captura de Nicolás Maduro y de su mano derecha, Diosdado Cabello. El dictamen también alcanza a una treintena de militares y agentes de inteligencia acusados de ser responsables de torturas, secuestros y ejecuciones en su país, en el marco de un “plan sistemático”. La iniciativa del Ministerio Público Fiscal de la Argentina fue impulsada por un pedido de las víctimas, quienes, representadas por el abogado Tomás Farini Duggan, apelaron al principio de justicia universal para denunciar los crímenes en el país. Durante la audiencia, seis venezolanos expusieron los tormentos que padecieron, y uno de los testimonios resultó particularmente relevante: el de un fiscal venezolano, cuyo relato cuestionó la idea de que estos delitos debían ser juzgados exclusivamente en Venezuela. Persecución Tras las elecciones del 28 de julio, la dictadura de Maduro aumentó su asedio contra la disidencia venezolana. Entre las víctimas de esta persecución están los líderes opositores Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola Magalí Meda, quienes se encuentran asilados en la Embajada argentina en Caracas, Venezuela. Los opositores se refugiaron luego de que la Fiscalía chavista los acusara de varios delitos, como “conspiración” y “traición a la patria”, entre otros. A finales de julio, este grupo de opositores denunció que “funcionarios de seguridad del régimen” estaban a las afueras del lugar y buscaban “tomar esta sede diplomática”, lo que calificaron como una “grave violación al derecho internacional”. Desde agosto, Brasil se ocupa de la custodia de las sedes diplomáticas de Perú y la Argentina en Venezuela, así como de la representación de sus intereses y ciudadanos en el país caribeño, tras la expulsión de los miembros de ambas legaciones. Además de Perú y la Argentina, el gobierno de Maduro también exigió a Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay el retiro “inmediato” de sus representantes, en rechazo a sus “injerencistas” declaraciones sobre las presidenciales del 28 de julio.
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