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Parana » Radio La Voz
Fecha: 19/09/2024 08:00
La AFIP realizó una serie de allanamientos que dejó al descubierto una trama de presunta evasión de impuestos y lavado de dinero detrás de la cadena de Farmacias Villegas. Cómo crecieron mientras transitaban un proceso de quiebra en la justicia provincial. Un patrimonio millonario, inversiones sospechosas, un complejo entramado de negocios, una caja chica escalofriante y el funcionario sospechado que incomoda al Gobierno. El inusual movimiento de Gendarmería, en conjunto con personal identificado con chalecos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), alteró la monotonía habitual de los paranaenses hace unos días. El despliegue estuvo motivado por una serie de allanamientos en el marco de una investigación que tiene bajo la lupa a la cadena de Farmacias Villegas, un grupo económico familiar cuyo crecimiento exponencial llamó la atención de la AFIP porque, según dice el organismo, no se correspondía con los ingresos que reportaba ante el fisco. En los allanamientos en farmacias, domicilios particulares, estudios contables, escribanías y oficinas administrativas se incautaron equipos informáticos, dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos y una voluminosa cantidad de documentación; pero lo que más llamó la atención fue que tuvieran a mano alrededor de 170 millones de pesos y 170 mil dólares en efectivo. Farmacias Villegas es el nombre de fantasía de un complejo entramado de empresas cuya referencia es Fabián Alberto Villegas, un farmacéutico de origen cordobés llegado a Paraná en 1993, luego de haber vivido algunos años en el norte santafesino. Lo acompañaba su esposa, Mariela Raquel Lissa, ingeniera en sistemas, a quien había conocido siendo ambos estudiantes, en la búsqueda de un ámbito amigable en el cual desarrollar su profesión, e inició un emporio que hoy está sospechado de haber desarrollado un complejo esquema de evasión fiscal y lavado de activos. Villegas montó su primer local comercial en calle Don Bosco 1505, esquina Sosa Loyola. Fue la nave insignia de un grupo económico que hoy administra unas treinta farmacias en Entre Ríos (mayormente en Paraná) y Santa Fe y brinda alrededor de cuatrocientos empleos directos e indirectos a través de distintas sociedades comerciales que solo en 2022 registró una facturación cercana a los 4.500 millones de pesos. El grupo de negocios que funciona bajo el nombre de Farmacias Villegas está encabezado por Fabián Villegas, su esposa Mariela Lissa y los hijos de la pareja, Máximo e Ignacio Villegas. La AFIP puso el ojo en Farmacias Villegas en el año 2021, a partir de la detección de grandes diferencias entre el crecimiento de la cadena de farmacias, la facturación y el volumen de impuestos que declaraban, aunque la investigación tomó impulso el año pasado, cuando el organismo radicó la denuncia penal que tramita el fiscal federal Leandro Ardoy. La ley provincial que regula el funcionamiento de las farmacias establece, entre otras cuestiones, que una persona física o jurídica no puede ser propietaria de más de dos farmacias y que la Dirección Técnica deberá ser ejercida por un farmacéutico matriculado, de modo que la expansión del negocio obligó a la familia a crear al menos una decena de empresas bajo la figura de sociedades de responsabilidad limitada, en cabeza de hombres de paja y cuya gerencia está a cargo de algún integrante de la familia Villegas. En el cruce de información de ese complejo entramado de sociedades, los sabuesos detectaron que las irregularidades también se extendían a los socios de las distintas empresas que se fueron conformando para la administración de las farmacias e incluso hacia actividades que desarrollaban fuera del negocio de boticarios. De ahí que también pusieran el ojo en los profesionales que llevaban la administración contable del grupo, los contadores Fabián Kochendoerfer y Gustavo Enrique Passadore, quienes aparecen vinculados a emprendimientos gastronómicos y una empresa constructora que desarrollaba proyectos inmobiliarios a través de fideicomisos, algunos de ellos en sociedad con allegados a la familia Villegas. La sospecha es que utilizaban esas estructuras comerciales para evadir el pago de impuestos y financiar el crecimiento de las Farmacias Villegas, tanto en Paraná como en otras localidades entrerrianas y, más recientemente, en Santa Fe. Caída y resurrección Villegas abrió su primera farmacia en un pequeñísimo local en un barrio, aunque estableció un esquema de negocios novedoso para esos años, como punto de venta múltiple, es decir, no ofrecía exclusivamente medicamentos, sino también artículos de perfumería y luego también carteras, bolsos y enseres de marroquinería. Sin embargo, tuvo un crecimiento exponencial desde 2012, con la multiplicación de farmacias en distintos puntos de la capital entrerriana, en coincidencia con la salida de una quiebra de Livil SA, la empresa a través de la cual Villegas y su esposa administraban el negocio familiar. Sus abogados lo atribuyeron a “deficiencias administrativas que comprometieron la suerte de la empresa”, que los llevaron a incumplir el pago de créditos bancarios, deudas impositivas nacionales y provinciales, tasas municipales, aportes a la seguridad social y con aseguradoras de riesgo de trabajo, entre otras, por 1.413.287,54 pesos. Sin embargo, el síndico que intervino en el proceso advirtió que “una vez constituida la sociedad, su administración y gestión se confundió con el patrimonio y la gestión personal de los cónyuges-socios”. Dijo además que Livil SA “resultó una mera máscara jurídica absolutamente nula, ordenada a hacer frente a las obligaciones, en perjuicio y fraude a los acreedores” y denunció que Villegas y Lissa habrían pergeñado un “plan de insolvencia” para perjudicar a los acreedores. Los fundamentos del síndico motivaron que la quiebra de Livil SA se extendiera también a los socios de la empresa, por considerar que habían desviado indebidamente los intereses de la sociedad para beneficiarse ellos, por lo que en 2020 el juez dictó la inhibición general de bienes a Fabián Villegas y Mariela Lissa. El 23 de septiembre de 2023, el juez Ángel Moia dispuso la conclusión de la quiebra, luego de que Villegas y Lissa cancelaran la totalidad de los créditos de los acreedores y de los honorarios profesionales que intervinieron en el proceso. La medida, además, les restituía la plenitud de sus facultades para emprender actividades comerciales y ambos se reinscribieron como monotributistas ante la AFIP en junio de 2024. La pareja salió del proceso con un patrimonio que (subvaluado) superaba holgadamente los 300 millones de pesos, entre participaciones accionarias en empresas, bienes muebles e inmuebles. Villegas figuraba como titular del 5 por ciento de las acciones de Deltafarma SRL y Lissa ostentaba el 90 por ciento de las acciones de Omegafarma SRL, dos empresas a través de las cuales administran algunas farmacias. Otros locales comerciales están registrados a nombre de otras sociedades con participación de los hijos de ambos, Máximo e Ignacio, otros familiares y allegados. En la continuidad del plan de expansión, el grupo comercial Farmacias Villegas desembarcó el año pasado en Santa Fe. Lo hizo comprando la empresa Luar Med SRL por parte de Máximo e Ignacio Villegas, quienes pagaron inicialmente 28.300 dólares para quedarse con el 95 por ciento de las acciones de la sociedad y, unos meses después, otros 50 mil pesos por el 5 por ciento restante. La causa que lleva adelante el fiscal Leandro Ardoy no tiene imputados hasta el momento, pero fuentes judiciales confirmaron que los integrantes de la familia Villegas y los contadores que llevaban sus libros designaron como abogado a Pablo Franco. La familia se ha jactado de haber crecido con un esquema de negocios novedoso e innovador, con capitales propios y sin franquicias. Pero en los tribunales no se descarta que haya otros implicados en la maniobra. Tampoco se ha determinado una calificación de los delitos ni se han establecido fehacientemente los montos de una posible elusión de pago de impuesto a las ganancias, bienes personales e IVA, se indicó. Una última apostilla: la investigación tiene también un costado político que ha inquietado a funcionarios cercanos al gobernador Rogelio Frigerio, ya que el contador Kochendoerfer, sospechado de haber constituido estructuras contables para la evasión y fortalecimiento de las farmacias, está a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), al menos desde 2018, y es empleado de carrera del organismo, como su abogado.
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