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Parana » Bicameral
Fecha: 19/09/2024 00:25
El diputado nacional entrerriano Beltrán Benedit (La Libertad Avanza) fue el único de los seis legisladores libertarios que visitaron genocidas en el Penal de Ezeiza que no presentó el descargo requerido por las comisiones de Peticiones y Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja. Si bien fue sindicado como el organizador de la comitiva que estuvo con, entre otros, Alfredo Astiz, el dirigente rural no envió el escrito que había solicitado en medio de una lluvia de pedidos para que sea suspendido e incluso echado de su banca. La ausencia de una explicación por parte de Benedit se suma a otras acciones vinculadas que lo siguen poniendo en el ojo de la tormenta. El entrerriano, según se supo, no fue sólo al penal mencionado, sino que también visitó represores en Campo de Mayo. Así se desprende de los chats ventilados por Lourdes Arrieta, una de sus pares y quien estuvo también en el viaje a la cárcel de Ezeiza. Según la legisladora, se ocultó el fin último del encuentro, que sería trazar una plan para liberar a quienes cumplen condenas por haber cometidos delitos de les humanidad en la última dictadura cívico-militar. Días atrás, comisiones de Diputados se reunieron para tratar lo sucedido. Había un pedido expreso de conformar una comisión especialmente dedicada a analizar lo que pasó. Sin embargo, con ayuda del PRO, las aguas se dividieron y sólo se concluyó citar a los involucrados a dar algunas explicaciones, que incluso podían desestimar si así lo deseaban. En vez de ir, todos presentaron escritos, con excepción del diputado entrerriano. “El PRO trabaja en tándem con La Libertad Avanza. Se oponen a la comisión, después quieren que vayan explicar, después van a querer otra cosa. Son todas medidas dilatorias, no quieren avanzar en ninguna sanción“, le confió oportunamente una fuente parlamentaria a Bicameral. El diputado entrerriano ha desaparecido prácticamente de la escena pública desde que se destapó el escándalo. Sólo mantuvo contacto con este medio en una ocasión, pero se limitó a decir que, por ahora, no formulará declaraciones. QUÉ DIJERON LOS OTROS DIPUTADOS Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo presentaron el mismo escrito, de apenas una carilla. “Desde nuestra función como representantes del pueblo, estamos profundamente comprometidos con los valores de la libertad, justicia y derechos humanos que nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales reconocen y protegen”, comenzaron. Sobre la visita, de acuerdo a lo consignado por Parlamentario, justificaron que estuvo destinada a “observar de primera mano las condiciones de las instalaciones del centro penitenciario, y escuchar a las autoridades del penal, al personal médico y a todos los profesionales del mismo, lo que así hicimos”. “En ningún momento buscamos interferir en procesos judiciales ya concluidos por la justicia o en curso, en un pleno convencimiento del respeto a la división de poderes”, indicaron. Para ambos, “cualquier versión respecto de los hechos acontecidos fuera de estas líneas es totalmente ajeno a nuestra persona. Creemos que la tolerancia democrática implica admitir todas las ideas, incluso cuando éstas son contrarias a las propias”. Por su parte, Alida Ferreyra dijo que asistió en su “carácter profesional, como abogada penalista” para abocarse “a la situación del estado de las unidades de detención”; también “por motivos humanitarios, a fin de constatar la vigencia del artículo 18 de Constitución Nacional, como garantía de no transformar las ‘unidades carcelarias’ y las ‘penas’ en una especie de tormento para los reclusos, priorizando el concepto de seguridad por encima del castigo y la mortificación”. En su descargo, Rocío Bonacci manifestó: “No tengo nada que ocultar -y demostraré que mi conducta es irreprochable-; tampoco corresponde que se me someta a un ‘proceso’ injusto y contrario a la ley, ya sea porque no se especifica debidamente cuál es el ‘cargo’ que debo contestar, o que se reiteren indefinidamente”. En su escrito, Lourdes Arrieta se quejó: “No se ha garantizado en forma alguna, el derecho de defensa ni la actividad probatoria de ninguna de las personas que fueron mencionadas, por lo que mal pudiera tomarse alguna resolución en virtud de las contestaciones que a vuestro requerimiento se formulan”.
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