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Parana » Pagina Politica
Fecha: 17/09/2024 23:10
El “blindaje” al veto de Javier Milei, que echó por tierra el aumento a jubilaciones y la remisión de fondos para las cajas provinciales, abrió una herida en la Unión Cívica Radical (UCR) que no cicatriza. La Mesa de la Convención Nacional partidaria resolvió denunciar ante el Tribunal de Ética a seis diputados que hicieron posible que se ratifique el veto presidencial. Cuatro votaron rechazando la ley (Luis Picat, Mariano Campero, Pablo Cervi y Mariano Arjol), luego de reunirse con Milei en Casa Rosada; otros dos (Roxana Reyes y Gerardo Cipolini) se ausentaron de la sesión facilitando la pulseada en favor del gobierno libertario. Gastón Manes y Hernán Rossi firman la resolución que, además, suspende preventivamente a los legisladores que votaron en contra de la ley y que se espera que sean parte de un agasajo anunciado por el Presidente en Olivos. Mientras tramita esta denuncia en el ámbito partidario, se resquebraja la bancada radical. La entrerriana Marcela Antola, junto a sus pares Manuel Aguirre, Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli, Pablo Juliano, Juan Carlos Polini, Jorge Rizzotti y Danya Tavela, piden “reordenar” el bloque previendo la expulsión de la bancada, moción que tiene el impulso del presidente del Comité Nacional, el senador Martín Lousteau. Lecturas desde Entre Ríos Tras la decisión partidaria, conocida el lunes, en Entre Ríos aparecen distintas lecturas junto con los ecos de otras veces en que la UCR sancionó a afiliados o, por el contrario, hizo la vista gorda ante algunos “desvíos”. El presidente del Comité Provincial, Fuad Sosa, consideró que en este caso el partido “ha tomado la decisión correcta”. “La Mesa de la Convención Nacional ha decidido suspender a estos diputados, iniciar la denuncia ante el Tribunal de Ética que es el que debe decidir. Tienen instancia de apelación ante la Convención (el pleno)”, precisó Sosa en diálogo con Página Política y planteó que si es la mesa la que inició el proceso, de algún modo, se anticipa “una opinión unánime de todos los radicales de exigir un poco de conducta”. “Personalmente, veo muy correcto lo que se ha decidido”, sentenció Sosa. “Se ha avanzado en el proceso de desafiliación, además de que se los aparta del bloque”, interpretó el presidente de la UCR. Contra esta mirada, la diputada radical Gabriela Lena dio su primera impresión de la decisión partidaria: “Es una locura”. “No estoy de acuerdo con lo que hicieron los diputados pero no me parece desangrar así al partido”, apuntó. Hizo notar la legisladora que “hay una doble vara que no tiene sentido”. “No lo echaron a Ricardo Alfonsín cuando se fue de embajador en el peor gobierno que tuvimos, el de Alberto Fernández. Tampoco hubo ninguna sanción cuando algunos diputados dividieron el bloque radical cuando yo era diputada nacional”, comparó. “La UCR se debe un gran debate de cuál es el rumbo que quiere seguir para no desaparecer pero la doble vara conmigo no va. O a todos o a ninguno. No estoy de acuerdo”, remarcó. Respecto del punto, para Sosa es sanción “para todos”: “Ante todas las inconductas se deben tomar medidas. Llámese (Luis) Petri; llámese Ricardito Alfonsín; llámese Juan Pérez. Ante toda desviación, las autoridades deben actuar de manera de que se tome nota”, consideró. Antecedentes La historia de la UCR entrerriana tiene como mojón más reciente de sanciones, el trámite que se siguió contra la exdiputada Lucía Varisco. Se impugnó su decisión de ser candidata por afuera, (por el Partido FE), en 2021. Pero la medida se demoró demasiado, sopesando el impacto que podría tener. Pero además, cuando se impuso finalmente la sanción (prohibición de ocupar cargos partidarios por el lapso de tres años) no fue aplicada. En efecto, Varisco logró integrar la lista de delegados al Comité Nacional, en 2023, lo que abrió curso a objeciones no resueltas. Varios años antes, en 2002, fueron expulsados de la UCR los exdiputados que habían promovido el Juicio Político a Sergio Montiel: Julio Rodríguez Signes, Ana D’Angelo, Adolfo Lafourcade y Hernán Burna. El único que judicializó la decisión partidaria, y tuvo fallo favorable, fue el primero de ellos, actual fiscal de Estado, puesto que ocupa desde 2008. En 2007 se resolvió la suspensión de la afiliación de Rubén Villaverde por haber acompañado el proyecto de ley que declaraba la necesidad de la reforma, en condición de diputado provincial. Luego recuperó su condición de afiliado, por decisión de un congreso partidario, aunque sin la antigüedad. A nivel nacional, el caso más resonante fue el de Julio Cobos, con impacto en los debates de la provincia. Quien fuera vicepresidente de Cristina Fernández, liderando a los denominados entonces radicales K, fue expulsado en 2007 de la UCR por una conformación del Tribunal de Ética que integraba al diamantino Rodolfo Parente. Cambió el viento para Cobos tras el voto “no positivo”, en el marco del conflicto agropecuario que abrió “la grieta” en el tablero político nacional. El radicalismo decidió levantar la pena con un tribunal que incluía al paranaense Enrique Pereira, quien hizo saber a quien quisiera oirlo su profunda contrariedad con la decisión que se sintió obligado a tomar. UCR nacional La sanción impuesta, preventivamente, despabiló la interna en la UCR nacional. Este martes, está convocada a reunión la bancada de diputados que tiene que abordar el pedido de Antola y compañía de separar a los pares que coquetearon con Milei. Como antesala del encuentro, el jefe del bloque, Rodrigo De Loredo, cuestionó duramente la decisión de la Mesa de la Convención Nacional. Otro que planteó sus impugnaciones a la decisión partidaria fue el mendocino Alfredo Cornejo quien en 2007 era ladero de Cobos entre los radicales K. Ante este portal, Antola expresó su malestar con los legisladores suspendidos tras acompañar el veto a “una ley que por otra parte fue trabajada por el propio bloque de la UCR”. “Lo que no se entiende, además, es la foto en Casa Rosada justo horas antes de la votación”, criticó. Dijo ser “orgánica a la autoridad de la Convención del partido” aunque marcó su expectativa de que “la sanción no sea extrema”. “La UCR es un partido amplio con miradas diferentes y que hay que respetar”. “Entiendo que hay que mejorar los mecanismos internos para lograr mayores consensos en temas que consideramos centrales como educación, salud, y jubilaciones para poner freno a los desbordes del gobierno actual, como así también acompañar aquellas iniciativas que sean para mejorar la calidad de vida de los habitantes del país”, definió. Fuente: Página Política
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