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» Diario Cordoba
Fecha: 16/09/2024 12:25
Dos empresarios de la joyería, de las provincias de Córdoba y Cádiz, han aceptado penas de prisión y el pago de sendas multas de 494.032 euros por delitos contra la Hacienda pública cometidos a través de compraventas falsas de oro en los años 2010, 2011 y 2012. El juicio ha sido celebrado por la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba en los últimos días y ha quedado visto para sentencia. Fuentes próximas a este procedimiento han informado de que los dos acusados reconocieron los hechos, mientras que la fiscal ha retirado la acusación para un tercer individuo, familiar del empresario cordobés. Finalmente, y teniendo en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas (los hechos ocurrieron hace más de diez años), el Ministerio Público ha solicitado que se impongan a cada uno de los acusados penas de prisión que suman un año, diez meses y 15 días, y multas que suman la referida cantidad de 494.032 euros. Entre otras penas, también tendrán que indemnizar a la Agencia Tributaria en una cantidad que roza los 2 millones de euros en total. Esta responsabilidad civil debe ser atendida por los dos encartados y, de forma subsidiaria, por la empresa cordobesa. Facturas ficticias y una empresa falsa Inicialmente, la Fiscalía acusó a tres joyeros (retiró la acusación respecto a una cuarta persona) y solicitó 15 años y un mes de cárcel para cada uno de ellos por supuestos delitos contra la Hacienda púbica. Las multas ascendían a un total de 136 millones de euros, 45,4 millones de euros para cada uno de los encartados. La vista estaba prevista para el pasado mes de junio y fue aplazada hasta septiembre por la Audiencia provincial debido a un cambio de abogado. Estos individuos ya fueron condenados a cinco años y nueve meses de prisión por la Audiencia provincial, pero el Tribunal Supremo anuló la sentencia y ordenó la repetición del juicio al considerar que se debieron practicar pruebas solicitadas por las defensas (una contrapericial, ya que la presentada fue realizada por un inspector tributario, y otras documentales) que fueron inadmitidas entonces. El Ministerio Público ha sostenido que en los años 2010, 2011 y 2012 declararon ventas de oro inexistentes y se lucraron con las devoluciones de Hacienda. Así, apunta que habrían simulado estas operaciones con facturas ficticias emitidas por una empresa falsa de la que era administrador único el acusado gadtiano. Por estas actuaciones, ha considerado a los encartados responsables de delitos contra la Hacienda pública en concurso con delitos de falsedad en documento mercantil.
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