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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 16/09/2024 05:26
El Ejecutivo provincial promueve distintas modificaciones a la Ley Nº 8732, luego del aumento del 3% de los aportes de trabajadores y jubilados, que es resistido por los principales gremios de Entre Ríos. Los reclamos de la Mesa Intersindical, que integra Agmer, UPCN y ATE, y la postura del peronismo en la bancada opositora. ¿Marcha de unidad? La situación del sistema previsional de Entre Ríos, regulado mediante la Ley 8.732 de Régimen de jubilaciones y pensiones para el personal provincial y municipal, emerge como una prioridad sustancial de la agenda oficial del gobierno de Rogelio Frigerio. El diagnóstico financiero de la Caja fundada en 1950, a través de la Ley Nº 3.600, y reformada en diferentes ocasiones hasta la sanción de la normativa Nº 8732, vigente desde 1993, es parte de las demandas estructurales y urgentes a los distintos gobiernos de turno. La cuestión deficitaria, que en 2023 llegó al 41%, posicionando a Entre Ríos como uno de los distritos con mayor saldo negativo dentro de las 13 jurisdicciones que continuaron desde 1994 con los esquemas propios, es uno de los temas tabúes en el escenario político provincial. Vale recordar que junto a Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego, definieron una estrategia común frente al proceso de privatización y traspaso de las cajas previsionales a la Nación, durante la primera gestión de Carlos Menem. A partir de 1999, atravesado por las peculiaridades de los cambios de gobierno y las transformaciones de la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) en 2008, la Casa Rosada profundizó el financiamiento de los sistemas provinciales, dentro de un esquema general cada vez más fragmentado. La asunción de Javier Milei en el Ejecutivo nacional trajo aparejado la suspensión de esas liquidaciones mensuales hacia las 13 provincias, institucionalizado a fines de marzo de este año, mediante el Decreto de Necesidad y urgencia (DNU) N° 280/2024, con la postergación de los artículos 92 y 93 del Presupuesto (Ley 27.701) de 2023, vinculados a la metodología de los pagos mensuales para la cobertura de los números en rojo de las cajas provinciales. Esa decisión complejizó el tablero financiero de los diferentes distritos, incluido Entre Ríos, en un contexto general de reducción nacional de los fondos coparticipables y de eliminación total de los recursos vinculados a obras públicas, la asistencia a hospitales y escuelas, y el transporte de pasajeros. La deuda de la administración nacional con la Casa Gris acumula más de 170 mil millones de pesos. Frigerio avanzó en el reclamo judicial, en una estrategia similar a Martín Llaryora (PJ) en Córdoba, que además fue prometida por Maximiliano Pullaro (UCR) en Santa Fe e Ignacio Torres (PRO) en Chubut. No obstante, el Mandatario de Entre Ríos aportó un nuevo voto en la Cámara de Diputados para la confirmación del veto de Milei al proyecto que establece una nueva fórmula jubilatoria, con la aparición de Nancy Ballejos (PRO) en reemplazo de Pedro Galimberti (UCR), nombrado como delegado de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. El texto del proyecto, ratificado por ambas cámaras del Congreso nacional y vetado por la Casa Rosada, contemplaba en su artículo 10º el pago automático a las cajas provinciales de las 13 jurisdicciones, con montos mensuales para Entre Ríos cercanos a los cinco millones de pesos. Una paradoja singular de la maniobra del Ejecutivo de Juntos por Entre Ríos, que judicializa la resolución nacional sobre los pagos mensuales a los distritos que no transfirieron sus sistemas previsionales, mientras pide a sus legisladores más leales el acompañamiento al veto libertario. Una situación que agudiza las tensiones del sinuoso equilibrio entre el desfinanciamiento nacional en diferentes frentes y el apoyo irrestricto a la hoja de ruta de la administración nacional. Dos etapas Como detalló Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, el pasado 24 de junio, el Ejecutivo de Entre Ríos formalizó un incremento del 3% de los aportes previsionales personales de los trabajadores, con excepción de la policía, y de los jubilados contemplados en el régimen ordinario especial, incluido los docentes, hasta el cumplimiento de la edad requerida por el esquema común. Aquella definición, institucionalizada bajo el DNU Nº 1576/2024, llevó las contribuciones de activos y pasivos al 19%, como una antesala del proyecto que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados de la provincia. La iniciativa oficial embarró la cancha en la discusión paritaria con los sindicatos estatales y docentes, especialmente en las negociaciones con los trabajadores de la educación, que aún se encuentra en la instancia de conciliación obligatoria, después del lanzamiento de cinco jornadas de paro de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el Sindicato de Docentes Privados (Sadop), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA). “El Gobierno habla de consensos y diálogos sobre el sistema previsional pero realiza una suba por decreto de los aportes, recortando los salarios de docentes, trabajadores de la salud y jubilados”, apuntó uno de los referentes de Agmer en declaraciones a LA CALLE. “Es el modus operandi de la gestión. Algo similar ocurre con la paritaria, donde proclaman acuerdos pero condicionan con el descuento de las jornadas de huelga, en un contexto de desfinanciamiento a la educación, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y de recursos vinculados a la conectividad, y el atraso de los sueldos y del poder adquisitivo respecto a la inflación acumulada en el año”, detalló. “Los funcionarios exponen una supuesta defensa del 82% móvil pero reducen esa posibilidad a jubilados que aportaron toda su vida a la salud y la educación de la provincia, y que ahora ven sus recibos con nuevos descuentos”, agregó sobre los casos de personas alcanzadas en el formato ordinario especial (25% del total), que poseen un régimen distinto, especialmente sobre la edad necesaria (57 en mujeres y 62 en varones). El grito de “la caja no se toca”, aclamado masivamente durante la marcha del pasado 1 de agosto, cuando la columna bordeó las instalaciones de la Caja provincial, marcó el termómetro del descontento generalizado con la medida y con las consecuencias del deterioro de los ingresos familiares. Consumado el aumento de los aportes de trabajadores y jubilados, el Ejecutivo avanzó en la segunda etapa de su hoja de ruta sobre el sistema previsional y envió un proyecto que fomenta modificaciones a los artículos 63º y 71º de la Ley Nº 8.732 y que fija la derogación del artículo 39º de dicha normativa. La iniciativa ingresó el pasado 7 de julio, a través del expediente 27.330, a la Cámara Baja del Poder Legislativo de la provincia, y emerge como el primer polo de conflicto en un tablero parlamentario donde el oficialismo tiene leve minoría en el Senado (8/9). Como se describió en columnas anteriores, el texto dispone la eliminación del mecanismo automático de la movilidad jubilatoria, luego de las subas acordadas en las paritarias con los activos, poniendo en riesgo en porcentajes y plazos el 82% móvil; impulsa la supresión de diversos regímenes especiales (hay 98 vigentes), principalmente el 85% móvil establecido para los casos de personas que aportaron más de 10 años del número exigido por el esquema común; fija la abolición del formato conocido como 3×1, que facilita el intercambio de un año de edad por tres años de aportes previsionales, para trabajadores que sobrecumplieron el tiempo en actividad pero no tienen la edad requerida; y extiende la participación del Estado provincial para la homologación de múltiples acuerdos que asume financieramente la Caja de Jubilaciones, como ocurre en los municipios y en el Poder Judicial. “El objetivo es sostener el 82%”, expresa Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, durante cada encuentro con sindicatos o declaraciones en medios de comunicación. “Nuestro desafío es dar previsibilidad y sustentabilidad a la Caja, que es de los trabajadores y jubilados de la provincia. Ordenar las cuentas, modificar desviaciones de otras épocas y promover la convergencia de responsabilidades, son metas cruciales para cambios que ya se visualizan, con menos déficit, pero que tiene objetivos a mediano y largo plazo en esa dirección”, explicó el funcionario provincial. Sobre las dudas respecto a una eliminación tangible de la movilidad automática expone que “el rol del Estado es cuidar el sistema previsional y para eso es fundamental la participación directa en la homologación de las negociaciones paritarias”. Intersindical Punto y Seguido destacó dos acontecimientos de la agenda pública que se transformaron en hechos políticos distintivos del tablero entrerriano de 2024. La masividad de la marcha docente durante la jornada de protesta del pasado 1 de agosto y la conformación de una Mesa Intersindical que integran 16 sindicatos de la provincia, inclusive la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que históricamente han tenido dificultades para las coincidencias de un plan común de lucha. Además de ellos, el espacio multisectorial nuclea a Agmer, AMET, Sadop, La Bancaria, la Federación de Trabajadores Municipales (Festram), Obras Sanitarias, el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), la Unión del Personal Túnel Hernandarias (UPTH), el Sindicato de Trabajadores de Obras Sociales de la Provincia de Entre Ríos (Seosper), la Asociación del Personal Superior (APS), Obras Sanitarias, Luz y Fuerza, el Sindicato Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) y la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler). La agenda de trabajo de la Intersindical abarcó una serie de cónclaves en distintas sedes sindicales, reuniones con los bloques parlamentarios del oficialismo y la oposición, y encuentros informales con las autoridades de la Caja de Jubilaciones. «No garantiza que las trabajadoras y trabajadores mantengamos derechos adquiridos como el 82% móvil”, apuntó el espacio en un comunicado. “Tampoco mueve el amperímetro en términos fiscales en el corto plazo y el mediano plazo. Es la receta, ya conocida, donde la falta de creatividad de la gestión es reemplazada con el ajuste a los trabajadores y la licuación de los bolsillos argentinos”, se resaltó. “Daremos la pelea en todos los terrenos que la situación amerite para defender la Caja de Jubilaciones y los derechos conquistados por el conjunto de los trabajadores”, se agregó en relación a las distintas vías de lucha, que engloba la movilización en la calle, la judicialización del proyecto de Ley y la disputa en el campo legislativo. En este último punto, la bancada opositora, de Más por Entre Ríos, se comprometió a que la normativa no sea aprobada con esta redacción actual, mientras que el jefe del bloque oficialista en Diputados, Fabián Rogel, aseguró la convocatoria a los sindicatos para el debate en comisiones de ambas cámaras. En diálogo con LA CALLE, el secretario general de ATE, Oscar Muntes, destacó el espacio gremial y expresó que el desafío es “organizarse cada vez más y unificar las movilizaciones”. “Planteamos la necesidad de unificar la lucha con todos los sectores, como lo estamos haciendo con los 16 sindicatos en la Intersindical, que hay que ampliarla aún más porque nunca es suficiente”, expresó Muntes en declaraciones a Punto y Seguido, después del plenario de secretarios generales de ATE, máximo órgano del sindicato de trabajadores estatales, realizado el pasado viernes en su sede central de Paraná. “Las reformas tienen como correlato la voluntad de los trabajadores a movilizarse. Va a llevar a que nos organicemos cada vez más, con todos los sectores, donde cada vez es más grande el hartazgo”, explicó el referente sindical. “Va a seguir aumentando la conflictividad”, lamentó. “El Gobierno nacional va a seguir ajustando, la pérdida de coparticipación ya ronda cerca del 20% y los ingresos a nivel provincial siguen cayendo entre un 13% y un 14%”, precisó. “Aunque resaltó que el Gobierno provincial “abrió el diálogo”, advirtió que “con diálogo solamente no alcanza. Hay que gobernar para los trabajadores y para todo el pueblo entrerriano”, agregó. “También le estamos hablando a la oposición, porque decimos que la reforma no va a avanzar. Y eso es un claro mensaje a la oposición, para que no pase que por la gobernabilidad le garanticen esta reforma o se dispongan a hacerle algún maquillaje en el Senado para que vuelva a Diputados donde el oficialismo tiene mayoría”, apuntó Muntes. “Esta primera etapa de la intersindical tiene que terminar con una gran movilización de todos los sectores, para decirles que este proyecto no va a pasar y que no estamos dispuestos a que sigan ajustando al conjunto de los trabajadores”, finalizó el Secretario general de ATE Entre Ríos, que viene desarrollando una intensa agenda de asambleas en las reparticiones del Hospital Escuela de Salud Mental, el Ministerio de Desarrollo Económico, la Secretaría de Cultura de la provincia, la Administración Fiscal Municipal (AFIM) de Paraná y los centros de salud Apolinario Osinalde, Estanislao Zeballos, Puerto Viejo, Antártida Argentina, Ramón Carrillo y Manuel Belgrano. “No entendemos el apuro de la reforma del sistema previsional, en un contexto complejo para los trabajadores, donde el proyecto no resuelve en el corto plazo la cuestión deficitaria. Una situación, que una vez más hay que aclarar, no es responsabilidad de los trabajadores. Que se hagan cargo”, contestó la secretaria Adjunta de UPCN Entre Ríos, Carina Domínguez. “Hay cambios sustanciales que perjudican a los trabajadores y los jubilados, en tanto no se aportan conclusiones sobre la urgencia del tratamiento ni tampoco respecto a otras estrategias financieras, dentro un plan integral, para el saneamiento de ese déficit”, profundizó. “Con esta redacción actual, la Ley no va a salir”, anticipó la dirigente gremial que además es vicepresidenta del Consejo provincial del Partido Justicialista (PJ). “Es el propio Presidente del organismo (Bagnat) quien viene afirmando que los resultados de esta reforma podrían verse en el mediano o largo plazo, incluso quizás recién en la próxima gestión de gobierno. Son sus palabras textuales, manifestadas frente al resto de los sindicatos en la reunión que mantuvimos a fines de agosto”, recordó. “A veces parece que el debate no está a la altura de la trascendencia del tema, que preocupa y angustia a trabajadores y docentes de la provincia”, agregó. ¿Y el peronismo? La coalición opositora de la provincia mantiene una leve mayoría en la Cámara Alta, donde posee nueve representantes: Martín Oliva de Uruguay, Marcelo Berthet de San Salvador, Juan Conti de Tala, Juan Cosso de Villaguay, Nancy Miranda de Federal, Patricia Díaz de La Paz, Gladys Domínguez de Feliciano, Claudia Silva de Paraná y Víctor Sanzberro de Victoria. Como analizó Punto y Seguido en ediciones anteriores, el peronismo acompañó el paquete de leyes vinculado a declaraciones de emergencias en obras públicas, infraestructura vial, educación y asistencia alimentaria, que permitieron una intervención más directa, en materia de compras y discrecionalidad de recursos, durante los primeros meses de gestión de Juntos por Entre Ríos. Con algunos matices, el bloque justicialista también adhirió a la batería de reformas institucionales sobre el Régimen Legal de Transición de Gobierno, el Régimen de Acceso a la Información Pública y la Ley de Ética para el Ejercicio de la Función Pública. La votación más compleja llegó con la aprobación de los pliegos vinculados al Consejo General de Educación (CGE), cuando la Senadora por Federal acompañó la iniciativa gubernamental y dejó en minoría a su propia bancada, que rechazaba la estrategia oficial, principalmente sobre el nombramiento de Santiago Laumann como vocal, objetado por sus posturas a favor del negacionismo y en defensa del terrorismo de Estado ocurrido en la última dictadura cívico-militar. El rol de la bancada de Más por Entre Ríos será clave para la aprobación definitiva del proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones, que aún no tuvo avances en la discusión de las respectivas comisiones intervinientes. La creación del Haber Inicial Previsional y el desacople del mecanismo automático de movilidad entre trabajadores y jubilados es la principal crítica de los informes realizados por el frente opositor, ya que se expone la preocupación sindical sobre las consecuencias negativas respecto al 82% móvil. “Con esta redacción, sólo se respetaría en la liquidación inicial”, se respondió a Punto y Seguido desde el bloque justicialista. “Hay una redacción ambigua que deja a discrecionalidad gubernamental la homologación y el traslado proporcional de los beneficios a los jubilados”, se alertó. “Nuestra postura general es la defensa del sistema previsional, que significa la búsqueda de acuerdos para el sostenimiento a largo plazo de la Caja. Ese diálogo, que debe ser sincero y proactivo, tiene que escuchar como protagonista principal a los docentes y estatales”, se puntualizó. “Nuestro límite es la defensa de los derechos históricos del conjunto de los trabajadores. Es importante sanear el déficit, pero no hay superávit con la mitad de los trabajadores sumergidos en la pobreza. Construir desde esa realidad, va a ayudar a generar consensos. Sin ellos, es solo discurso político con proclamas vacías”, finalizó. 1 de 5
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