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Fecha: 15/09/2024 19:20
Elvio Garzón fue el vocal que hace 10 días quedó en minoría en el tribunal que rechazó los encarcelamientos de Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera. Es juez de Garantías y en las últimas semanas tuvo exposición luego de haber pasado por la Cámara de Diputados para defender el juicio por jurados, instituto al que el Poder Ejecutivo se propone introducir una reforma. El magistrado conversó en el ciclo Plaza Mansilla, que se emite por Vorterix Litoral todos los martes, y sin medias tintas dio sus puntos de vista sobre varios aspectos del sistema judicial entrerriano. Dejó también definiciones picantes sobre integrantes de ese poder. -Esperaba el voto de sus pares del tribunal en el caso de la causa de Urribarri, Báez-que estaba en una situación más compleja por la supuesta firmeza del fallo al no ser apelado- y Aguilera? -Como todas las cuestiones que se someten a un tribunal, uno delibera y expone sus argumentos y después los colegas pueden compartir o no. Hubo dos posturas que quedaron bien claras y plasmadas en la resolución. -Ha sido una de las voces que ha defendido el instituto de Juicio por Jurados ante la reforma que propone el Poder Ejecutivo de no juzgar los delitos en tentativa y sexuales. Hay muchas voces que aseguran que la iniciativa es un pedido de sectores de la comunidad judicial. ¿Cree eso? -No solo que lo comparto, sino que lo expresé públicamente en la comisión (de Diputados), donde dos miembros de la Sala Penal, el doctor (Daniel) Carubia y la doctora (Claudia) Mizawak; junto con el procurador (Jorge García) y el defensor general (Maximiliano Benítez); son los que de alguna manera han impulsado este proyecto que no lo han firmado y sí lo hizo la vicegobernadora (Alicia Aluani). Creo que en esto el gobernador Rogelio Frigerio no tiene nada que ver. -Pone nombres propios de quienes serían los autores de la iniciativa, lo que llama la atención, porque cuando se abordó la implementación de ese sistema en un largo proceso de debate en la Legislatura, había una unanimidad pública en los tribunales, a excepción del procurador. ¿Qué sucedió ahora? -García fue el único que dijo desde un principio que estaba en contra de este sistema de juicio por jurados. En los otros casos hay que decir que Carubia y Mizawak participaron en ese momento. Esto lo tengo presente porque me desempeñé como coordinador del Superior Tribunal de Justicia en el debate. No era un representante de la Sala Penal. Hubo incluso una actividad organizada por la Legislatura en el auditorio del Consejo General de Educación en la que habló el procurador y el defensor, en cambio los integrantes de la Sala Penal, que fueron invitados, por distintos motivos no asistieron. Pero bueno, finalmente salió una de las mejores leyes del país, no dicho por mí, sino por quienes monitorean la aplicación de este sistema. -¿Cuál es el argumento del oficialismo, en comisión, que votó con el oficialismo de entonces y la ley salió por unanimidad? -La única voz que escuché del Gobierno es la del secretario de Justicia (Martín Acevedo Miño) que habló de que Entre Ríos podría ser declarado responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no cumplir los plazos razonables. Yo le diría que no es por el juicio por jurados que no se cumplen los plazos razonables, sino que habría que ver otras cuestiones que se pueden gestionar o reorganizar dentro del fuero penal para mejorar y cumplir esos plazos. Uno advierte que en algunos casos están preocupados por cumplir esos plazos razonables y en otros no. -Parece una confusión entre ese instituto y los plazos razonables. Hace una semana comenzó un debate en torno a ese punto, con un proyecto que fija tres meses para imputar a una persona y un año para investigar. En ambos casos con posibilidades de prórroga en caso de surjan complejidades en el proceso. Se dice que sería algo así como tipificar la “doctrina Cozzi” ¿Cómo ve ese proyecto? -Confieso que no lo he visto en su integridad, pero lo que puedo decir es por qué hemos llegado a este tema de modificar el Código Procesal Penal. Hay que hacerse cargo. Han tenido a mucha gente – como se dice- a la parrilla y sobre todo a funcionarios públicos que han tenido una denuncia, con investigaciones que se demoraron y se pudieron haber hecho más rápido. Pero también hay delitos que cuya complejidad no se pueden investigar en un determinado tiempo, como un enriquecimiento ilícito. Entre que se lo cita a la persona para que pruebe el origen de los bienes y se piden oficios a bancos fuera del país no se puede llegar con ese margen. Hay casos y casos. Esta reforma hay que mirarla bien, porque a lo mejor lo que quieren es legislar el caso Cozzi. A mi criterio, el caso Cozzi, es muy, pero muy excepcional, en el sentido de excepción. El último párrafo del voto de Carubia dice, palabras más palabras menos, que no habiendo más pruebas para producir y ver si se remite a juicio o no, se tiene que aplicar el inciso 5 del artículo 397. Pero en la mayoría de los otros casos en los que se lo ha invocado, no corre. -¿Los plazos razonables sólo deberían regir para la investigación? La pregunta viene a colación que en el STJ pareciera no haber plazos para resolver. -Obvio que es así. La Sala Penal ha resuelto causas con plazos totalmente fenecidos. Basta con corroborar. Seguramente deben estar las estadísticas de cuando ingresa un legajo y cuando se resuelve. -Un funcionario judicial me comentaba que los periodistas ponen el ojo o creen que las únicas causas de interés público son las que tienen que ver con la corrupción y no es así. Lo cierto es que las reformas que se proponen en torno al Código Procesal terminan dando vuelta sobre estas cuestiones. ¿Además de esta reforma, cree usted que hay otras más urgentes? -Teniendo en cuenta la situación económica que vivimos hay cuestiones que son más importantes que una reforma sobre los plazos razonables en un proceso. Yo le diría al Gobernador que si quieren modificar el juicio por jurados, por qué no ampliamos la competencia en vez de disminuirla y ponemos, por ejemplo, los delitos contra la administración pública para que sean juzgados por un jurado popular. -Se escucha con frecuencia, y casi se asimila como natural, que muchas de las cosas que resuelve la procuración o la Cámara de Casación y la Sala Penal se encuadran en un enfrentamiento entre Carubia, Mizawak y García. ¿Esto es parte de una novela en el interior de los tribunales o termina dificultando el servicio de justicia? -Por supuesto que repercute en el servicio de justicia. Hay gente que no sabe diferenciar un problema con un determinado funcionario y el contexto. Hablo del fuero penal, que es el que conozco. A veces por ego; o envidia, que las hay; pasan cosas que terminan perjudicando al justiciable. No hay que olvidarse que somos servidores públicos y se nos paga muy bien. Tenemos que trabajar denodadamente para brindar ese servicio de justicia. -Hay una presidencia nueva, la del doctor Leonardo Portela, que llamó la atención al haber asumido ese lugar al poco tiempo de ingresar al STJ. ¿Qué significa? ¿Tuvo alguna repercusión que una persona nueva en el cuerpo lo presida? -Por lo que he hablado con algunos colegas, llamó la atención que por ser el último en ingresar sea presidente, pero no tiene nada que ver con las cualidades. Pero es un cargo que eligen sus pares, así que ellos deben tener más elementos. -¿Cómo evalúa el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y los tiempos en que se lleva adelante un concurso, donde no se sabe bien si las demoras están allí o en otra instancia del proceso de designación que involucra al Senado y al Ejecutivo? -Creo que la base del problema está que cuando un cargo queda vacante no se comunica. El cargo de los fiscales que han rendido el año pasado hace cuánto estaban vacantes, por ejemplo. Con los defensores lo mismo. En Casación, con la jubilación del doctor (Hugo) Perotti, desconozco si fue comunicado o no, pero no se ha llamado a concurso. Creo que todo lo que hace a la presentación y corrección de antecedentes e impugnaciones son plazos muy extensos que perjudican a todos los postulantes. Ni hablar de la corrección. Se perjudica a quienes trabajamos en el Poder Judicial, pero más a los que están afuera, porque aquel abogado que ejerce la profesión, que atiende su estudio, tiene audiencias, debates, presentar recursos, tiene que organizarse de otra manera para ir a rendir el concurso. Respecto al funcionamiento no puedo hablar del actual, porque no estoy, pero del anterior puedo decir que tuve que presentar varios escritos involucrando, incluso, a la Secretaría de Salud en plena pandemia. De lo que sí estoy en contra, respecto a esta ley, es que el Superior Tribunal de Justicia tenga que emitir un dictamen de cada uno de los postulantes. Me parece que está fuera de lugar, porque si alguien de arriba no me quiere, como ocurre, qué va a pasar. Es lógico, el informe no va a ser favorable. -Con las primeras designaciones que ha realizado el gobernador Rogelio Frigerio se generó una polémica en torno a algo que no es ilegal como es elegir al segundo o tercero de una terna. No obstante, se venía aplicando un criterio, con algunas excepciones, de designar al primero. ¿Qué opina? -Lo que es vinculante para el Gobernador es la terna, dentro de ella tiene una facultad constitucional en la que puede elegir al primero, al segundo o al tercero. Lo que sí creo que se podría hacer es fundamentar por qué elige al segundo y elige al tercero. Todos los que integran una terna son idóneos, eso está fuera de discusión. Lo que sucedió fue que Jorge Busti fue el único que públicamente se comprometió a designar al primer postulante, el resto no. Pero eso no implica, de todas maneras, que hayan violado la Constitución. Fuente: Página Política
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