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» Diario Cordoba
Fecha: 14/09/2024 09:25
Un ertzaina que atacó a su mujer será juzgado por violencia de género, mientras que un sevillano ingresará en prisión por maltratar a dos parejas. Ambos titulares de esta semana son dos que, por desgracia, solemos leer todas las semanas. La particularidad de estos casos es que, en ambos, los agresores se habían inscrito como mujeres en el Registro Civil. El primer caso se trata de un ertzaina que el pasado 17 de agosto atacó con un cuchillo a su mujer. Lo hizo en presencia de sus dos hijas. Pese a que, para entonces, ya había hecho el cambio registral de sexo, la Fiscalía sostuvo que se habrían producido otros episodios de maltrato antes, por lo que podrían acumularse los posibles delitos y calificarse todos ellos como violencia sobre la mujer. Así que el juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián, que llevaba el caso, decidió inhibirse en favor del de violencia contra la mujer. En el segundo caso, el agresor acaba de entrar en el centro penitenciario Sevilla I para cumplir una condena de tres años y cuatro meses al ser condenado por violencia de género a sus dos últimas parejas. Su defensa aseguraba que siempre se había sentido mujer y que ahora era “una persona nueva” que nada tiene que ver con aquella que maltrató a sus víctimas. Pero su petición de indulto se desestimó. La inscripción registral no cambia la realidad "La ley establece que en el caso de violencia de género, la persona encausada será juzgada con el género que tuviese en el momento de la comisión del delito", explica Charo Alises, abogada y activista LGTBI. "Es decir, si un hombre, para eludir la ley de violencia de género, cambia su mención de sexo registral después de cometer el delito, aun así sería juzgado con el género que tuviese a la hora de cometerlo. Por eso en estos casos las personas han sido juzgadas por la ley de violencia de género", añade. Por ejemplo, en el caso del ertzaina, el auto de la magistrada, que han recogido agencias, sostiene que con anterioridad a su cambio de sexo ya existía una situación de "violencia psicológica habitual" que venía dándose desde hacía tres años, según el relato de la víctima. También indica que el agente investigado se mostraba cada vez más agresivo verbalmente "con insultos y menosprecios continuados" hacia la mujer, a la que infligía "coacciones psicológicas". Entre ellas, cita amenazas de suicidio "incluso con exhibición del arma reglamentaria" y algún que otro empujón. Tras el cambio de sexo, se intensificaron los incidentes de amenazas contra la mujer e hijas, según describe el auto, que menciona también el "consumo excesivo de alcohol" del investigado. El razonamiento de la magistrada es que todos los hechos sucedidos antes y después del cambio de sexo "obedecen a una misma dinámica de pareja" por lo que, argumenta, "no se puede hacer la ficción de desglosar unos de otros como si fueran entre dos personas distintas y dos relaciones diferenciadas, como si una mera inscripción registral cambiara la realidad de lo que ha sido la vida, convivencia y relación de este matrimonio". “Lo contrario deja en mayor vulnerabilidad a la esposa, que, aunque sí sabía que se había producido el cambio de sexo registral, no ha sido informada debidamente del cambio jurídico que las acciones de su hasta entonces esposo suponía para ella y sus hijas, sin darle opción a aceptar esos posibles perjuicios o habilitar medidas legales inmediatas en caso contrario”, reza el escrito. Fraude de ley Jesús Encabo, despacho Arcoíris Abogados, asegura que para él este tipo de casos no tienen ningún recorrido legal y alude al artículo 6.4 del Códico Civil, que "se aplica a todo nuestro ordenamiento jurídico". Se refiere al fraude de ley. "¿Qué está pasando? Que hay individuos que persiguen un resultado amparándose en la ley trans y están pretendiendo un resultado que es contrario a otra ley", continúa este abogado. La abogada de las dos denunciantes en el caso de Sevilla, María José Atoche, indicó que el condenado no presentó nunca rasgo o indicio de querer cambiar de sexo legalmente, "e incluso en el proceso judicial pasó por dos pruebas psiquiátricas y nunca mostró circunstancia alguna parecida", además de que en el juicio alegó que sufría una psicopatía, lo que quedó descartado.
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