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Parana » Paginajudicial
Fecha: 13/09/2024 08:05
Un empleado de un taller mecánico fue condenado por formar parte de una red de intercambio de imágenes de menores en situación de abuso sexual. La investigación fue realizada en conjunto entre el Ministerio Público Fiscal, la Embajada de Estados Unidos y el U.S. Department of Homeland Security. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Un joven paranaense, que trabajaba en un taller mecánico, fue condenado en un juicio abreviado en el que confesó haber tenido y distribuido fotos y videos donde se podía ver a niñas en situaciones de abuso sexual a través de Telegram. Luciano S. tiene 28 años, fue condenado a tres años de prisión condicional por delitos de tenencia y distribución de material de pornografía infantil. También deberá cumplir con tareas no remuneradas por durante dos años o realizar un curso de capacitación profesional y se le prohibió mantener contacto con menores de edad por cualquier red social, aplicaciones de mensajería o medios electrónicos. El joven había sido detenido en el marco de una investigación denominada “Red Federal Alerta II”, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conjunto con la Embajada de Estados Unidos y el U.S. Department of Homeland Security. Los investigadores recibieron informes a partir de la utilización de un sistema de investigación que proporciona una plataforma estadounidense que se denomina Internet Crimes Against Children Child Online Protection System, una plataforma utilizada para verificar el tráfico de material de explotación y abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en distintas aplicaciones y redes sociales. Las tareas de cyberpatrullaje permitieron ubicar direcciones de IP asociadas a archivos relacionados con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes e identificar a 62 objetivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Chubut, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Formosa, Misiones, Salta, San Luis, Jujuy, Mendoza y San Juan. La unidad fiscal porteña a cargo de Daniela Dupuy emitió un alerta y el Ministerio Público Fiscal entrerriano identificó el domicilio y residencia de Luciano S. en Colonia Avellaneda, por lo que solicitaron un allanamiento al Juzgado de Garantías. El 20 de abril de 2023, policías provinciales irrumpieron en la vivienda y secuestraron el teléfono celular del joven, su computadora personal, pendrives y distintos dispositivos electrónicos. Los peritos de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos hallaron al menos 43 archivos de imagen y 202 archivos de video, que incluyen capturas de videollamadas y capturas de chats de redes sociales relativos a representaciones sexuales de niñas. También pudieron determinar que el joven había compartido material de pornografía infantil con un usuario cuya línea telefónica tenía característica de la provincia de Buenos Aires. Si bien los investigadores no pudieron determinar el tiempo en que el joven habría iniciado la distribución de material de pornografía infantil, los peritos establecieron que lo hacía con numerosos contactos que integraban distintos grupos de chats. En virtud de ello, el juez Santiago Brugo consideró que, independientemente de la confesión del joven, que es requisito ineludible en un procedimiento de juicio abreviado, “existen evidencias y/o elementos probatorios suficientes, de los cuales surge acreditado con grado de certeza la materialidad de los hechos investigados y su autoría”. La tenencia y distribución de imágenes de menores de edad en situaciones sexuales explícitas o la representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales son delitos que prevén penas de tres a seis años de prisión. El acuerdo de juicio abreviado le impuso el mínimo previsto en el Código Penal y el magistrado explicó que la confesión debe ser tomada en cuenta al motivo atenuar la pena cuando es prestada por arrepentimiento de las acciones que se le atribuyeron. En los tribunales admiten que en los últimos años han aumentado considerablemente las detenciones por la tenencia y distribución de pornografía en el país y en la provincia. Aunque no todas las investigaciones tienen la trascendencia ni el impacto público, este delito y los crímenes asociados, tales como la trata de personas o el grooming, activan causas judiciales en todo el país.
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