17/09/2024 23:53
17/09/2024 23:53
17/09/2024 23:52
17/09/2024 23:51
17/09/2024 23:51
17/09/2024 23:51
17/09/2024 23:51
17/09/2024 23:51
17/09/2024 23:51
17/09/2024 23:50
Parana » AnalisisDigital
Fecha: 13/09/2024 07:40
Límites a la investigación fiscal: “Es inconstitucional, no puede prosperar”, afirmó Dato El fiscal coordinador de la Unidad Especializada en Género, Leandro Dato, cuestionó el proyecto que buscar limitar los tiempos de la investigación fiscal en causas por delitos de corrupción y abuso sexual. También se refirió a la modificación que se pretende realizar al instituto del juicio por jurados. En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Dato admitió que ven “muy mal” el proyecto que buscar cambiar el Código Procesal Penal para limitar el trabajo investigativo de los fiscales. “Son planteos que buscan legitimar con una ley algo que ya venimos sufriendo en muchísimas causas penales, pero que se torna mucho más grave cuando se trata de casos que ya están en instancia de Superior Tribunal o de la Corte Suprema, en causas tan sensibles como son los delitos de corrupción y de abuso sexual, que precisamente si uno no tiene perspectiva, no tiene en cuenta cómo se trabaja en estas causas, o tiene otros intereses, se puede llegar a pensar en legislar de esta manera”. “Además, entiendo que este proyecto arrasa con la constitucionalidad, porque desde 2008 el sistema acusatorio es el sistema consagrado constitucionalmente, es decir con una jerarquía superior a una ley provincial como es el Código Procesal Penal. El proyecto es de la gestión anterior y no sabemos porqué se movió la semana pasada, y además, claramente lo han escrito en el artículo 5 inciso D cuando se habla del efecto del paso del tiempo será la inconsistencia de la acción penal, es algo calcado del fallo que en su momento surgió de la Sala Penal en el conocido fallo Cozzi, que la Corte Suprema de la Nación ha dicho expresamente que no puede ser así, que es inconstitucional. Por eso el planteo inicial del proyecto es abiertamente inconstitucional y en particular este tipo de iniciativa, porque tenemos compromisos internacionales de investigar y sancionar casos de corrupción y de abuso sexual, y estos dos tipos de casos son los que están hoy en instancia de Corte para ser revisados, apoyados de abogados particulares, que sabemos quiénes son, y que hacen este tipo de planteos. Es totalmente sectorial esta iniciativa y vemos con muchísima preocupación que la semana pasada haya tenido movimiento en el Senado”, explicitó. Agregó que “acá se pretende también plantear el hecho del plazo razonable, que son dos cosas totalmente distintas, incluso se mencionan algunos compromisos internacionales, pero han sido en otra materia, no tiene nada que ver con el Código Procesal Penal. Es verdad que el Código Procesal Penal habla de tiempos, pero la crítica que nosotros hacemos es que, precisamente, la consecuencia de la sanción a estos plazos que se quieren imponer de manera arbitraria y sectorial, es que no se pueda seguir adelante con una causa penal, y esto es gravísimo. Ya la Corte lo ha dicho a esto, entonces, volver a insistir con que el cumplimiento de los plazos o la forma de rever los plazos en la investigación tengan semejante consecuencia, arrasan con el principio del sistema acusatorio, los jueces le quitan la posibilidad de investigar a los fiscales. Esto no existe, no puede prosperar de ninguna manera”. Asimismo, criticó que “nadie se acerca a entender cómo es la dinámica de la investigación, con qué medios se cuenta, cuánto lleva una pericia en un caso de corrupción de enriquecimiento ilícito, cuánto lleva una pericia contable en otros organismos, lo que se demoran los organismos públicos en contestar nuestros requerimientos, los tiempos de las víctimas en casos de abuso sexual. Entonces, generalizar esto sin empaparse de cómo es la realidad social en un requerimiento de justicia, tanto en contra de la impunidad como de abusos sexuales, y sacar este tipo de normas sin conocer la realidad judicial, la cotidianeidad, es muy grave”. En este sentido, Dato comentó que “la semana pasada nos comunicamos con algunos funcionarios y desde el Ejecutivo se nos contestó que seguramente sería convocado el Ministerio Público, como corresponde en la persona del procurador”. De todos modos, reiteró: “Nos preocupa llegar ya a la instancia del tratamiento de estos proyectos, sin tener un trabajo de campo, de conocimiento de cómo son las situaciones, y tener que hacerles ver todo el tiempo que estas iniciativas pueden tener un mayor consenso o una discusión franca, pero conociendo cómo son las cosas en el día a día y la cotidianeidad y con nosotros poniendo la cara. Desde afuera queda una sensación de que no es bueno lo que comunica el Poder Judicial, y lógicamente el poder político tampoco comunica si se sigue adelante con estas iniciativas sin conocer a ciencia cierta cuál es la realidad judicial”. Agregó que “arrasa con la facultad de los fiscales de investigar y llevar adelante causas porque para esto se intenta poner plazos muy exiguos, con semejante consecuencia como es dejar de tener acción, es decir, te frenan y te dicen que no podés investigar más; y al mismo tiempo sabemos que en las instancias posteriores y superiores, como el Superior Tribunal, por ejemplo, no tiene plazos para contestar, una impugnación extraordinaria o una admisión de recurso extraordinario. Esa es la cuestión, hay que contar la película entera”. “Es muy complicado pensar que esto podría tener alguna motivación de generar un mejor servicio de justicia, es totalmente falso esto”, sentenció. Por otra parte, sobre críticas vertidas por ciertos abogados defensores en casos resonantes hacia los fiscales acusándolos de estirar los tiempos, Dato apuntó que “la frase de ‘tener en la parrilla’ a alguien es muy de la política y con esa lógica quieren meternos a todos en el mismo juego, no es así para nada. De hecho, cuando hubo planteos de esas defensas, cada colega respetó perfectamente el ritmo y los tiempos de la investigación. No es ‘tener en la parrilla’, esto que se resolvió la semana pasada fue un paso más con respecto a las prisiones preventivas de Urribarri y los demás condenados, fue un proceso que comenzó en febrero y se terminó resolviendo en septiembre. Es decir, que para algunos casos la parrilla parece que se ve de una manera y en otros casos, estar seis meses hablando de prisiones preventivas no es ninguna parrilla, con dilaciones y dilaciones, más planteos y planteos. Son opiniones, pero la lectura está alejadísima de que quienes dicen eso tengan una conducta procesal acorde, a lo que supuestamente pretenden”. Cambios en el juicio por jurados En otro orden de temas, Dato se refirió al proyecto para modificar el juicio por jurados, y consideró que “es una modificación saludable, de hecho, hay muchísimas provincias que están recortando las competencias, como sucede en Santa Fe, y además las distintas temáticas. Es preocupante cuando se habla de inconstitucionalidad, porque la competencia pareciera que para algunos tipos de casos se controvierte con contundencia, pero nadie dijo nada con respecto al primer proyecto, que ahora es ley, cuando se sientan a hablar con los legisladores sobre la constitucionalidad, y me pregunto si causas de delitos contra la corrupción no deberían ir a juicio por jurados”. “Hay una mirada sesgada, sectorial, interesada al plantear que supuestamente hay facciones dentro del Poder Judicial que pretenden tal o cual reforma, pero en la praxis nosotros hace mucho tiempo con la procuradora adjunta (Cecilia) Goyeneche se planteamos una instrucción porque cuando hacemos la remisión a juicio debemos explicarles a las víctimas en qué consiste un juicio oral y, en particular, un juicio por jurados. Y hay muchísimos casos en que las personas no quieren ir a un juicio y mucho menos contarles a 16 personas de vuelta todo lo que les ocurrió. Esta perspectiva, últimamente ha sido en eso muy analizada por la Corte Interamericana, porque estereotipos sigue habiendo, falta de formación sigue habiendo y allí lo que dice la Corte Interamericana es que debe haber una capacitación permanente de los operadores judiciales para ciertos tipos de juicio o cierta temática. En los casos de abuso sexual en la infancia, entender las retractaciones, las aparentes contradicciones, las ampliaciones de las declaraciones, en los juicios técnicos lo explican los profesionales: psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, integrantes de atención a la víctima porque es una temática muy compleja y particular, y con poca formación o con poca experiencia escuchar durante tres días y sacar un veredicto, es muy poco”.
Ver noticia original
 (1).jpg)
Examedia © 2024
Desarrollado por