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» El Ciudadano
Fecha: 12/09/2024 15:55
A. L. G. tenía pedido de captura internacional y se entregó. Este jueves quedó imputado con prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita que a los que vendían autos no les pagaba y a los que querían comprar les sacaba plata y no se los daba. Cuando cayó la banda en la capital, zafó y montó otra igual Un hombre de 37 años cuyas iniciales son A. L. G. quedó en prisión preventiva en el marco de una causa en la que es investigado como jefe de una asociación ilícita que cometió al menos 60 estafas relacionadas a la comercialización de autos en la ciudad de Santa Fe y continuó haciéndolo, desbaratada la organización en la capital provincial, en Rosario. La medida cautelar fue solicitada por las fiscales María Gabriela Arri y María Lucila Nuzzo en una audiencia que tuvo lugar en los Tribunales de la capital provincial en la mañana de este jueves. El abogado defensor del imputado no se opuso al planteo y el juez Sergio Carraro ordenó la prisión preventiva. “El magistrado coincidió con la calificación legal que atribuimos desde la Fiscalía”, valoraron Arri y Nuzzo. “También tuvo por acreditada la autoría, manifestó que en caso de condena la pena sería de efectivo cumplimiento y dijo que estaban latentes los riesgos procesales”, añadieron las fiscales. Antes de que se inicie la audiencia, cuatro de las víctimas brindaron detalles de sus casos y fueron escuchadas por el juez Carraro. La asociación ilícita que investigan las fiscales Arri y Nuzzo estaba integrada por 10 personas –entre ellos, el hombre imputado como jefe– y funcionó entre diciembre de 2021 y noviembre 2022. “La organización criminal realizaba distintas maniobras y ardides que confundían a las víctimas, quienes entregaban un auto o dinero en efectivo, confiando en que los imputados avanzarían en la concreción de una operación de comercialización del vehículo”, explicó la fiscal Arri. Asimismo, detalló que “la asociación ilícita tenía una estructura piramidal” y puntualizó que “montó locales como agencias de autos –principalmente, la sociedad «Vendo tu auto»– que eran utilizadas como fachada, en las que las víctimas entregan los vehículos, el dinero y la documentación”. En tal sentido, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación precisó que “los imputados disponían de los autos para fines no aprobados por sus dueños y se apropiaban de lo obtenido”. “La asociación ilícita, contaba con perfiles en redes sociales, locales, vendedores, servicio de gestoría propio, publicidad, recursos económicos y al menos cinco agencias de autos en la ciudad de Santa Fe que operaban en red, ninguna de las cuales tenía habilitación municipal para funcionar”, remarcó Arri. Estafas por docena La investigación corroboró que la asociación ilícita realizó 60 estafas en la capital provincial. “En algunos casos, se contactaban a través de las redes sociales con los propietarios de los vehículos y les ofrecían intermediar en la venta. Las víctimas entregaban su auto en consignación, y los imputados lo transferían a un tercero sin firmar el formulario 08”, detalló la fiscal. Arri también puntualizó que en otros casos, las víctimas entregaban sus autos, suscribían un boleto de compraventa por otro vehículo y pagaban la diferencia de valor entre el auto que entregaban y el que adquirían. Pero “la asociación ilícita nunca les daba el auto que habían comprado, y tampoco les devolvían su vehículo ni su dinero”. “En otros casos, las víctimas entregaron dinero a cuenta por la compra de un auto usado, vehículo que no se les entregaba y tampoco se les devolvía el dinero”. A. L. G. se mantuvo prófugo por dos años y tenía pedido de captura internacional hasta que finalmente se entregó. Sus cómplices en la agencia santafesina habían caído, pero él logró reciclarse en Rosario bajo el nombre de Rodrigo Dripp, a la cabeza de otra organización que, con la misma mecánica, estafó a numerosas víctimas desde tres concesionarias de autos. Entre los integrantes de este segundo grupo delictivo aparece el nombre de Nelson Ugolini, un ex empleado judicial que quedó involucrado en una causa por coimas vinculadas al juego clandestino que terminó con la caída del fiscal regional Patricio Serjal. En Rosario, A. L. G, replicó desde diciembre de 2023 las maniobras que había montado en Santa Fe para hacerse de dinero y vehículos. Para ello utilizó locales comerciales ubicados en avenida Pellegrini al 3100 y al 4800 y en pasaje Independencia al 3200. Contactaban a personas que publicaban anuncios en una red social para vender sus vehículos y les ofrecían dejarlos en consignación. En lugar de venderlos los usaban, y en algunos casos los autos sumaron multas o terminaron en el corralón en controles de alcoholemia cuando quienes los manejaban estaban en ebriedad. Y para los que iban a comprar vehículos en cuotas, le sacaban dinero pero no les entregaban el que intentaban comprar. En Rosario nueve personas fueron detenidas e imputadas, entre ellas Ugolini, quien daba sustento legal al grupo, según la Fiscalía. En la imputación le achacaron ser el abogado de la organización y darle andamiaje jurídico para cometer las defraudaciones. Y también amedrentar y amenazar a las víctimas en su oficina. Todo concluye al fin De las diez personas que integraban la asociación ilícita en Santa Fe, seis ya fueron condenadas entre febrero de 2023 y marzo de este año en juicios abreviados. Otras tres transitan el proceso en libertad, y el décimo es el hombre imputado este jueves como jefe de la organización criminal. Los condenados son Héctor Andrés Figuerero, de 39 años; Elizabeth Ariadna Dutruel, de 31; Walter Ricardo Castro, de 50; Nicolás Sebastián, de 28; Adriel Iván Guarda, de 28, y Gerónimo Ramírez de 25. Figuerero fue condenado como autor del delito de asociación ilícita (en carácter de organizador) y coautor de estafas reiteradas por abuso de confianza. Se le impusieron cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y debió pagar una reparación económica de 2 millones de pesos, que fue distribuida entre las víctimas. Por su parte, Dutruel, Castro, Sebastián, Adriel Guarda y Ramírez fueron condenados por ser miembros de la asociación ilícita y coautores de estafas reiteradas por abuso de confianza. A los cinco se les impusieron tres años de prisión de cumplimiento condicional a cada uno, el cumplimiento de reglas de conducta y el pago de reparaciones económicas –a valores de principios de 2023– que fueron distribuidas entre las víctimas. Dutruel pagó 1.500.000 pesos; Castro abonó 3.000.000; Sebastián reparó a las víctimas por 6.000.0000; Adriel Guarda pagó 3.000.000 de pesos y Ramírez abonó $1.500.000.
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