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» El Sur Diario
Fecha: 12/09/2024 14:51
Este miércoles finalizó en los Tribunales Provinciales de nuestra ciudad un juicio clave en el marco de un caso de extorsión y falsa denuncia que involucró a un funcionario policial. El tribunal, presidido por el juez Dr. Carlos Gazza, dictó una sentencia condenatoria contra Brian Darío L., de 31 años, quien fue encontrado culpable de tentativa de extorsión, omisión de deberes de funcionario público y por instigar a una falsa denuncia. El caso se remonta al 5 de junio de 2019, cuando Brian L., que en ese momento desempeñaba funciones de custodia en la Unidad Fiscal de Villa Constitución, le entregó 5 mil pesos a una persona con el propósito de que esta adquiriera estupefacientes. Según la investigación, Brian L. trasladó a la víctima en su vehículo particular, mientras se encontraba uniformado y abandonando su puesto de trabajo, hasta un lugar no determinado para que comprara marihuana. Sin embargo, al ver que la persona no regresaba con el dinero ni la droga, Brian L. acudió al domicilio de un familiar de la víctima, acompañado por otros dos hombres, exigiendo la devolución del dinero bajo amenaza de denuncia, aunque no logró su cometido. Además, se comprobó que Brian L. incitó a una conocida a presentar una denuncia falsa en la Comisaría 13 de la Unidad Regional VI, acusando a la víctima de haberle robado los 5 mil pesos. Al día siguiente, mientras seguía de guardia, instigó a la misma persona a ratificar la denuncia ante la Fiscalía, a pesar de ser consciente de que los hechos narrados eran falsos, con el claro propósito de perjudicar a la víctima. Sentencia Finalmente, el tribunal condenó a Brian L. a 3 años y 6 meses de prisión efectiva, junto con una inhabilitación especial por un año y una multa de $12.000 pesos. La fiscal Dra. Analía Saravalli fue quien representó a la acusación, logrando una sentencia que pone fin a este caso de abuso de poder y corrupción policial en nuestra ciudad. Este fallo marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, asegurando que quienes detenten posiciones de poder respondan ante la justicia cuando transgreden la ley.
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