17/09/2024 20:23
17/09/2024 20:23
17/09/2024 20:23
17/09/2024 20:23
17/09/2024 20:23
17/09/2024 20:23
17/09/2024 20:23
17/09/2024 20:23
17/09/2024 20:23
17/09/2024 20:22
» Diario Cordoba
Fecha: 12/09/2024 13:54
La crisis energética supuso un golpe directo a los hogares españoles por la escalada histórica de precios de la energía. Las familias vulnerables fueron damnificadas principales de unos precios de la electricidad que alcanzaron picos récord. El Gobierno aplicó medidas extraordinarias para frenar el impacto de unas facturas disparadas (la excepción ibérica, topes a los precios de los contratos, recortes a las eléctricas…) y armó un amplio escudo social en el que se incluyó un bono social de la luz reforzado, elevando los descuentos que se aplican en el recibo de los hogares vulnerables. Pero durante lo peor de la crisis energética estas ayudas llegaron sólo a un parte muy reducida de las familias con derecho a beneficiarse de ellas por sus bajos ingresos. Algo que actualmente sigue sucediendo debido a que se siguen arrastrando los mismos fallos en el diseño del programa de ayudas, aunque el número de beneficiarios del bono social no haya dejado de crecer desde entonces (sumando más de medio millón de nuevos hogares desde el inicio de la crisis energética, hasta los 1,65 millones actuales). El bono social de la luz consiste en un descuento en la factura eléctrica -actualmente de entre el 25% y el 80% en función del grado de vulnerabilidad- que busca paliar los problemas de hogares que no pueden cubrir los costes de sus necesidades energéticas. Para recibirlo el hogar debe tener contratada la tarifa regulada de luz y una potencia inferior a los 10 kilovatios, y debe cumplir alguno de estos requisitos: tener un renta inferior a determinados umbrales, ser familia numerosa o que todos los miembros del hogar cobren la pensión mínima. ¿A quién llega el bono social? El gran problema es que el bono social está muy lejos de llegar a todos las familias que lo necesitarían y que tienen derecho a percibirlo. Según un informe elaborado por Oxfam Intermon y por EsadeEcPol, el programa de ayudas sólo llegaba a un 24,5% de todas los beneficiarios potenciales en 2022. Esto es, en lo peor de la crisis energética, cuando la escalada de precios eléctricos hacía estragos, apenas una de cada cuatro familias que cumplían los requisitos legales realmente accedía a ellos. Entonces había algo más de 1,4 millones de beneficiarios, unos 250.000 menos que actualmente. Pero la situación era aún grave para los hogares más necesitados. En el caso de las familias que podían acceder al bono social por sus bajos ingresos (cuando el nivel de renta familiar hace que se les considere vulnerables o vulnerables severos), la cobertura se quedaba en sólo el 20% de todos los que podían recibir las ayudas. En 2022 los descuentos sólo se aplicaban en las facturas de uno de cada cinco hogares que lo necesitaban por su nivel de renta. Y en el caso de los hogares con todos sus integrantes con pensión mínima, el bono social sólo llegaba al 9,2% de todos los beneficiarios potenciales. Sin embargo, en el caso de las familias numerosas -las que tienen tres hijos o más y que en la inmensa mayoría de los casos perciben el bono social con independencia de su renta- la tasa de cobertura se dispara. Casi la mitad (45,5%) de las familias numerosas reconocidas legalmente sí que tenían acceso a los descuentos. Y en el caso de las familias numerosas con rentas medias o altas la proporción escalaba hasta el 60% aunque el bono social esté en principio concebido para atender las necesidades de hogares vulnerables. Fallos de diseño El informe de Oxfam Intermon y Esade denuncia que los problemas de diseño del bono social de la luz limitan el alcance del programa y cumplir con los objetivos marcados en su origen. Y por eso proponen reformas en la regulación de las ayudas para que sea más eficiente y que las reciban los hogares que realmente las necesitan. Entre las reformas propuestas, los expertos de ambas entidades reclaman reducir las barreras de entrada para acceder al bono social. Y es que actualmente los hogares deben solicitar a iniciativa propia los descuentos a su compañía eléctrica, lo que ya implica conocer su existencia, tener constancia de que se cumplen los requisitos y presentar toda la documentación que la acredita. “Proponemos desplazar la responsabilidad hacia las Administraciones, que podrían coordinarse con las comercializadoras para identificar qué hogares son susceptibles de recibir el bono con base en los datos de Hacienda (para renta), Seguridad Social (para condiciones de pensión mínima) y otros organismos que disponen de la información necesaria”, se apunta en el informe. Esto es, se reclama que la concesión del bono social sea automática para los beneficiarios potenciales y que éstos no tengan que reclamarla, como sucede por ejemplo con el ingreso mínimo vital (IMV). El problema de las familias numerosas En paralelo, también se propone revisar los criterios que dan acceso al bono social, imponiendo un máximo de renta a todos los beneficiarios -también a las familias numerosas a las que ahora no se les aplica un baremo en función de los ingresos-, “definido de manera que sólo excluya a hogares que claramente no necesitan de ningún apoyo monetario por sus ingresos altos”, se apunta en el estudio. El Gobierno anunció hace un año y medio (en marzo de 2023) su intención de aprobar una reforma de los requisitos de las familias numerosas para beneficiarse de descuentos especiales en sus recibos de la luz, con el objetivo de empezar a aplicar topes de renta familiar para acceder a las ayudas y evitar que accedan a ellas algunos hogares que realmente no los necesitan. El anuncio se produjo en plena polémica tras conocerse que el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, y la líder autonómica de Más Madrid y hoy ministra de Sanidad, Mónica García, estaban percibiendo los bonos sociales de luz y térmico por su condición de familias numerosas y a pesar de que sus sueldos públicos les alejaban del perfil de consumidor vulnerable. El Gobierno subrayó entonces su pretensión de activar “cuanto antes” el proceso para cambiar el bono social, aunque semanas después empezó a recular y enfrió la posibilidad de una reforma rápida, encomendándose a conseguir un consenso con las asociaciones de familias numerosas antes de aplicarla. El adelanto electoral del 23J -más de cuatro meses después del anuncio- y el parón político posterior hasta la constitución del nuevo Gobierno dificultaron continuar con el proceso. Pero 18 meses después de aquel anuncio la reforma prometida sigue sin llegar y desde el Ministerio para la Transición Ecológica se ha venido apuntando que se sigue trabajando en ella, que mantiene abierto el diálogo con las asociaciones de familias para alcanzar el máximo consenso y que no se marca plazos para abrir un proceso de audiencia pública para la reforma que antaño se consideraba urgente. Y mientras la reforma legal no llega, miles de nuevas familias numerosas siguen engrosando la lista de beneficiarios del bono social de la luz y el bono térmico sin límite de rentas. Más de 408.000 familias numerosas percibían las ayudas en su factura eléctrica al cierre del pasado julio, tras sumar unos 45.000 nuevos hogares con tres hijos o más desde que el Ejecutivo hizo pública su intención de aplicar topes de renta, según la última actualización de los registros oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica. Las familias numerosas representan una cuarta parte del total de 1,65 millones de beneficiarios del bono social.
Ver noticia original
 (1).jpg)
Examedia © 2024
Desarrollado por