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» El Ancasti
Fecha: 06/09/2024 02:17
Los fondos Burford y Eton Park, que le compraron los derechos del litigio por la defectuosa expropiación de las acciones de YPF al grupo Eskenazi, avanzaron ayer en su objetivo de embargar a la petrolera. La jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ordenó la entrega de mails, chats de whatsapp y otro tipo de comunicaciones de altos funcionarios de la administración de Javier Milei y Alberto Fernández, entre los que están el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, el asesor presidencial Santiago Caputo y el exministro de Economía y candidato a la Presidencia, Sergio Massa. Preska es la jueza que condenó al Estado nacional a pagarle a Burford y Eton Park una indemnización de 16.100 millones de dólares por las acciones del grupo Eskenazi, introducido en la petrolera argentina por Néstor Kirchner. Con la información de las comunicaciones pertinentes de los funcionarios de esta y la anterior gestión, los dos fondos pretenden probar que YPF y el Banco Central son un “alter ego” de la Argentina. Esto es: que la petrolera, la entidad financiera y el país son lo mismo a los efectos legales, y que por lo tanto las acciones estatales de YPF y los activos del Central pueden ser sujetos a embargo. Estuvo preso 23 años "Yo sí era culpable": la confesión de Héctor Cólica tras cumplir su condena Sería un golpe catastrófico para la Argentina debido a la incompetencia, como mínimo, del gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, que en su calidad de viceministro de Economía ejecutó las órdenes de Cristina Kirchner bajo la supervisión del entonces secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zaninni. El procedimiento comandado por Kicillof estuvo signado por una mala praxis sugestiva de puro obvia. Al expropiar en 2012 el 51% de las acciones de YPF que estaban en poder de la petrolera española Repsol, a la que le pagó 5.000 millones de dólares, el Estado no hizo la oferta al resto de los accionistas privados a la que estaba obligado por el estatuto de la firma. Con excepciones escasas como la de los senadores catamarqueños Oscar Castillo y Blanca Monllau, el Congreso aprobó por aplastante mayoría la estatización de la empresa pese a esta ostensible transgresión. Para Kicillof se trataba de “una estupidez”, así que, cuando se le pagaron los 5.000 millones de dólares a Repsol, no tuvo inconvenientes en admitir que se incluyera en el acuerdo una cláusula por el cual se admitía que Repsol tenía derecho a reclamar por la violación del estatuto pero se negaba a hacerlo. Constan advertencias al funcionariato kirchnerista de que si se le reconocía a Repsol tal prerrogativa el país se exponía a reclamos de otros accionistas, pero fueron ignoradas, seguramente por considerar que quienes las hacían eran estúpidos. La astucia de Kicillof es inapelable: el 51% de las acciones de YPF le costaron al país 5.000 millones de dólares y el 25% que tenían los Eskenazi 16.100 millones de la misma divisa. La Argentina debe pagar por un cuarto de la compañía más del triple de lo que pagó por la mitad. Si esto es estúpido o brillante, depende del punto de vista. Los Eskenazi irían calzados con un 30% de lo que obtengan Burford y Etan Park. El grupo le dio cobertura laboral entre 2016 y 2019 a Zaninni que, en cuanto retomó funciones en el Estado nacional a fines de 2019, ya como Procurador del Tesoro, se ocupó de desactivar planteos judiciales interpuestos por la gestión Macri para determinar la existencia de fraudes en el proceso de expropiación. Ahora Preska ordena abrir teléfonos y computadoras de funcionarios y exfuncionarios para ver si los activos de YPF y el Central pueden ser embargados. En tal caso, el círculo de la inoperancia y la venalidad abierto por Kicillof, Cristina y Zaninni cerrará a la perfección y la discusión sobre la privatización de YPF quedaría sin materia: vía embargo capturarían la compañía quienes, estúpidamente, adquirieron el derecho a litigar por la indemnización del 25% de las acciones. El todo por la parte. La metonimia YPF.
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