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» El cordillerano
Fecha: 06/09/2024 02:06
05/09/2024 El reciente descubrimiento de serias irregularidades en la distribución de pensiones no contributivas por discapacidad laboral ha revelado la existencia de abusos y corrupción durante más de 15 años. Las investigaciones judiciales y auditorías gubernamentales han desenmascarado un acelerado esquema que no sólo pone en riesgo la integridad de uno de los programas más sensibles de protección social, sino que también afecta a personas con discapacidades genuinas que necesitaban de estos beneficios. Las acusaciones son graves y pintan un cuadro de corrupción sistemática que involucra a médicos, gestores y funcionarios. Los documentos compilados por el fiscal federal Guillermo Marijuan y el portavoz presidencial Manuel Adorni han demostrado que muchas solicitudes fueron aprobadas utilizando diagnósticos fraudulentos. Se han encontrado presentaciones tan insólitas como un expediente que incluía un poema en lugar de un diagnóstico médico. Adorni señaló que incluso se llegaron a presentar radiografías de animales como si fueran de pacientes humanos. El escenario es desalentador. Un gran número de expedientes compartían estudios médicos idénticos: radiografías, análisis clínicos y certificados con firmas falsificadas. Médicos honestos han denunciado el uso ilícito de sus matrículas, lo que ha ayudado a desenmascarar este entramado. El procedimiento iniciado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigido por Diego Spagnuolo, se está centrando en una revisión exhaustiva de unas 400.000 pensiones en Buenos Aires y CABA, con planes de ampliar la investigación al resto del país. Se estima que entre 120.000 y 160.000 pensiones podrían ser revocadas en los próximos meses. Cifras 100.000 niños cobraría una pensión por invalidez laboral 25.000 fueron beneficiadas, aunque en la actualidad trabajan y no tienen discapacidad 60.000 presentan incompatibilidad de requisitos, entre ellas hay personas con más de un auto, más de una casa, dueños de embarcaciones y hasta avión. 30.000 extranjeros de los que se desconoce su condición de residencia y radicación. Las revelaciones no terminan ahí. El fiscal Marijuan ha dado detalles escalofriantes sobre cuadernos confiscados que detallaban pagos de coimas y los diagnósticos que debían ser utilizados en las solicitudes fraudulentas. Radiografías bajadas de internet y análisis de laboratorios repetidos se han encontrado en múltiples expedientes. En un caso particularmente atroz, un certificado médico incluía un poema en lugar de un diagnóstico. Las provincias como Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones y Buenos Aires, parecen haber sido las más beneficiadas con estos sobornos y fraudes. En contraste, provincias como Corrientes, donde el gobernador no estaba alineado políticamente, gestionaban estas actividades corruptas directamente a través de algunos intendentes locales. Las autoridades de la ANDIS han sido claras en su evaluación: “Estimamos que entre el 30% y el 50% de las pensiones otorgadas durante los gobiernos anteriores serán revocadas tras nuestra exhaustiva auditoría a nivel nacional”. El desmantelamiento de este fraude sistemático es esencial para asegurar una administración correcta de los recursos públicos y garantizar que sólo aquellos que realmente lo necesitan reciban estos beneficios.
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