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Parana » Plazaweb
Fecha: 04/09/2024 23:45
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Entre Ríos recibió a representantes de organizaciones especializadas en justicia penal, que criticaron el proyecto impulsado por un sector del Poder Judicial y enviado por el Poder Ejecutivo para reducir la competencia del juicio por jurados. Además, presentaron una contrapropuesta para abaratar los costos del jurado sin necesidad de restringir ese derecho de la ciudadanía, las víctimas y los imputados. Fue la tercera reunión de comisión para tratar el proyecto del Gobierno que busca limitar los delitos que deben ser juzgados por jurados. En la primera, autoridades del sistema judicial presentaron el proyecto que propusieron al Ejecutivo. En la segunda, Carla Cusimano, Rubén Pagliotto, Nadia Burgos y las madres de Milton Luna y Julieta Riera presentaron su contundente rechazo al proyecto que busca recortar el derecho ciudadano a participar de la justicia. Este martes, el rechazo al proyecto oficial volvió a ser unánime, en una nueva muestra de que el juicio por jurados es uno de los pocos temas en los cuales todos los operadores judiciales, salvo algunas autoridades del Poder Judicial, tienen una férrea coincidencia. PODÉS LEER TAMBIÉN: Juicio por jurados: abogado rechazó la reforma y pidió por mejoras estructurales En primer lugar, Rosario Romero, intendenta de Paraná y ex Ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, recordó que ella fue una de las impulsoras de la implementación del juicio por jurados y lamentó que "a apenas 5 años, algunos sectores antijuradistas busquen retroceder, pese al ejemplar desempeño de los cientos de entrerrianos que con un enorme compromiso han demostrado que el jurado mejora la administración de justicia". Además, Romero señaló que "todos estamos preocupados por las cuentas públicas, pero lo cierto es que podemos abaratar los costos del jurado sin necesidad de reducir la cantidad de juicios". Luego, Miguel Ángel Cullen, representante de la Asociación Pensamiento Penal (Capítulo Entre Ríos), explicó que "no hay juradistas o antijuradistas, hay gente a favor de la Constitución o en contra de la Constitución. Una vez que la cláusula constitucional que dice que 'todos los juicios criminales serán terminados por jurados' se activa, no hay posibilidad de restringir ese sistema sin violar la Constitución, porque los derechos son progresivos: pueden ampliarse, pero no reducirse. Por lo tanto, es un proyecto inconstitucional". José Velázquez, por su parte, se refirió al proyecto presentado por el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Entre Ríos, que con una corrección técnica a la regulación de las remuneraciones, "permite reducir los costos en un 80%, contra el 19% de ahorro del proyecto del Gobierno. Y esto se haría sin reducir la competencia del jurado. Es decir, si el problema son los costos, acá tienen una solución que permitiría ahorrar aún más que el proyecto oficial, y sin reducir ningún derecho". A continuación, Julián Alfie, Director Ejecutivo del INECIP, destacó que "hay once provincias que tienen ley de jurados y, hasta ahora, las únicas modificaciones han sido para ampliar su competencia. Entre Ríos sería la primera provincia de Argentina en ir marcha atrás y reducir la competencia, bajo argumentos falaces: aún si se duplicara la cantidad de juicios y no se tomara la propuesta de reducir el costo que presentó el Instituto de Derecho Penal, el jurado representa apenas el 0,8% del presupuesto del Poder Judicial. Y las demoras de casos pendientes se deben a problemas de gestión solucionables. La verdadera razón de este proyecto es que un sector sigue sin aceptar la redistribución de poder que implica la participación ciudadana". A su turno, el juez Elvio Garzón, referente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados Filial Entre Ríos, señaló que "hubiera sido bueno que las autoridades judiciales que impulsan este proyecto lo firmaran y se hicieran cargo. A mí como juez me da vergüenza que en 2023 en Paraná no hayamos hecho más de un juicio por jurados al mes, bajo la excusa de la infraestructura, cuando en realidad sobran salas de audiencias que no se están utilizando, y cuando la Municipalidad ofreció otros lugares aptos para hacer juicios y tampoco se utilizan. En Chaco tienen los mismos recursos y una carga de casos igual o mayor, pero no tienen casos pendientes. ¿Por qué? Porque allá las autoridades del sistema de justicia quieren que el jurado funcione bien. Acá evidentemente no. Es una cuestión de voluntad, no de imposibilidad". Por último, el abogado Damián Petenatti, de la misma Asociación, explicó que "es falso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya prohibido los juicios por jurados para casos de abuso sexual. Quien diga eso está haciendo una lectura sesgada y jurídicamente errónea de un comentario al margen de un fallo referido a otro tipo de sistema muy distinto al entrerriano, porque en Bolivia tenía un jurado escabinado o 'mixto', en donde jueces profesionales y jurados deliberan juntos y pueden interrogar a las víctimas. En cambio, ignoran que en otro fallo esa misma Corte respaldó por unanimidad al modelo de juicio por jurados aplicado en Argentina, justamente, en un caso de delitos sexuales". Al finalizar las exposiciones, los expositores respondieron preguntas de los diputados, quienes destacaron que "nos llevamos herramientas para comprender mejor el sistema", además de agradecer "que se haya presentado una alternativa que permitiría resolver el tema de los costos sin tocar la competencia".
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