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» La Prensa
Fecha: 02/09/2024 01:54
Desde el "no hay plata" del gobierno a "la plata no alcanza", de la gente, transcurrieron casi nueve meses de gestión. En ese lapso de tiempo un puñado de cosas quedaron claras: que el equilibrio fiscal es la esencia misma del programa y que el ajuste lo van a pagar, como siempre, los que menos tienen. Empezó septiembre y en el cronograma de aumentos están la luz, el gas, el transporte en todas sus formas, la educación privada, el combustible, la medicina prepaga y la Verificación Técnica Vehicular porteña, entre otros tópicos. Sube todo menos los salarios, pulverizados en el primer trimestre. El miércoles los jubilados volvieron a manifestarse frente al Congreso de la Nación en el reclamo por el aumento de haberes que el presidente Javier Milei vetará sin que le tiemble el pulso. La nueva ley, asegura el mandatario, no hace más que socavar su plan de equilibrio fiscal. Es una postal sepia de la década del ‘90. La biblioteca económica se divide en dos: están quienes sostienen que, como afirmó Eva Perón, donde existe una necesidad nace un derecho; y los que, con un pensamiento liberal lógico, recalcan que a los derechos hay que financiarlos. De allí la tensión que hoy cruza a la sociedad, agobiada por un gobierno que necesita recortar el gasto para encauzar la inflación, y la resistencia lógica a perder beneficios. Lo más grave del capítulo escrito en el Congreso es que, como explica el economista Gabriel Rubinstein, los legisladores aprobaron el proyecto sin adjuntar el mecanismo mediante el cual se generarían los fondos para pagar el aumento de los jubilados. Hubo en esto más chicana política, empujando a Milei al veto, que solidaridad con la clase pasiva. El economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) escribió un documento en el cual analiza el mapa de los ingresos de los jubilados. Destaca: * En el caso de los haberes mínimos, incluido el bono compensatorio, la realidad es la siguiente: entre 2017 y febrero de 2024 la caída real fue del 43%. * Entre febrero y agosto la suba real fue del 29%. * Entre noviembre de 2023 y agosto, la suba real es del 6%. “La cuestión central de los últimos meses está en la recuperación real del haber y en la caída real del bono, ya que lleva 6 meses con igual valor de $70.000. Esto hizo que en junio se logre un pico y que a partir de ahí ya se haya iniciado una merma real del ingreso total. En efecto, entre junio y agosto el ingreso real ya cayó un 1,2%”, subraya el informe. Como en tantas otras oportunidades, los jubilados han sido otra vez la variable de ajuste para ordenar las cuentas públicas. La situación crítica exige creatividad e ingenio. El presidente de la Nación podría evitarse el impacto político negativo que significa el veto al aumento de los jubilados utilizando algún tipo de ingeniería financiera. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal publicó esta semana una propuesta. Señala que el gobierno actualmente otorga discrecionalmente un bono de $70.000 a todos los que reciben los haberes más bajos, que representa un gasto de aproximadamente 0,7% del PBI. La aplicación de la ley, en cambio, implica un costo fiscal de 0,4% del PBI. Así, sugiere que “hay que focalizar el bono en aquellos beneficiarios adultos mayores que tienen como única fuente de ingreso el haber previsional y dejar de pagarlo a los beneficiarios que no se encuentran en situación de vulnerabilidad”. Cumplir la ley sería menos oneroso, tanto en términos económicos como políticos. INFLACION El debate sobre el incremento a las jubilaciones tiene como telón de fondo la política de recorte del gasto público para talar la inflación. Como ya se dijo, todas las variables deberán converger al 2% con el fin de que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) baje un par de escalones más desde el actual 4%. La tarea dista de ser sencilla. El mecanismo es complejo y los movimientos deben tener precisión quirúrgica. La gran pregunta es de qué manera se debe salir del cepo cambiario, cómo y cuándo cortar el cable rojo sin que explote la bomba. Los economistas no se ponen de acuerdo. Por lo pronto, durante la semana Nicolás Gadano y Orlando Ferreres coincidieron en que se abriría el candado antes de fin de año. La medida produciría un salto cambiario llevando el dólar hasta $1.400, con el consecuente impacto sobre el sistema de precios. En la vereda de enfrente el tucumano Ricardo Arriazu -más liberal no se consigue-, se opone de manera tajante a la salida del cepo y elabora pronósticos apocalípticos. “No hay que devaluar. La devaluación es el fin del programa, el fin de Milei, el fin de todo. Si devaluamos explotamos por los aires”, enfatizó en una entrevista. Mientras tanto, el equipo económico diseña políticas destinadas a reducir la inflación por otras vías, como la impositiva. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Impuesto PAIS se reducirá del 17,5% al 7,5%,, medida que impactará en el dólar comercial para las importaciones de bienes y fletes. También, de manera inevitable, afectará la recaudación fiscal. Según un documento del Iaraf, el recorte del gravamen implicaría una baja de entre el 1,14% y 3,4% en el precio final de algunos productos que utilizan insumos importados para su producción. Otra manera de disciplinar precios es abrir la importación. En este caso le tocó al acero, producto sobre el cual el Gobierno decidió simplificar el entramado burocrático aduanero. Sostienen en Economía que el precio local es hasta un 50% más elevado que el que se pauta en el mercado internacional. La decisión de política comercial gatilló la aprobación de la industria automotriz y otros segmentos afines que utilizan este insumo, pero desató la furia de Paolo Rocca, CEO de Tenaris, la metalúrgica subsidiaria del Grupo Techint. El empresario ya había advertido, cuando se cocinaba la decisión oficial, que resultará imposible competir contra China. "Las importaciones chinas ayudan a controlar la inflación en nuestros países pero tienen un impacto negativo en nuestros sectores industriales, y tienen efectos aún peores sobre la inversión y el crecimiento", rubricó semanas atrás durante el foro Acero Brasil. La erradicación de los subsidios al transporte en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia también va en el sentido de morigerar la emisión y bajar la inflación, pero pega de lleno en el bolsillo de los usuarios cuyos salarios no gana para sustos. El Gobierno nacional ha decidido traspasar las 31 líneas de colectivos que recorren exclusivamente la Ciudad de Buenos Aires a la administración porteña y dejar de financiar los beneficios. El boleto dentro de los límites de la Capital Federal podría acercarse entonces a los $1.000. La medida, argumenta Economía, es equiparar el costo con lo que se paga en el resto de las provincias argentinas. Sin embargo, el tiro de gracia para los porteños y bonaerenses es el final del esquema de Boleto Integrado, que permitía un importante descuento sobre las tarifas del segundo y tercer medio utilizado. Lo conservarán sólo las líneas con ruta en jurisdicción nacional, es decir las que circulan en el AMBA y cruzan de un distrito al otro. Un informe de la consultora Adecco reveló en una encuesta que el 68% de las personas va a trabajar en colectivo, mientras que el 32% utiliza su auto particular. Otras opciones que predominan son el tren (18%), subte (16%) o ir caminando (13%), siempre que la distancia lo permita. El documento destaca que 7 de cada 10 personas ven en el incremento de las tarifas del transporte un problema a la hora de ir al trabajo. En el pase de manos del servicio la Nación se desentiende de los futuros incrementos que se producirán en el boleto ya que los distritos no están dispuestos o carecen de los recursos para continuar aplicando el subsidio. De hecho, el gobierno bonaerense ya avisó que apelará ante la Corte Suprema de Justicia. BROTES VERDES En la Argentina de los salarios pulverizados y las medidas de ajuste, el diputado libertario José Luis Espert prometió que la recuperación de la economía ocurrirá a partir del año próximo. Por lo pronto, algunas consultoras ya ven la aparición de tímidos brotes verdes. De acuerdo con el Indice General de Actividad (IGA) que elabora la consultora de Orlando Ferreres, “el nivel general de actividad registró una caída de 3,0% interanual en julio de 2024, acumulando para los primeros siete meses del año una contracción de 4,9%. Por su parte, la medición desestacionalizada registró una mejora de 0,8% respecto al mes precedente”. Y agrega que “por primera vez en el año nuestro indicador contabiliza más sectores al alza que a la baja en la comparación anual, aunque la incidencia de los sectores contractivos lleva al agregado a mostrar aún cifras negativas. Hacia adelante cabe esperar que se mantenga la tendencia de la actividad a recuperar algo de terreno, con la velocidad de la recuperación dependiendo de la mejora que se vea en los ingresos de las familias y en la recomposición del consumo”. Septiembre no será un mes más para el Gobierno. Mientras ejecuta su severo plan de equilibrio fiscal, el día 26 el Indec dará a conocer las estadísticas de Pobreza e Indigencia correspondientes al primer semestre 2024. Los números serán, ahora sí, todos de la gestión Milei.
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