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» El litoral Corrientes
Fecha: 31/08/2024 00:02
Recientemente, un fallo judicial ha rechazado una demanda de amparo presentada con el objetivo de obtener una pensión por viudez bajo la aplicación de la Ley 27.705. Esta decisión ha suscitado una serie de interrogantes sobre el criterio judicial aplicado y plantea una oportunidad para reflexionar sobre la interpretación de las normativas en materia de seguridad social, así como sobre la protección de los derechos fundamentales de los solicitantes. La Constitución Nacional en el art. 14 bis pone en cabeza del Estado la obligación de proveer a los ciudadanos una vida digna. Se entiende por estado a los tres poderes que integran el sistema republicano de gobierno: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Evaluación de la Vulnerabilidad del Solicitante Uno de los puntos críticos del fallo es la evaluación de la vulnerabilidad de la parte actora, en la que el tribunal argumenta que la solicitante no demostró una situación de vulnerabilidad concreta. Este enfoque ha sido objeto de debate, dado que el carácter de la pensión por viudez implica una necesidad inherente de protección debido a la pérdida del principal sustento económico familiar. La ausencia de problemas de salud documentados, dependientes a cargo, o una situación económica específica no debería ser el único criterio para evaluar la urgencia del caso. En contextos de seguridad social, la pérdida de un cónyuge conlleva una afectación significativa en la estabilidad económica, y dicha situación debería considerarse como un factor de vulnerabilidad en sí mismo. Interpretación de la Ley 27.705 La sentencia en cuestión argumenta que la Ley 27.705 no contempla la posibilidad de adquirir Unidades de Pago de Deuda Previsional para personas que fallecieron antes de alcanzar la edad jubilatoria. Este enfoque restrictivo también es absolutamente objetable, ya que ignora el principio de justicia social y el propósito de la ley de ampliar los derechos previsionales. La Ley 27.705 fue diseñada para permitir el acceso a prestaciones previsionales mediante la adquisición de unidades de pago, y su interpretación debería reflejar una aplicación inclusiva que contemple situaciones excepcionales. Un análisis más amplio y contextual de la ley podría llevar a una aplicación más equitativa, asegurando que los beneficios previsionales se extiendan adecuadamente. Adecuación del Amparo como Vía Judicial La sentencia también critica la elección de la acción de amparo, sosteniendo que existen otros recursos legales disponibles. Sin embargo, el amparo es un recurso constitucional previsto para la protección de derechos fundamentales cuando otros mecanismos judiciales no son eficaces. En este caso, la negativa de la administración a aplicar una ley reciente y la falta de respuesta adecuada afectan directamente el derecho a una pensión esencial. El amparo, como recurso expedito y adecuado en situaciones donde los derechos fundamentales están en riesgo, debería haber sido considerado una vía válida para garantizar la protección de la solicitante. La inminencia de la fecha de extinción de la moratoria, en el mes de febrero de 2025, como asimismo la deliberada abstención por parte del organismo del estado que ejerce el control de todo el sistema previsional nacional son motivos más que suficientes para justificar una vía rápida para evitar causar a las personas un daño mayor, cual es la pérdida total de posibilidades de acceder a un beneficio previsional. - Análisis sobre el criterio de la Improcedencia de la Demanda El tribunal ha cuestionado la falta de análisis por parte de la actora sobre la ley impugnada, sin embargo, es la administración pública quien tiene la responsabilidad de implementar y aplicar las leyes de manera justa y efectiva. La falta de operatividad de la ley y la respuesta deficiente por parte de la administración justifican una revisión del caso bajo un enfoque de protección de derechos, considerando que el objetivo de la ley es garantizar el acceso a beneficios previsionales. Conclusión y Llamado a la Reflexión El criterio judicial adoptado en la sentencia, que desestima la demanda de amparo con un enfoque técnico y restrictivo, puede limitar el acceso a beneficios cruciales para los solicitantes de pensiones por viudez. La interpretación de las leyes y la aplicación de los mecanismos de protección deben considerar tanto el marco legal como el contexto humano y social de los afectados. La justicia en materia de seguridad social exige una revisión equitativa de los derechos previsionales y una aplicación inclusiva de las normativas, asegurando que los beneficios y protecciones se extiendan de manera efectiva a quienes los necesitan. Es imperativo que las decisiones judiciales reflejen el compromiso con la justicia social y la protección integral de los derechos de los ciudadanos, garantizando que las reformas legislativas cumplan su propósito de mejorar la cobertura y el bienestar de los beneficiarios. La sentencia fue apelada, esperemos que se haga justicia. -
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