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» Clarin
Fecha: 30/08/2024 17:01
En medio del desconcierto en el que entró luego de la derrota electoral, en las últimas semanas potenciado por las revelaciones sobre Alberto Fernández, el peronismo corre el riesgo de perder un lugar estratégico que viene controlando por décadas. Los gobernadores nucleados en lo que era Juntos por el Cambio planean disputar la conducción del Consejo Federal de Inversiones (CFI), históricamente manejado por dirigentes vinculados a los mandatarios del PJ y actualmente en manos de Ignacio Lamothe, de La Cámpora. Integrado por la mayoría de las provincias -salvo San Luis y CABA-, el CFI fue creado en 1959 con el propósito de “promover el desarrollo armónico e integral del país” y “orientar las inversiones hacia todos los sectores” del territorio nacional, de acuerdo con su carta de constitución. Se financia con el 0,45% de lo que recibe cada distrito por coparticipación secundaria, según las estimaciones unos 100 mil millones de pesos anuales. Durante más de 30 años el secretario general fue Juan José Ciácera, vinculado el peronismo que llegó al cargo por un acuerdo entre el menemismo y el alfonsinismo, y se mantuvo hasta su muerte en 2020. Lo sucedió Lamothe, oriundo de Mercedes y de confianza de Wado de Pedro, que en octubre buscará reelegir como secretario general. Cada provincia tiene un voto, por lo que el peronismo conseguía imponer la conducción. En el último turno electoral el PJ perdió Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Chubut, Santa Cruz y San Juan -además de San Luis, que pidió volver a integrar el CFI pero en esta elección no participa-, y quedó limitado a Buenos Aires, Formosa, La Rioja y La Pampa con perfil opositor, Santiago del Estero y Tierra del Fuego en el mismo espacio aunque con mandatarios no del PJ y Tucumán, Salta, Catamarca y Córdoba con peronistas más alineados con el Gobierno. Lo que era Juntos por el Cambio reúne a ocho gobernadores -además de San Luis, para este organismo tampoco cuenta la Ciudad-, y a diferencia de otras renovaciones de autoridades en este caso buscan desplazar de la conducción a Lamothe. Se resolverá en una asamblea, en la que en una primera votación harán falta los dos tercios de los votos, y en caso de no conseguirlos se definirá por mayoría simple. “Estamos todos orejeando las cartas. Si nos ponemos de acuerdo, y con algunos aliados, esta vez tenemos muchas posibilidades de definirlo nosotros”, coincidieron en el radicalismo y el PRO. Entre los posibles candidatos para disputarle la continuidad a Lamothe aparece Sebastián García De Luca, ex viceministro del Interior de Mauricio Macri, con apoyo de Rogelio Frigerio y buena relación con el resto de los gobernadores de Juntos por el Cambio y también de algunos peronistas por su paso por esa cartera. Otro es Bruno Screnci, ex ministro de Gobierno porteño con Horacio Rodríguez Larreta y actual director del Banco Provincia, que apuesta a reunir avales de mandatarios vinculados al ex alcalde como Marcelo Orrego y Maximiliano Pullaro. También circuló que podría impulsarlo Martín Llaryora. “Son amigos hace muchos años, pero todavía no tenemos posición tomada”, aclararon en Córboba. También suena Felipe Alvarez, ex candidato a gobernador de La Rioja y ex diputado, con el apoyo del santacruceño Claudio Vidal, con quien compartía el bloque Ser en el Congreso. De origen peronista, saltó del Frente para la Victoria a Juntos por el Cambio y luego también dejó esa bancada en 2021. Ignacio Lamothe, titular del CFI, con el diputado kichnerista José Glinski. Los gobernadores de Juntos por el Cambio no cuestionan directamente a Lamothe en el reparto de los recursos, una caja política y un lugar de “rosca” en forma de proyectos para desarrollo, créditos a sectores productivos y promociones turísticas y de productos en el exterior. “Fue Papa Noel este año, para hacer buena letra y estar bien con todos. Antes se manejó con más arbitrariedad”, apuntaron los mandatarios que trabajan en su desplazamiento, y cuestionaron el ingreso de dirigentes de La Cámpora. Como se trata de un organismo interestadual, no tiene control de la Auditoría General de la Nación ni de las provincias.
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