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» Politicargentina
Fecha: 29/08/2024 02:16
Luego de la presentación de Ariel Lijo en el Senado, el abogado constitucionalista Manuel García Mansilla defendió durante siete horas su postulación a la Corte Suprema de Justicia y reconoció que el cargo se lo ofreció Santiago Caputo. “No hablé nunca en mi vida con el Presidente, ni siquiera por teléfono", resaltó.Abogado constitucionalista de 54 años, García Mansilla inició su alocución remarcando su crianza en tres provincias argentinas (Río Negro, Misiones y Salta) y sus primeros años de estudio en la ciudad de Buenos Aires: "Arranqué desde lo más bajo que se puede y recorrí todo la carrera de un abogado".A su vez, interpretó que "los legisladores pueden apelar a sus convicciones morales y a la necesidad de atender reclamos sociales para modificar las leyes" mientras que los jueces "no pueden hacer eso en ningún caso". "Fomentar ese comportamiento por parte de los jueces es una forma inaceptable de liberarlos de los límites que la propia Constitución también les impone a ellos", agregó.El abogado admitió el desprestigio actual del Poder Judicial y se lo atribuyó a "el hecho de que varios jueces en varias oportunidades no aplican la ley, o al menos esa es la percepción de la población". "A veces el Poder Judicial promete más de lo que puede dar y a veces interfiere en soluciones sistemáticas", opinó.Amparado en su trayectoria técnica y académica, omitió respuestas comprometedoras sobre el protocolo antipiquetes, condenas al negacionismo o el DNU 70/2023 de Javier Milei.En sus intervenciones de mayor incidencia política, el candidato participó "en licitación de áreas provinciales de hidrocarburos" y "de empresas locales e internacionales en cuestiones relacionadas con el derecho público, derecho de la energía y el derecho comercial". En el 2016, expuso en una audiencia pública a favor del aumento de tarifas hechas durante la gestión de Mauricio Macri. Su tesis de Maestría, bajo el título "La crisis de la separación de poderes, el caso de Argentina", fue crítica sobre el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).Las preguntas de los senadores a García Mansilla buscaron dilucidar su opinión sobre causas vigentes o sobre las posiciones de la otra postulación oficialista para la Corte, Ariel Lijo. En ambas situaciones, el abogado eligió respuestas técnicas con citas jurisprudenciales, que evitaban comprometer su candidatura o la del propio Lijo. También eludió las consultas de índole ambiental y el posible conflicto de intereses que representa su trayectoria en el sector energético y petrolero: "Es irrelevante lo que yo piense".Una de las posturas más controversiales de García Mansilla tienen que ver con su oposición a la sanción de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En ese marco, entendió que "es indispensable que el Congreso derogue específicamente las leyes que se contraponen con las que se están sancionando. A su vez señalé que había trece constituciones provinciales que reconocían el derecho a la vida expresamente desde la concepción". "Voy a analizar cada caso con la mente abierta, analizar los argumentos de cada una de las partes y considerar las dimensiones humanas en juego", afirmó, en la eventual situación de que reciba una causa vinculada al aborto como juez de la Corte.Otro de los puntos de confrontación que se preveían es la actual falta de mujeres en la composición de la Corte Suprema. En ese marco, el abogado reconoció que "es una cuestión muy trascendente pero que no impide a un candidato mujer o varón aceptar una nominación"; mientras que se diferenció del caso de Lijo: "Mi nominación no reemplaza a una mujer". Luego buscó desmitificar otra versión: "Está muy lejos de mí tener un sesgo antiperonista".El abogado fue consultado sobre la constitucionalidad de la dolarización: “Asumamos que para dolarizar se confiscan todos los depósitos en dólares que hay en el sistema bancario; esa dolarización sería flagrantemente inconstitucional por violación del derecho de propiedad”. Sin embargo, si la dolarización se hace vía de un tratado de integración en el marco del artículo 75 [...] podría ser constitucional". “Este Congreso de la Nación le ha dado curso legal a monedas extranjeras en el pasado en varias oportunidades”, añadió.A su vez, entendió que “la Ley de Coparticipación es una deuda; se van a cumplir 30 años de la reforma del '94 y no se ha dictado la ley convenio, que tiene alma de contrato y cuerpo de ley. Una de las dificultades que provocó esto es una interpretación que plantea que se necesita la unanimidad de las provincias". "En la medida que estén dadas las condiciones políticas para negociar esa ley, hay argumentos razonables para poder arribar a un acuerdo y que este Congreso sancione una ley de Coparticipación con una mayoría especial", sugirió.
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