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Diamante » Neonetmusic
Fecha: 27/08/2024 09:53
El abogado Nelson Schlotahuer, brindó información crucial sobre cómo proceder ante la llegada de las fotomultas. Explicó que lo que recibe el ciudadano es un acta de infracción, un instrumento legal que primero notifica la multa y ofrece un plazo para decidir si pagar la mitad o defenderse. Sin embargo, advirtió que optar por la defensa generalmente implica pagar el 100% de la multa, ya que suelen rechazar los descargos. Schlotahuer subrayó la importancia de recurrir a un abogado para analizar si el acta cumple con los requisitos legales. Schlotahuer señaló que el fotoradar es un medio de prueba sujeto a una serie de requisitos de validez. En Entre Ríos, un decreto modificado en abril eliminó el reaseguro del derecho de defensa, lo que significa que no están obligados a notificar la infracción en un radio de 10 kilómetros. Aunque el decreto vigente no menciona la notificación, el abogado enfatizó la necesidad de consultar a un abogado, ya que la ley nacional de tránsito establece que siempre se debe parar al presunto infractor, informarle de la situación y darle la posibilidad de defenderse. Si se considera que la infracción es injusta, Schlotahuer explicó que depende del Estado que labró la infracción. En el caso de la Policía de Entre Ríos, los descargos se presentan en la Dirección de Seguridad Vial en Oro Verde. Es esencial que un abogado revise el acta, ya que puede plantear cuestiones de hecho y de derecho, como la falta de cumplimiento de los requisitos de validez del acta de comprobación, lo que podría llevar a la nulidad de la multa. El abogado también mencionó la posibilidad de una acción judicial, que debe ser analizada llegado el momento. Es importante considerar si la multa está prescripta, lo cual depende del tiempo que tiene el Estado para cobrar o juzgar la multa. Esto varía según la gravedad de la infracción, con un plazo de dos años para faltas menores y cinco años para faltas graves. Schlotahuer criticó la práctica de enviar actas de infracción con retraso, ya que vulnera el derecho de defensa en juicio y debido proceso. Según la ley, el Estado tiene dos años para realizar el procedimiento y cinco años para cobrar multas graves. Sin embargo, este plazo está en discusión desde el punto de vista constitucional, ya que las contravenciones se consideran delitos de menor escala y se aplican las reglas del Código Penal, con un plazo máximo de ejecución de dos años. Audio Dr Nelson Schlotahuer en Radio La Voz Nota con información de Radio La Voz 90.1 Noticia vista: 1
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