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» La voz
Fecha: 26/08/2024 00:05
En los tribunales de Córdoba se litigan por estos días grandes causas relacionadas a distintas formas de ejercer la violencia de género. Son juicios diferentes, de distintas situaciones, pero que tienen a mujeres como víctimas y a varones ejerciendo todo el abuso de poder sobre ellas que les otorga el patriarcado. Pero también ponen en foco que la última respuesta que llega –con suerte– es la justicia. Al mismo tiempo que se debe evaluar si esas causas fueron analizadas con perspectiva de género, deberíamos preguntarnos por qué llegamos hasta ahí. ¿Por qué, como sociedad, no pudimos evitar que un hombre se transformara en femicida o en abusador o en explotador de personas? Las responsabilidades van desde cómo padres y madres educan a sus hijos varones hasta el Estado que no implementa políticas de prevención o que lo hace en forma muy escasa. Causa por causa El juicio por el femicidio de Anahí Bulnes remarca que ser trabajadora sexual te pone en una condición de vulnerabilidad, y que el asesino tenía un profundo desprecio y odio contra las “trolas”, como él decía. El mismo hombre acusado de un femicidio en diciembre de 2022 había sido denunciado por abuso un año antes, en 2021. La alerta estuvo, pero no fue hasta que asesinó a alguien que se activó esa denuncia. La imputación llegó incluso después, en 2024. Femicidio. Santiago Campos Matos, acusado de asesinar a Anahí Bulnes en diciembre de 2022. (Pedro Castillo / La Voz) En pocos días se conocerá el veredicto sobre las dos denuncias que pesan sobre el ahora exfuncionario Diego Concha: por violencia de género contra su exmujer y por homicidio en ocasión de abuso sexual, luego de que se suicidó la joven que lo había denunciado por abuso. En los tribunales federales, el exfuncionario judicial Eduardo Zanello afronta un juicio por presunto abuso y trata de personas contra una joven, en el caso conocido como “Nora”. Según la acusación, fueron largos años de aprovechamiento de una joven que en principio era menor de edad y a quien tenía junto con otros “hombres del poder” cuasi como una esclava sexual. Por último, la Justicia de Córdoba vuelve a tener en su banquillo de acusados a un repitente, Sebastián “Pucho” Roqué, el acosador serial de mujeres que fue condenado a siete años de prisión por distintas causas y ahora enfrenta un nuevo juicio: haber amenazado a una fiscal y a otra autoridad de la fiscalía. Mientras la Justicia discutirá si es imputable o no por sus padecimientos mentales, las víctimas siguen siendo “ellas”: mujeres con quienes había tenido una relación o, en este último caso, autoridades que tienen cierto poder sobre su causa. Otra vez. Sebastián “Pucho” Roqué. Su historia parece no tener solución y genera temores (La Voz/Archivo). Prevención en lugar de judicialización Estos hombres sanos o poco sanos no se metieron con hombres; se ensañaron con mujeres y nadie parece llegar a tiempo. Las cárceles siguen llenándose de hombres misóginos, pero esto no parece ser pedagógico para quienes están en libertad. Las políticas públicas nacionales para frenar la violencia de género desaparecieron; las de las provincias se retrajeron y subsisten a fuerza del compromiso y a veces también precarización de muchas personas que allí trabajan. La conciencia social sobre esta problemática surge cada tanto en casos resonantes, como el de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández, pero la mirada es siempre sobre el otro, no sobre lo que uno puede hacer para revertir esta cuestión. Mientras la Justicia se esfuerza por reparar tarde y con limitaciones los daños infligidos por quienes ejercen violencia de género, seguimos fallando en la prevención. No es suficiente con que los responsables lleguen al banquillo de los acusados: ya hay mujeres muertas o abusadas, familias y niños víctimas, y además un enorme gasto público orientado a condenar estos delitos. En medio de un contexto nacional en el que se aplaude cada medida que implica un ajuste del gasto público, sería bueno pensarlo también en términos económicos. Imaginemos si todo el dinero que implica para el Estado cada uno de estos casos judiciales pudiera ser invertido en políticas de prevención y erradicación de la violencia. Tendríamos al cabo de un par de décadas una disminución considerable de los litigios, de víctimas y de personas encerradas en cárceles. Pero para ello se necesita, primero, el compromiso, algo que está lejos de ser parte de la agenda de los gobiernos de esta era.
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