13/09/2024 07:25
13/09/2024 07:23
13/09/2024 07:19
13/09/2024 07:18
13/09/2024 07:18
13/09/2024 07:18
13/09/2024 07:18
13/09/2024 07:17
13/09/2024 07:17
13/09/2024 07:16
» El Eco Tandil
Fecha: 25/08/2024 17:50
En medio de críticas entre concejales de los distintos bloques en torno a la toma del predio en el barrio La Movediza, el lunes próximo el oficialismo local presentará en el Concejo Deliberante un proyecto de Resolución dirigido al subsecretario de Integración Socio Urbana de la Nación, Sebastián Pareja, solicitando que revise la medida de diciembre pasado que incluye al terreno ocupado en Piccirilli al 1100 en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y, por lo tanto, lo exime del desalojo. Recibí las noticias en tu email Recibir newsletter Entrevistado por El Eco Multimedios, el presidente del bloque Juntos - UCR en el deliberativo local, Mario Civalleri, contó los alcances del proyecto de Resolución que presentará en el Concejo, ratificó la postura del Ejecutivo a favor de la desocupación del predio y le respondió a sus pares de La Libertad Avanza (LLA), Federico Sánchez Chopa, y de Unión por la Patria, Nicolás Carrillo. “Vamos a presentar un proyecto de Resolución dirigido a la Subsecretaría de Integración Socio Urbana a cargo de Sebastián Pareja para que revise esa Resolución, a nuestro criterio ilegal, del 6 de diciembre”, contó ayer Mario Civalleri ante el micrófono de “La Mañana de El Eco”, por ECO TV y la 104.1 FM. La norma mencionada es la Resolución 254/2023 de la entonces Secretaría de Integración Socio Urbana del exMinisterio de Desarrollo Social que, a pocos días de finalizarse el Gobierno de Alberto Fernández, incluyó al predio propiedad de Daniel Moauro en el Renabap, con lo cual sus ocupantes no pueden ser desalojados compulsivamente. “Cuando asume este nuevo Gobierno, que nos ha dado cátedra en materia de derechos a la propiedad privada, nos encontramos con que un funcionario, actualmente a cargo de esa Subsecretaría -Sebastián Pareja- le informa al tribunal que interviene en el tema que esa Resolución está vigente y la vuelve a fundamentar”, dijo Civalleri en referencia a la medida emitida por el armador político del Presidente Javier Milei en la Provincia el último 6 de julio. Y agregó: “nos encontramos con la curiosa situación de que un funcionario de un Gobierno que como punto 1 del Pacto de Mayo rescata la inviolabilidad de la propiedad privada, ratifica una Resolución que lo que está haciendo justamente es violarla". En ese marco, el edil radical se preguntó: “un Gobierno al que no le ha temblado el pulso para tomar la decisión de suspender cosas mucho más dolorosas, como por ejemplo el subsidio al transporte que está judicializado a lo largo y lo ancho del país y que lastima el bolsillo de la gente, ¿no puede cambiar una Resolución que es irregular e ilegal?” “Nosotros vamos a ir por la positiva”, aseguró Civalleri y se expidió sobre el proyecto de Resolución que en este momento está siendo revisado por el área de Legales y que será presentado el próximo lunes ante el Concejo. “Después cada bloque decidirá; en la próxima sesión del Concejo Deliberante se someterá a votación y veremos cuáles son los argumentos de uno y otro lado y quién está en cada lugar”, expresó. “Lo que todos dicen querer es que se desaloje y se respete la propiedad privada así que, para que eso ocurra, lo que tenemos que lograr es que el señor Pareja revise esa Resolución y que finalmente termine modificándola o derogándola, con ajuste a los términos de lo que la propia Ley o la propia Justicia han planteado”, agregó. “Fue impecable” la labor de Marcieri El martes pasado, la secretaria de Protección Ciudadana del Municipio, Alejandra Marcieri, tildó de “situación realmente incoherente” la decisión del Gobierno libertario de prolongar una medida emitida con anterioridad por el Ejecutivo a cargo del bloque Unión por la Patria. Sus declaraciones le valieron la fuerte crítica del concejal de LLA, Federico Sánchez Chopa, quien las enmarcó en “una clara intención de pegarle al Gobierno nacional” y sostuvo que, a la gestión de Miguel Lunghi, “le ha pasado una toma por las narices y no tomaron ningún recaudo”. Ayer Civalleri defendió, “en todos los términos, los dichos de Alejandra Marcieri” y valoró que la labor de la funcionaria –que durante los primeros meses de la toma y por un largo período estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat- fue “impecable”. “La verdad que suena bastante ridículo que precisamente una persona que trabajó muchísimo sobre el tema sea acusada de mirar para el costado”, resaltó. También dijo lamentar “mucho las declaraciones de Sánchez Chopa, que además ha sido funcionario de nuestro Gobierno”, y consideró que "lo hizo por desconocimiento y no por mala fe, porque si supiera de toda la intervención del Municipio, no lo diría". “Con Federico tengo algunas coincidencias porque él se manifiesta en contra de la usurpación y en contra de la violación de la propiedad privada, que es un concepto al que nosotros obviamente adherimos”, expresó Civalleri. Y declaró: “después veremos si Sánchez Chopa y (la concejal de LLA) Luján Fiego acompañan (el proyecto de Resolución) porque como él dice que no son libertarios… por ahí lo acompañan, porque no le deben nada a nadie”. “Carrillo es parte del problema” En la entrevista de ayer, Civalleri también apuntó contra el concejal Nicolás Carrillo (Unión por la Patria), que días atrás vinculó la existencia de tomas en el partido a un fracaso de la política en general. “Me molestan las declaraciones altisonantes de Marcieri que, como declaraciones, son llamativas”, había dicho Carrillo a este Multimedios. “Decir que son todos extranjeros y que hay que desalojarlos, pero estas gobernando vos. ¿Cuántos años estuviste en Desarrollo Social? Ahora estás en Seguridad y no resolviste el tema”, había indicado el referente peronista. En este plano, Civalleri consideró que “Carrillo forma parte un poco del problema”. “Creo que él tiene una mirada muy particular del tema y, más allá de que también se declara a favor del derecho a la propiedad privada, entiendo que es una verdad de Perogrullo”, sostuvo el radical. “Por un lado dice eso, pone el guiño para la derecha pero después dobla a la izquierda a los dos minutos”, ironizó. El presidente del bloque Juntos argumentó además que el Ejecutivo comunal tiene “vocación de generación de suelo urbano” y ejemplificó con la intención de poner en venta el predio ubicado en Avenida Santamarina 450, el que –según señaló- tendrá “un destino espectacular” ya que, de acuerdo a lo explicado oficialmente, el producido por la venta se destinará, por un lado, al montaje de una Planta de Pavimentación Municipal y, por el otro, a la adquisición de macizos de tierra para generar lotes con servicios para la comunidad local. Asimismo, Civalleri recalcó que “buena parte de lo que hoy incluye la Ley de Hábitat tiene que ver con algunas medidas individuales que hace unos años este Gobierno local puso en marcha a través del Plan Familia, incorporando a organizaciones de la comunidad para poder desarrollar urbanizaciones”. “El mecanismo de la toma no funciona” Finalmente, el edil se mantuvo muy firme en la postura del gobierno lunghista: el desalojo compulsivo de los ocupantes de Piccirilli al 1100. “Acá hay que pensar que la Justicia intervino desde el primer momento, que en dos ocasiones ordenó el desalojo y que por distintos motivos no prosperó”, señaló Civalleri. Y continuó: “en algunos momentos hubo motivos políticos, como por ejemplo el armado de una mesa de diálogo donde se intentó 'seducir' al propietario con una promesa de compra o cosa parecida, situación que después no prosperó”. Cabe recordar que la toma comenzó en febrero de 2023, cuando un grupo de mujeres con dificultades para el acceso a la vivienda se asentó en el predio con unas pocas pertenencias. Con el paso del tiempo se fue incrementando la cantidad de familias que llegaron al macizo. Según el último relevamiento, ordenado por el poder Judicial y realizado por la comisaría Segunda, en este momento hay más de 144 familias viviendo en la toma. “No solo queremos resolver el problema de esa toma; nosotros queremos dar una señal, como la hemos dado a lo largo de todos estos años, de que el mecanismo de la toma no funciona”, aseguró Civalleri y se refirió al posible desalojo. “Obviamente lo haremos en el marco de respetar y de ayudar a las familias que en estos momentos están haciendo la ocupación”, adelantó. Y dijo que “esto, el Gobierno siempre lo ha hecho pero nosotros tenemos una responsabilidad trascendental como Gobierno, que es decirle a la comunidad de los tandilenses que nosotros nos vamos a manifestar siempre en contra de este tipo de situaciones”. Para terminar, remarcó que “no vamos a dejar nunca de asistir, como lo hemos hecho en cada momento, a las personas (que viven en el terreno) y sobre todo a los más vulnerables, como lo son los niños”.
Ver noticia original
 (1).jpg)
Examedia © 2024
Desarrollado por