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» Corrienteshoy
Fecha: 24/08/2024 01:09
«La sentencia del TSJ es un documento político que Maduro necesitaba para ocultar las actas electorales» Miguel Ángel Martín (Valencia, Venezuela, 1967) fue designado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela por un periodo de 12 años, que no pudo cumplir al ser perseguido por el Gobierno de Maduro, «que me inventó un juicio militar por no estar a favor de algunas políticas que estaba realizando el régimen». En 2017, «tras vivir varios meses en la clandestinidad», se vio obligado a dejar el país, y desde entonces vive exiliado en Washington. Durante los primeros años presidió el Tribunal Supremo de Justicia \'legítimo\' en el exilio , que aglutinó a un grupo de magistrados –designados para el TSJ por el Parlamento de mayoría opositora elegido en las urnas en 2015–, que corrieron su misma suerte. — ¿Es legítima la sentencia del TSJ que avala la victoria de Maduro en las elecciones del 28 de julio?—La Constitución venezolana, en su artículo 138, dice que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Esto significa que las competencias del TSJ están previstas en la Constitución y en la ley orgánica del TSJ, y al órgano que le corresponde realizar todo el proceso electoral, incluida la totalización de cada acta de escrutinio, así como el proceso de tres auditorías donde los partidos políticos y todos los candidatos pueden hacer un control y una verificación, son actuaciones exclusivamente del Consejo Nacional Electoral (CNE). Por lo tanto, que el TSJ pretenda, como órgano judicial, asumir competencias que le corresponden al órgano electoral, eso se llama usurpación de funciones. Y constitucionalmente, esa autoridad es nula, no tiene ningún valor jurídico. La sentencia del TSJ es un documento meramente político que Maduro necesita para seguir ocultando las actas de escrutinio y evitar que se haga la totalización y la verificación, como le exige la ley y le está pidiendo la comunidad internacional.— Usted también ha cuestionado el secretismo con el que el TSJ ha llevado a cabo el proceso...—No ha habido acceso al expediente por parte de los actores políticos ni de ningún venezolano; excepto la gente del régimen nadie ha tenido acceso al escrito que presentó Maduro. Los candidatos de los partidos políticos que fueron \'invitados\' a ir al TSJ no tuvieron acceso ni al expediente, ni a la demanda, ni tuvieron ningún control de las actuaciones judiciales. Ha sido un proceso basado en el secretismo. Lo inédito, además, es que siguen un proceso que no existe en la ley, que es un proceso de auditoria judicial con unos peritos que nadie sabe quiénes son.Noticia Relacionada estandar Si Caryslia Rodríguez, la magistrada leal a Maduro que legitimó el fraude Andrés Gerlotti Slusnys— ¿Cuál era el objetivo del TSJ al llamar a todos los candidatos, a los que pidió aportar toda documentación electoral de la que disponían?—El sistema de votación en Venezuela es totalmente automatizado por vía analógica (cable de teléfono) por lo que es imposible de \'hachear\' u obstaculizar. Cuando termina el proceso de votación la maquina emite una acta, que es revisada por los miembros de la mesa electoral, que la conforman representantes de cada uno de los partidos políticos. De esa acta se imprimen varias copias, una de ellas va a la junta de totalización del CNE para que haga toda la sumatoria, que es manual. El resto de las copias son entregadas a los partidos políticos que han intervenido. Esto permite a la oposición hacer su propia totalización, que publicó en un página web. Con esto quiero decir que la oposición tiene las mismas actas que tiene el CNE. Con este proceso judicial, una de las decisiones que tomaron estos pseudomagistrados es que todas las pruebas estén en resguardo en el TSJ. El propósito de esto es que no las vea la comunidad internacional. Y para evitar que se haga la verificación y el control de las actas de escrutinio y la totalización, que es un proceso que ha quedado pendiente. Han utilizado la vía judicial para tapar esa falla tremenda, que no es otra que ocultar la verdad de los resultados del 28 de julio. — La sentencia del TSJ menciona el delito de desacato contra Edmundo González, por no acudir a su \'invitación\'. ¿Esto abre la puerta a una persecución penal?—El ordenamiento jurídico venezolano dice claramente que en los recursos contencioso-electorales, que ellos tramitaron, no existe el delito de desacato; existe en materia de amparo constitucional cuando no se cumple con una orden constitucional en el marco de un proceso constitucional. Lo que se está pretendiendo hacer declarando un desacato de manera inoficiosa en el caso de Edmundo González es criminalizar este proceso, y enviarle al fiscal general de la República (Tarek William Saab) que ya prácticamente ha dicho que todos los opositores son culpables. — El TSJ también insiste en la investigación de un supuesto ataque cibernético el día de las elecciones...—Es imposible que se produjera un ataque cibernético porque la transmisión era analógica. Además, según la información a la que hemos tenido acceso de la misma junta de totalización del CNE, fueron ellos quienes apagaron la transmisión de las máquinas porque estaban recibiendo información del resultado en Caracas donde perdía de manera masiva Maduro, cuando pensaban que iban a ganar en barriadas donde les estaban dando una paliza. Entonces inventaron el ataque cibernético.— Maduro ha querido legitimar un fraude electoral utilizando un TSJ ilegítimo, elegido por el chavismo. Parece un círculo vicioso...—Es una continuidad de la ilegitimidad: Maduro es ilegítimo y la actuación de estos magistrados está dentro de esta ilegitimidad.Crimen organizado trasnacional Como magistrado, Miguel Ángel Martín dirigió una investigación sobre uno de los casos de corrupción más escandalosos en los últimos tiempos, por las contrataciones de la empresa Odebrecht; también ha trabajado junto con la secretaría general de la OEA en el desarrollo y ejecución de la normativa internacional «La Responsabilidad de Proteger (R2P)», logrando deslegitimar al gobierno de facto en Venezuela, y sosteniendo la tesis del vacío de poder y de democracia, todo para promover acciones para la apertura ante la Corte Penal Internacional, la CIDH y Tribunales de varios países, de los casos graves de violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y casos de crimen organizado trasnacional.— ¿Ahora, cuál sería el siguiente paso que podría dar la oposición? ¿Y la comunidad internacional?—Veo varios escenarios. Maduro y su régimen tratarán de vender ahora su sentencia convalidando los resultados del CNE, y tratando de cerrar ese capítulo para contrarrestar el rechazo pacífico que está demostrando la población y la comunidad internacional. Querrá ganar todo el tiempo posible de cara a que aparezcan otros frenes, como las elecciones legislativas del año próximo. Por otro lado, se mantendrá la resistencia ciudadana de manera selectiva, con acciones de calle en la que se refleje el descontento del pueblo al que le están robando su soberanía y no va a tirar la toalla. En cuanto a la comunidad internacional, esta tiene que entender que no son suficientes las declaraciones y pronunciamientos, tiene que entender que tiene que imponer un cerco diplomático, de sanciones a las personas que están cometiendo esta violación a la soberanía del pueblo venezolano.
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