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» La voz
Fecha: 23/08/2024 09:04
El nombramiento de la concejala cordobesa Soher El Sukaria como interventora de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo que el gobierno de Javier Milei planea cerrar, levantó polémica en el Congreso. La oposición advierte que la selección del titular le corresponde a una comisión bicameral que está inactiva, y reclaman constituirla. El Sukaria, del PRO, fue nombrada como titular interina de la Defensoría a través de la Resolución Conjunta 55/24, firmada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el pasado 13 de agosto. La dirigente ocupará así el lugar que dejó vacante la periodista Miriam Lewin (cuyo mandato venció el 24 de junio) y estará a cargo de realizar una auditoría patrimonial y funcional del organismo dentro de los próximos 180 días. Una vez concluida, tendrá 60 días más para elevar un informe final al Congreso. No obstante, el diputado cordobés Pablo Carro (Unión por la Patria) y el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, presentaron sendas notas a Menem para exigirle que constituya de manera urgente la Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las TICs y la Digitalización. Según el artículo 18 de la Ley de Medios, esa bicameral (que no se reúne desde mediados de 2021) es la que debe proponer al titular de la Defensoría para que, finalmente, los titulares de ambas cámaras refrenden la elección a través de una resolución conjunta. “(El Sukaria) festeja que Menem y Villarruel la pusieron a dedo, saltándose el reglamento que indica que es la bicameral la que designa. Más que auditar, quieren evitar el control parlamentario. Muy democráticos”, denunció Carro, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática. Por su parte, Pichetto consideró que “no existen motivos para no seguir los canales institucionales a efectos de propiciar la designación con carácter permanente y con arreglo a la ley”. En su disposición, Villarruel y Menem recuerdan que el último interventor, Rodrigo Rodríguez (por entonces funcionario de La Cámpora) también fue nombrado por resolución conjunta en marzo de 2020. Pero tres meses después, y en plena pandemia, la bicameral se reunió y eligió a Lewin como titular. “(El de Rodríguez) fue realmente un interinato”, aclara Pichetto. Por el contrario, el diputado advierte que El Sukaria, de acuerdo con los plazos previstos, no podrá terminar su tarea en menos de 240 días. Y además, hace otras dos observaciones: que la resolución no aclara que la designación es hasta tanto se conforme la bicameral y elija al presidente de la Defensoría; y que tampoco especifica que el trabajo es ad-honorem, con lo cual El Sukaria pasaría a cobrar un sueldo equivalente a un diputado. El pedido de intervención del organismo fue realizado por los diputados del PRO Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet, quienes denunciaron presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto y advirtieron que, por la falta de funcionamiento de la bicameral, la Defensoría lleva más de tres años “sin el debido control parlamentario”. Tres de esos legisladores (Giudici, Lombardi y Ajmechet) tienen presentado desde el año pasado un proyecto de ley para disolver la Defensoría. También lo acompañaron otros integrantes del PRO, como la cordobesa Laura Rodríguez Machado. “La designación efectuada parece fruto de un acuerdo político y no resulta producto de la deliberación en el seno de la comisión”, sentenció Pichetto en la misiva enviada a Menem.
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